EDITORIAL
implícitos graves: el reconocimiento de que las policías han fallado en su tarea y, segundo, que el país estaría entrando en una etapa en que se vivirá de jure en un Estado de Derecho, pero de facto en un Estado de excepción.
No es una buena decisión la del Presidente de la República Sebastián Piñera de involucrar directamente a las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico en la frontera norte del país.
Además de la duda más que razonable sobre la concurrencia de un vicio de inconstitucionalidad que tendría el Decreto firmado el martes pasado, su anuncio busca principalmente un efecto comunicacional, en medio de la ceremonia de Juramento a la Bandera del Ejército, institución que se encuentra envuelta en una severa crisis de probidad de algunos de sus altos mandos, tanto activos como en retiro, y que ha involucrado incluso al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema en una larvada querella de competencias y la amenaza de una crisis mayor del Estado.
Si lo que pretendió el Presidente fue dar una señal de confianza al Ejército, no podría haber elegido un peor tema y peor momento para hacerlo. No solo por la mencionada crisis de la institución, como por el hecho que mezcló la actual crisis migratoria en la frontera norte con el narcotráfico, y ambos problemas con la política militar del Gobierno. Todo, sin traza alguna de haber hecho antes un análisis intersectorial ni haber pensado una vocería gubernamental coherente, creíble y sin frases dramáticas.
Pues lo único dramático es el estado de falencia de Carabineros y del Ejército, en un momento de demanda aumentada de seguridad. Una prueba más que el gobierno improvisa y lesiona tanto su propia imagen como la del país.
[cita tipo=»destaque»]La corrupción de altos niveles militares en México llegó al punto en el pasado de que el oficial de más alto rango en la lucha contra el narcotráfico, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, era asalariado de Amado Carrillo Fuentes, el señor de Los Cielos y del Cartel de Juárez. Nada garantiza hoy en Chile que no pudiera producirse la tentación del dinero para algunos militares. De hecho, la experiencia de la Comandancia en Jefe del Ejército en algunos de los últimos mandos, el llamado Milico Gate o el denominado Paco gate en Carabineros, y el fraude de fondos institucionales, hablan de la existencia de mecanismos u organizaciones rutinarias y estables de desfalco de dineros fiscales.[/cita]
Los argumentos esgrimidos para hacer lo que se hizo parecen no solo obvios sino absolutamente del ámbito del Ministerio del Interior, pues son de orden y seguridad interior, y no de asuntos militares. El primer argumento es el consumo de drogas, especialmente en niños y adolescentes, con una mención al Plan Elige Vivir sin Drogas. el segundo, es la “producción de cocaína y otras drogas en países como Perú y Bolivia y Colombia” con “niveles record”, drogas que usan a “Chile como país de tránsito o de consumo final”. El tercero, es que “la incautación de drogas en Chile (…) sigue siendo sustancial y exige una mejor protección de nuestras fronteras”. Y cuarto, “nuestra frontera norte, tanto marítima como terrestre, por su extensión, pasos no habilitados y características geográficas (SIC), es muy vulnerable al narcotráfico y crimen organizado (…), a lo que se “suma el (…) contrabando de cigarrillos y de autos robados”.
Sin considerar el momento de debilidad de la Inteligencia y la Contrainteligencia del país por las crisis de probidad de Carabineros y del Ejército, se puede contra argumentar múltiples razones a lo expuesto por el Presidente. Sobre todo a base de experiencia reales negativas derivadas de vincular operativamente a las FF.AA al control y represión del narcotráfico. El caso de México es un ejemplo a considerar.
El primer efecto fue aumentar el número de deserciones de personal con formación militar que pasaron a servir al narcotráfico. Mayormente desde capitanes hacia abajo, algunos de muy alta preparación profesional. De hecho, el famoso grupo de los Zetas ha estado compuesto por muchos ex soldados de los grupos Aeromóvil y Anfibio de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, muchos entrenados en Estados Unidos y con dominio de equipos sofisticados de comunicación, sistemas de armas modernos y conocimientos de estrategias de inteligencia y disuasión.
La inclusión de militares aumentó la violencia y letalidad de los enfrentamientos entre pandillas y de éstas con los agentes de los servicios del Estado. Es decir, un cambio cualitativo en la organización de la violencia criminal, pasando a constituir un foco importante de amedrentamiento político en el país y de violaciones de derechos humanos.
Se debe considerar, además, la ausencia de formación y doctrina en las Fuerzas Armadas para enfrentar problemas criminales que se desarrollan en ámbitos sociales densos en materia de población, como barrios enteros, periferia de ciudades, control policial de fronteras. La propensión al uso de las armas es natural en la formación militar y se descontrola rápidamente, generando las más de las veces víctimas inocentes en la población civil y daños colaterales en la propiedad y los espacios públicos.
La corrupción de altos niveles militares en México llegó al punto en el pasado de que el oficial de más alto rango en la lucha contra el narcotráfico, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, era asalariado de Amado Carrillo Fuentes, el señor de Los Cielos y del Cartel de Juárez. Nada garantiza hoy en Chile que no pudiera producirse la tentación del dinero para algunos militares. De hecho, la experiencia de la Comandancia en Jefe del Ejército en algunos de los últimos mandos, el llamado Milico Gate o el denominado Paco gate en Carabineros, y el fraude de fondos institucionales, hablan de la existencia de mecanismos u organizaciones rutinarias y estables de desfalco de dineros fiscales.
El control de nuestra frontera norte ha sido ineficiente, en muchas esferas que aún son posibles de corregir (mucho antes de caer en una medida “desesperada” y equivocada como la anunciada por el Presidente), especialmente en ámbitos de relaciones binacionales y de cuestiones propiamente fronterizas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la circulación de inversiones difusas o de origen indeterminado, que traen aparejados impactos sobre intereses nacionales, como suele ocurrir con los transportes, la integración física, la minería o los flujos comerciales amplios.
De ahí que la decisión Presidencial, más allá de necesarios mecanismos legales de coordinación y apoyo de seguridad y más allá que en materia de puertos y litoral la Dirección de Territorio Marítimo de la Armada ya cumple amplias funciones, no solo es errónea sino que ya ha sido descartada con anterioridad, incluso desde las propias FF.AA., y pese a las presiones norteamericanas sobre la materia.
La reconversión profesional de los militares a policías que sugiere lo actuado por el Presidente, lleva dos implícitos graves: el reconocimiento de que las policías han fallado en su tarea y, segundo, que el país estaría entrando en una etapa en que se vivirá de jure en un Estado de Derecho, pero de facto en un Estado de excepción. Muy grave!
