Medioambiente
Todos los representantes del Gobierno en la Comisión Regional de Borde Costero votaron en contra de la creación de dos zonas de protección marítima (ECMPO), de modo que fueron rechazados. Gremios salmonicultores hicieron fuerte campaña ante el peligro de perder 300 concesiones acuícolas.
La Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Aysén rechazó este jueves una solicitud de espacios costeros de dos comunidades de pueblos originarios por más de 621 mil hectáreas en el marco de la Ley Lafkenche.
La votación fue respecto a dos Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) de la comunidad Mapuche Williche Pu Wapi de las islas de Cisnes y Huichas, tras un proceso de ocho años. La comisión está compuesta por una treintena de representantes del Ejecutivo (con un tercio de los votos), municipios, pescadores artesanales, el sector privado y pueblos originarios.
Gremios salmonicultores habían advertido que de otorgarse estas ECMPOs, se podían perder alrededor de 300 concesiones acuícolas, el 45% de las existentes en la Región de Aysén y el 25% de la capacidad productiva nacional en salmonicultura, arriesgándose más de 5 mil empleos directos.
De hecho, el gerente general de la salmonera Blumar, Gerardo Balbontín, había advertido que veía “con preocupación e incertidumbre esta decisión, ya que podría afectar hasta un 70% de nuestras concesiones en la Región de Aysén, donde trabajamos con 250 personas, fortaleciendo el desarrollo local de pymes y vinculados a las comunidades, con quienes impulsamos activamente proyectos de sostenibilidad”.
“Estamos convencidos de que la salmonicultura puede convivir con todos los usos del borde costero y marítimo, que es de todos los chilenos, especialmente de los ayseninos, y no solo de un grupo de 38 personas”, había asegurado.
En el caso de la ECMPO Cisnes, hubo 29 votos en contra, dos votos a favor y dos votos a favor de modificaciones. Votaron en contra todos los representantes del Ejecutivo, a los que se sumaron los alcaldes de la zona, los representantes de la Armada, los pescadores artesanales y los representantes de la industria salmonera.
Los argumentos fueron de índole técnica: superposición de áreas, áreas de tamaño excesivo, problemas en la fundamentación y afectación de otras normas, entre otros.
A favor votaron solo los dos representantes de los pueblos originarios, mientras a favor con modificaciones lo hicieron la representante del turismo y la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías.
En el caso de la ECMPO Cisnes, la votación se desarrolló de forma idéntica.
En ambos casos se abstuvo, por haber tenido vínculos con la industria salmonera, el seremi de Energía, Carlos Díaz.
Para Verónica Figueroa Huencho, académica mapuche y exsubsecretaria de Educación Superior, el hecho “sienta un mal precedente por varias razones”.
Primero, porque –a su juicio– una vez más se vulneran los derechos de los pueblos indígenas que no se sustentan solo en esta ley sino que responden a un marco internacional que fija el estándar. El propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluará el desempeño del Estado de Chile respecto del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, donde la Ley 20.249 se presenta como un aspecto crítico.
Segundo, porque en su opinión claramente hay un nudo crítico en términos administrativos que afecta el espíritu de la ley.
“Ocho años de tramitación ha tenido esta solicitud, cuando la ley señala doce meses. Una serie de entrampamientos que han servido para presionar a las comunidades solicitantes, incluso para amenazarlas, y donde se ha desplegado una agenda impresentable por parte de sectores económicos con intereses en la zona”.
En tercer lugar, señala, “esta decisión responde a una campaña brutal desatada por empresarios pesqueros, los que recordemos que han duplicado sus inversiones en la región desde que se promulgó la Ley Lafkenche”.
“El doble estándar en materia de derechos indígenas en Chile atraviesa todos los gobiernos, y así lo hemos visto en la votación del día de hoy en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Las comunidades han sido sumamente respetuosas con la institucionalidad, con sus procesos y procedimientos, pero finalmente terminan siendo vulneradas”, lamentó.
Al ser consultada sobre la campaña realizada por los salmoneros contra el proyecto de borde costero, la académica señaló que le pareció “impresentable”, junto al “nivel de desinformación pero también de ignorancia sobre la ley, actuando claramente de mala fe”.
