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El combate clasista de la delincuencia y el show mediático

por 22 agosto, 2019

El combate clasista de la delincuencia y el show mediático
Los alcaldes del sector poniente hemos venido señalando, desde hace muchos meses, que existe discriminación en el trato a los habitantes de estas comunas, en relación con los de las zonas de mayores ingresos, léase Las Condes, Vitacura, Providencia y otras alcaldías del sector oriente de la capital. Las estadísticas demuestran que los delitos de mayor connotación van en aumento en los barrios y poblaciones del poniente, mientras que en los sectores más acomodados están a la baja. A la vista de tamaña incongruencia, parece poco razonable seguir insistiendo en agrandar esta brecha de desigualdad que tanto daño le hace al país.
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Hace unos días, fuimos testigos de un acto estatal de discriminación y sesgo político por parte del Gobierno, que ha llamado la atención de la ciudadanía, por la diferencia de unos habitantes respecto de otros en el tratamiento policial y político ante delitos graves como el ocurrido en Puente Alto (con un saldo de 5 muertos), frente a los que ocurren en las comunas del sector oriente de Santiago.

Considerando que la delincuencia ha batido todos los récords de ocurrencia el último año, llaman la atención las diferencias de despliegue policial, atención gubernamental, gestión y tratamiento de los medios de comunicación, según se trate de delitos en el sector oriente o de los que ocurren en el sector poniente de la ciudad.

A partir de lo sucedido en Puente Alto, todo se ha vuelto confuso. Un alcalde oficialista alegando “clasismo” en la toma de decisiones y un alcalde, también oficialista, pero con un abultado patrimonio municipal, atrayendo a su propio molino las políticas gubernamentales que, a ratos descarnadamente, evidencian una falta de sentido común que alarma, por la potencialidad negativa que irradian hacia la ciudadanía.

Y todo esto, a pesar de que los municipios cuentan con herramientas jurídicas para situar el tema en la categoría de máxima importancia, como por ejemplo la facultad para nombrar un director de seguridad pública o la obligación de aprobar localmente planes específicos de seguridad ciudadana, lo que, pese a la buena voluntad, se convierte en letra muerta por falta de presupuesto y carencia de recursos adicionales. De hecho, estas alcaldías se ven constantemente presionadas y sometidas a la inopia por la limitación histórica de sus cajas de pobreza, realidad transversal que azota a la mayoría de los municipios del país, sin distinción de signos políticos o ideológicos.

Un enfoque razonablemente objetivo nos demuestra que es un secreto a voces que para el Gobierno lo verdaderamente importante, en materia de seguridad ciudadana, son las campañas comunicacionales y los efectos de prensa, que marcan mañosamente la pauta diaria de la delincuencia, dejando a la improvisación lo verdaderamente útil para enfrentar dicho flagelo de la delincuencia y el crimen organizado.

Los alcaldes del sector poniente hemos venido señalando, desde hace muchos meses, que existe discriminación en el trato a los habitantes de estas comunas, en relación con los de las zonas de mayores ingresos, léase Las Condes, Vitacura, Providencia y otras alcaldías del sector oriente de la capital. Las estadísticas demuestran que los delitos de mayor connotación van en aumento en los barrios y poblaciones del poniente, mientras que en los sectores más acomodados están a la baja. A la vista de tamaña incongruencia, parece poco razonable seguir insistiendo en agrandar esta brecha de desigualdad que tanto daño le hace al país.

Algunos datos que explican esta desigualdad están a la vista, como por ejemplo la cantidad de carabineros por habitante o el equipamiento que las distintas comisarías tienen para sacar adelante sus planes de seguridad. En el sector oriente hay, en promedio, 2 carabineros por cada mil habitantes, mientras que en el poniente se cuenta solo 1 por cada mil.

También es relevante la información que indica que el sector oriente ha sido favorecido profusamente con vehículos nuevos y mejor equipamiento policial durante el año 2018, acentuando la discriminación entre ricos y pobres y, de paso, confirmando el carácter injusto de una sociedad de privilegios. Una realidad que, sin duda, desborda el principio de igualdad ante la ley y desajusta la convivencia y el sentido de país, porque un buen servicio de seguridad es una legítima aspiración de todos los chilenos que no quieren ser víctimas, ni por asomo, de políticas gubernamentales con una fuerte carga de intencionalidad política.

Quiero recordar que los municipios tienen la responsabilidad territorial sobre diversos temas comunales, entre los que precisamente no aparece la seguridad ciudadana, la que constitucionalmente está entregada a las policías, particularmente a Carabineros, una de las instituciones que, a pesar de todos sus esfuerzos, ha sido incapaz de aminorar la sensación de miedo que inunda a las comunas del poniente de Santiago. Menos, para disminuir la percepción de inseguridad entre sus habitantes.

Y todo esto, a pesar que los municipios cuentan con herramientas jurídicas para situar el tema en la categoría de máxima importancia, como por ejemplo la facultad para nombrar un director de seguridad pública o, la obligación de aprobar localmente planes específicos de seguridad ciudadana, lo que a pesar de la buena voluntad, se convierte en letra muerta por falta de presupuesto y carencia de recursos adicionales. De hecho, estas alcaldías se ven constantemente presionadas y sometidas a la inopia por la limitación histórica de sus cajas de pobreza, realidad transversal que azota a la mayoría de los municipios del país, sin distinción de signos políticos o ideológicos.

A modo de reflexión, no es malo recordar que durante el Gobierno de la ex-Presidenta Michelle Bachelet se destinaron cuantiosos recursos para atender la prevención, privilegiando el trabajo comunitario de los municipios, una mirada que lamentablemente quedó inconclusa producto del cambio de administración central y de la inexistencia de acuerdos de continuidad a nivel constitucional.

La explicación oficial del por qué se ha desatendido la inyección de recursos para la tarea comunitaria y preventiva, se argumenta con el mal comportamiento de los municipios a la hora de rendir cuentas de dichos fondos. Al respecto, cabe preguntarse si una buena política pública puede desecharse por falta de control de las instituciones que tienen la responsabilidad de resguardar los recursos públicos.

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