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Ardió Troya: la criticada visita de la senadora Van Rysselberghe a alcalde de Rancagua

por 20 mayo, 2019

Ardió Troya: la criticada visita de la senadora Van Rysselberghe a alcalde de Rancagua
Este tipo de movimientos parecen ser las piezas de un complejo puzle que ha concluido con la solicitud que hará el Ministerio Público ante el Tribunal de Garantía, que dejará sin efecto la formalización y que seguramente será acogida –si el ente persecutor no quiere investigar, ¿quién lo va a hacer entonces?–. Esto evidenciará, una vez más, que en Chile hay dos justicias, situación que se ha profundizado desde que asumió el fiscal Abbott y pronunció aquella famosa frase de que hay que “cuidar el funcionamiento del Congreso Nacional”, a raíz de los delitos transversales por los que varios parlamentarios estaban siendo investigados. Algo así como cuidar a los poderosos, sellando de esta forma el pacto por la impunidad.
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El jueves 16 de mayo, la presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, hizo una visita relámpago a Rancagua que sorprendió a moros y cristianos y que ni siquiera fue conocida por el gremialismo local. La visita no fue solo para apostar por la inocencia del controvertido alcalde Eduardo Soto, sino también para proclamarlo como su candidato a la reelección.

Ardió Troya en el Facebook de la colectividad regional, donde aparecieron mensajes como: “Me parece de suma gravedad que nuestra directiva no nos haya informado de este apoyo, ya que en lo personal no me representará nunca. Por lo demás, el alcalde ni siquiera es militante”.

No solo a los integrantes UDI les pareció inverosímil la visita, sino también al resto de la opinión pública, dado el hecho de que el alcalde de la capital regional debía ser formalizado el próximo viernes 24 de mayo.

Pero el día viernes 17, La Tercera, informa que el sorpresivo arribo de la mandamás de la UDI no fue “una devuelta de manos a Soto” (El Tipógrafo) por el apoyo en la interna gremialista que significó que Macaya hubiese perdido la elección en su propia región, sino que la senadora con sus declaraciones afirmando la inocencia del jefe comunal, parecía que ya estaba informada de lo que ocurriría al día siguiente cuando, a través de este medio, se tomó conocimiento de que el Ministerio Público pediría, el próximo 24, al tribunal de Garantía local, que dejara sin efecto la formalización del alcalde de Rancagua.

De otra manera no se explica el repentino respaldo al cuestionado jefe de la comuna y luego de haber hecho todo un show mediático el día miércoles anterior, cuestionando al alcalde Jadue de Recoleta por casi nada. La visita no fue una apuesta al vacío de la senadora UDI, sino que, por como se desencadenaron luego los hechos, pareciera que estuvo fríamente calculada y fue la previa de lo que ocurriría el 17 de mayo a través de la vocera de la Fiscalía Sur.

La antesala de la decisión del Ministerio Público

El mismo viernes 18, la web del Ministerio Público difundía las diversas reuniones entre el persecutor a cargo de la Fiscalía Metropolitana Sur, donde el fiscal Abbott había radicado la causa luego del escándalo de los fiscales Arias y Moya, y el ministro del Interior Andrés Chadwick, en el contexto de la seguridad de los fiscales y las bombas puestas en la Región Metropolitana. La nota de la sala de prensa señalaba que, también, en las reuniones “se habían abordado otros temas”.

Los que conocemos la región sabemos la cercanía del alcalde de Rancagua con el actual titular de la cartera del Interior, desde cuando este era senador y Eduardo Soto administraba la sede parlamentaria de la UDI, a la vez que disponía del uso personal de las chequeras tanto del legislador gremialista como del entonces diputado García-Huidobro. De hecho, Eduardo Soto es un hijo político del actual jefe de gabinete de La Moneda.

El resto de la opinión pública ya conoce los mensajes de WhatsApp que se enviaban ambos.

Cualquiera podría suponer que, tal vez, en esas reuniones se podría haber abordado la situación judicial de uno de los brazos derechos del inquilino principal de La Moneda, en particular cuando, luego de ellas, la vocera de la Fiscalía Sur hace el controvertido anuncio.

En ese escenario las reuniones de coordinación, la cercanía del nuevo secretario del Senado con el titular del Interior, la sorpresiva visita de la presidenta gremialista a la región para dar fe de la inocencia del alcalde rancagüino y solicitar su repostulación justo un día antes de que la vocera de la Fiscalía Sur, Sandra Reveco, señalara al medio nacional que pedirán dejar sin efecto la formalización del señalado jefe comunal, parecen piezas de un complejo puzle.

Tampoco está de más señalar que el fiscal Guzmán pronto dejará su cargo para asumir como nuevo secretario del Senado, donde, pese a los cuestionamientos que hubo en su oportunidad, recibió, con la sola excepción del senador Chahuán, el respaldo de los senadores oficialistas de la UDI y RN, quienes se cuadraron completamente con su nominación para ese cargo, lo que gatilló un amplio cuestionamiento público, dada su función en la Fiscalía Sur, dudas que se confirman con la decisión que acaba de difundir dicho ente persecutor y que aumenta las sospechas sobre el actuar del Ministerio Público.

Todos estos movimientos, pareciera, son las piezas de un complejo puzle que ha concluido con la solicitud que hará el Ministerio Público ante el tribunal de Garantía, que dejará sin efecto la formalización y que seguramente será acogida –si el ente persecutor no quiere investigar, ¿quién lo va a hacer entonces?–. Esto evidenciará, una vez más, que en Chile hay dos justicias, situación que se ha profundizado desde que asumió el fiscal Abbott y pronunció aquella famosa frase de que hay que “cuidar el funcionamiento del Congreso Nacional”, a raíz de los delitos transversales por los que varios parlamentarios estaban siendo investigados. Algo así como cuidar a los poderosos, sellando de esta forma el pacto por la impunidad.

Prueba de que en Chile hay dos justicias: una para la gente con poder y dinero, y otra para el pueblo llano.

La UDI regional resuelve el puzzle

En un escenario sin Soto formalizado pero fuera de carrera, como precio por su salida judicial, con Raimundo Agliati convertido en el candidato a la alcaldía de Rancagua del diputado Javier Macaya, hoy por hoy el político más poderoso de la región; con Pamela Jadell, actual concejala y hasta hace poco aspirante al sillón municipal, como candidata a diputada; y el actual legislador UDI como la carta senatorial del gremialismo, se despeja el complejo escenario que tenía el conglomerado oficialista hasta antes que la vocera de la Fiscalía Sur emitiera la declaración a La Tercera y que tenía sumergido al gremialismo local en una verdadera guerra civil.

Seguramente la proclamación de Soto ayer por boca de la actual presidenta UDI, es solo el berrinche por haber quedado fuera del acuerdo gremialista del actual alcalde o el precio político por su salvataje.

Y las cosas en Chile, y en especial el Ministerio Público, continuarán como están: una justicia para los poderosos –narcos, delincuentes de cuello y corbata, empresarios y políticos– y otra para el ciudadano de a pie.

Con ello, el Gobierno y el Ministerio Público pierden una magnífica oportunidad para haber limpiado la corrupción y las redes transversales de protección a poderosos que se incubaron durante la transición y que han hecho que los rancagüinos y las rancagüinas seamos caricaturizados como “la ciudad desastre” o “la capital de la corrupción”.

Con decisiones como las que acaba de enunciar la vocera de la Fiscalía Sur se profundiza, como diría Alberto Mayol, el derrumbe de las instituciones y sus protagonistas no cesan en su esfuerzo por apurar ese proceso.

Que nadie se queje luego.

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