“Argumentaron que estarían en peligro las concesiones actuales, la producción y el desarrollo de la región, que se entrega la propiedad a las comunidades. En la misma la Comisión Regional de Uso del Borde Costero algunos de sus integrantes dieron argumentos donde queda en evidencia que no conocen la ley y que sustentan sus decisiones en información errónea. No entienden las implicancias de la creación de un ECMPO y los instrumentos como los planes de administración, lo que implica”.
Añadió que “las comunidades han llamado al diálogo, a sentarse a la mesa, a llegar a acuerdos, pero se vieron enfrentadas a una campaña brutal en los medios de comunicación, utilizando todos sus recursos y redes, instalando un mensaje que, claramente, tuvo una decisión política en este rechazo. Naciones Unidas ha resaltado el rol de los ECMPO en la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas marinos, en la disminución de los impactos industriales, en la importancia del conocimiento indígena para conservar la biodiversidad. No hay voluntad política, no se quiere avanzar, pero insisto que aquí hay un marco internacional de los derechos de los pueblos indígenas”.
Finalmente, al ser consultada sobre si creía que este tema se haya tratado en la reunión de lobby que tuvieron los salmoneros con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el ministro de Economía, Nicolás Grau, en casa del lobbista Pablo Zalaquett, dijo que no podía opinar sobre supuestos.
“De ahí la importancia de la transparencia en una democracia, para resguardar la institucionalidad, sus bases y principios. Eso sí, los hechos son claros en una cosa: todos los representantes del Ejecutivo en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero votaron en contra del proyecto. Eso es una verdad, y muestra una posición política frente a un tema tan sensible como el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la legislación existente. Esta ley es producto del diálogo genuino, pero se intenta borrar con el codo para responder a intereses coyunturales”, concluyó.
También hubo decepción en el mundo ambientalista.
El director de política pública de Mission Blue, Max Bello, se manifestó “decepcionado”, aunque “para nada sorprendido de cómo la industria salmonera ha utilizado esto para levantar banderas que nunca han sido de ellos”.
“Hoy día reclaman que es un territorio demasiado grande el que se pide, el que no deja expectativas para otras actividades. Es netamente una proyección de la industria que ha hecho finalmente a la Región de Aysén y la Patagonia monopolizar y generando una vulnerabilidad gigantesca para las poblaciones, para la gente. Dado que una monopolización, como lo que vimos anteriormente en la crisis del virus ISA, no puede sino llevar a una crisis gigantesca, porque los primeros que se desligan son finalmente la industria”, advirtió.
“Hoy día no existe una diversificación, no existen posibilidades para la diversificación, no existen mayores posibilidades para la protección, para los pueblos originarios, para cualquier actividad turística, para otras actividades. No hay opciones y lo único que la industria quiere es seguir ampliando su impacto, el cual está más que estudiado y probado que es tremendamente nocivo para el sur de Chile, para Chile como todo y para el mundo, en una región que es altamente vulnerable e importante para todo el planeta”.
Esta petición se enmarcó dentro del protocolo establecido por ley para este tipo de asignación, como lo es la comprobación de que los espacios solicitados no se encuentran bajo administración de ningún privado y que las actividades a realizar sean prácticas costumbristas y ancestrales de las comunidades que lo solicitan.
Para la comunidades de Cisnes y Huichas, la solicitud representa la posibilidad de establecer una relación normada con todos los actores del mar: pescadores artesanales, habitantes, pueblos originarios, industria pesquera, acuícola y salmonera, rubro del turismo, etc.
Hasta ahora denuncian que, aun cuando las comunidades están rodeadas por la mitad de las concesiones de la industria salmonera, el éxito de la industria no ha llegado a la población, quienes aún no cuentan con alcantarillado ni agua potable, tienen mal servicio eléctrico y problemas de conectividad constante. Es más, las Islas Huichas –sostienen– cuentan hace menos de un año recién con un liceo.
La Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Aysén está integrada por el titular de la Gobernación Regional; el delegado presidencial regional, los delegados presidenciales provinciales de Aysén, General Carrera y Capitán Prat; los alcaldes de Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, O’Higgins, Río Ibáñez y Tortel; los seremis de Economía, Desarrollo Social, Vivienda, Transportes y Bienes Nacionales; un representante de la Armada, un representante de la Gobernación Marítima; los directores regionales de Obras Portuarias, Sernatur, Sernapesca y SEA; un representante Zonal de Pesca; dos representantes del CORE, dos representantes del sector acuícola; dos representantes del sector turístico; dos representantes del sector portuario y dos representantes de pueblos originarios.
