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Crédito: Agencia UNO
El Ejecutivo ingresó al TC un documento de 40 páginas con las observaciones solicitadas por la entidad, en el marco del proceso abierto por los requerimientos de Chile Vamos que pretenden que se declare inconstitucional el reglamento en materia de objeción de conciencia al aborto en tres causales. El diputado PS Leonardo Soto aseguró que en el documento el Gobierno “va en contra de sí mismo, al avalar la postura de los parlamentarios de Chile Vamos», y aseguró que en su respuesta “se evidencia la completa incongruencia e incoherencia de este Gobierno en materia de derechos sexuales y reproductivos de la mujer”.
El escrito que presentó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, a propósito de los requerimientos de parlamentarios de Chile Vamos que pretenden que se declare inconstitucional el reglamento de aborto que impide a los establecimientos privados que mantengan contratos con el Estado acogerse a la objeción de conciencia, desató fuertes críticas desde la oposición.
El diputado del PS Leonardo Soto cuestionó que «en la respuesta del Gobierno al Tribunal Constitucional se evidencia la completa incongruencia e incoherencia de este Gobierno en materia de derechos sexuales y reproductivos de la mujer”.
«Va en contra de sí mismo, avalando la postura de los parlamentarios de Chile Vamos», agregó Soto, según consigna La Tercera, quien además aseguró que el derecho constitucional citado apunta a personas naturales.
Una crítica similar expresó la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, quien dijo que «el Gobierno lo que tiene que hacer es respetar el derecho consagrado en la Constitución a la salud establecida».
«Un Gobierno que está representando la administración de un Estado, hoy día abre un debate político de algo que es técnico», planteó la dirigenta.
Cabe recordar que fue el viernes pasado cuando el Ejecutivo ingresó el documento de 40 páginas con las observaciones solicitadas por el TC al respecto. Ahí, el Gobierno defiende los cambios acerca de la libertad de conciencia que quiso introducir al protocolo redactado por el Gobierno de Bachelet y que fueron rechazadas por la Contraloría.
Además, el texto -firmado por el Presidente Sebastián Piñera y los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y de Salud, Emilio Santelices- argumenta que el reglamento finalmente dictado y publicado en el Diario Oficial «afectaría la objeción de conciencia, entendida como una expresión de la libertad de conciencia consagrada en la Constitución», específicamente en el artículo 19 inciso 6.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló que «el Gobierno hace un téngase presente, que es expresar la opinión del Gobierno sobre el acatamiento que tuvimos respecto al reglamento que presentamos en la Contraloría y lo que pensamos sobre esta materia».
«Ellos (los parlamentarios de Chile Vamos) tuvieron siempre una posición contraria a la forma cómo la Contraloría resolvió el problema, pero la diferencia está en que nosotros como Gobierno, aunque compartimos unos de estos puntos de vista, como lo hicimos ver, tenemos que acatar lo que dijo la Contraloría y así lo hicimos», añadió.
Otro flanco en este debate es la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la solicitud de la Bancada PS de inhabilitar a tres de sus integrantes.
Los parlamentarios buscaron impugnar a 3 ministros, por ser además, docentes de la Universidad Católica, institución que ha sido requirente y que impugnó el protocolo de objeción de conciencia en el aborto tres causales.
Para el diputado Juan Luis Castro (PS) manifestó que «el Tribunal Constitucional se desacredita permitiendo que los jueces que fallan no se inhabiliten, permitiendo que haya audiencias públicas sobre un tema tan sensible, donde ellos sí tuvieron que fallar en su momento».
«Sobre todo porque en la práctica se presta el Tribunal Constitucional para una suerte de carambola en que el gobierno hizo como que acataba la ley, lanzó un reglamento y ahora en la práctica lo retira y lo critica», recalcó el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.
