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EDITORIAL

La reputación de la Contraloría General de la República

por 3 abril, 2019

La reputación de la Contraloría General de la República
Es posible que las críticas al contralor Jorge Bermúdez sean certeras en señalar que pisó fuerte en demasiadas direcciones simultáneamente, no solo en los municipios sino también en materia de pensiones ilegales, permisos de construcción ilegales, corrupción en Carabineros, además de otros temas, y que no previó que su actuación podía encerrar a la Contraloría en una ciudadela técnico-política asediada por los que buscan excusas en una atmósfera viciada de corrupción, como la que está viviendo el país, pero es un alivio saber que no es un negociador de impunidades, sino alguien imbuido en un concepto de deber y que lo que está haciendo, lejos de comprometer a la Contraloría, deja el camino abierto para que se siga consolidando su buena reputación.
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Preocupa la virulencia de los ataques de la UDI a la integridad, funcionamiento y reputación de la Contraloría General de la República. No obstante las inconsistencias metodológicas detectadas en los informes de algunas auditorías a ciertas municipalidades, es impropio que un partido oficialista, con un importante contingente de ex autoridades públicas de sus filas indagadas por la justicia o imputadas por anomalías administrativas, intente minar la consistencia de una institucionalidad de control y fiscalización, cuya funcionalidad se ancla en la fundación misma de la República.

Es esencial en un Estado moderno que exista un control estricto y efectivo sobre la administración y ejecución financiera del mismo; un sistema de cuentas públicas y que su fiscalización y control se basen en una actividad sistemática y permanente, llevada adelante por entes autónomos del poder político, especialmente independientes del Poder Ejecutivo, y cuyo perfeccionamiento funcional debe ser un objetivo de todos los días en la administración estatal.

Esa fue una de las razones principales de contratar las llamadas Misiones Kemmerer (1925 y 1931), la primera por Arturo Alessandri Palma, luego de la larga crisis del semiparlamentarismo, para dar forma fiscal moderna al Estado de Chile.

Ese afianzamiento institucional pudo operar gracias a la existencia previa de una vasta doctrina de carácter administrativista, impulsada fundamentalmente a través del Tribunal de Cuentas –antecesor de la Contraloría–, por el humanista y político Valentín Letelier Madariaga, quien entre 1891 y 1919 fue fiscal de ese organismo, además de rector de la Universidad de Chile y profesor de Derecho Administrativo en la Escuela de Derecho de esa casa de estudios.

La recuperación de los municipios como un territorio de administración política con legitimidad democrática, recargado además de funciones de ornato, aseo, salud y educación, además de los que le son naturales, ha implicado en las últimas décadas uno de sus principales recargos de trabajo. Y es precisamente en este ámbito donde se centran hoy las críticas de la oficialista UDI, al sostener una especie de persecución política, especialmente por los resultados de la fiscalización hecha a la municipalidad de Viña del Mar, donde se detectó un desajuste de caja de 17 mil millones, y que la alcaldesa Virginia Reginato (UDI) reconoce en una cifra cercana a los 5 mil millones.

De estas influencias es posible advertir dos rasgos esenciales del Chile moderno: la fiscalización y control de la hacienda pública, con un registro lo más detallado posible de la ejecución presupuestaria y de la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos; y el principio de la legalidad como regla en las actuaciones de las autoridades.

La consolidación de la Contraloría ha dado paso, en las últimas dos décadas, a la constatación de que ella ha ido quedando rezagada, tanto en sus recursos para absorber la complejidad de los cambios en la administración del Estado, como en sus propios reglamentos y procedimientos internos. Así, es menester a estas alturas revisar y modernizar el contenido de su ley orgánica, pero sin depreciar el valioso intangible que significa un consenso acerca de su importancia como control y registro de la administración del país.

La recuperación de los municipios como un territorio de administración política con legitimidad democrática, recargado además de funciones de ornato, aseo, salud y educación, además de los que le son naturales, ha implicado en las últimas décadas uno de sus principales recargos de trabajo. Y es precisamente en este ámbito donde se centran hoy las críticas de la oficialista UDI, al sostener una especie de persecución política, especialmente por los resultados de la fiscalización hecha a la municipalidad de Viña del Mar, donde se detectó un desajuste de caja de 17 mil millones, y que la alcaldesa Virginia Reginato (UDI) reconoce en una cifra cercana a los 5 mil millones.

Más allá de que el cálculo de la cifra pudiera eventualmente contener errores metodológicos, el  desajuste financiero de Viña del Mar no se niega, solo se observa su monto, sin presentar mayores antecedentes que justifiquen los 5 mil o los 17 mil millones de pesos de dinero faltante.

Como bien lo sabe la senadora Van Rysselberghe, presidenta de la UDI y que fuera alcaldesa de Concepción, el control de las municipalidades y sus servicios es tremendamente complejo. Recién a partir de marzo de 1999 quedó establecido que la Contraloría podía fiscalizar a las Corporaciones Municipales de Desarrollo que administran salud y educación, traspasadas a los municipios, a pesar de que tenían estatuto de personas jurídicas de derecho privado. Pero la mayoría no las tiene y las fiscalizaciones a la salud y la educación –con toda la ejecución de microgasto comunitario o de mantención que conllevan, fuera de programas especiales– deben hacerse bajo los mismos parámetros que se usan para todos los municipios, aunque la información disponible sea muchas veces inexistente o caótica.

Es posible que las críticas al contralor Bermúdez sean certeras en señalar que pisó fuerte en demasiadas direcciones simultáneamente, no solo en los municipios sino también en materia de pensiones ilegales, permisos de construcción ilegales, corrupción en Carabineros, además de otros temas, y que no previó que su actuación podía encerrar a la Contraloría en una ciudadela técnico-política asediada por los que buscan excusas en una atmósfera viciada de corrupción, como la que está viviendo el país, pero es un alivio saber que no es un negociador de impunidades, sino alguien imbuido en un concepto de deber y que lo que está haciendo, lejos de comprometer a la Contraloría, deja el camino abierto para que se siga consolidando su buena reputación, y para la modernización responsable, transparente y por el bien de la República, que deseen hacer los responsables políticos del Estado. Tal como lo quería don Valentín Letelier.

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