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Un intento de difamación a Amnistía Internacional

por 25 noviembre, 2019

Un intento de difamación a Amnistía Internacional
Es necesario que las instituciones que poseen un lugar de enunciación dotado de mayor ascendiente, alcance y capacidad autoritativa, extremen los cuidados al momento de divulgar información de interés público. Recuerdo esto para llamar la atención sobre la grave intervención que el domingo 24 de noviembre realizó en un canal de televisión la investigadora del CEP Sylvia Eyzaguirre, con la finalidad de cuestionar la “neutralidad y objetividad” del informe de Amnistía Internacional (AI) que acreditó gravísimas violaciones de los Derechos Humanos desde el 18 de octubre pasado.
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Vivimos en la era de la posverdad y las fake news, como categorías novedosas que reinterpretan viejas palabras como “mentira” y “noticias falsas” para adecuarlas a un contexto de tecnología masiva e inmediata de la comunicación.

En este marco es fácil que las personas divulguen información que desvirtúe las características básicas de un debate intersubjetivo de calidad. Recordemos que, según el filósofo alemán Jürgen Habermas, las tres condiciones de validez que exige la acción comunicativa, más allá de la inteligibilidad recíproca, son la verdad, veracidad y rectitud normativa. Ajustarse a esos criterios es una demanda fundamental para cualquier voz que busque incidir en la discusión democrática.

Actualmente la práctica política tiende a traspasar e infringir estas exigencias de forma permanente, imbuida de una racionalidad estratégica, orientada a fines, que relativiza estas dimensiones. Y las redes sociales poseen una impersonal capacidad para expresar lo más inverosímil e irresponsable desde un anonimato y distancia que agudizan esta situación.

Por este motivo es necesario que las instituciones que poseen un lugar de enunciación dotado de mayor ascendiente, alcance y capacidad autoritativa, extremen los cuidados al momento de divulgar información de interés público.

Recuerdo esto para llamar la atención sobre la grave intervención que el domingo 24 de noviembre realizó en Canal 13 la investigadora del CEP Sylvia Eyzaguirre, con la finalidad de cuestionar la “neutralidad y objetividad” del informe de Amnistía Internacional (AI) que acreditó gravísimas violaciones de los Derechos Humanos desde el 18 de octubre pasado.

A fin de sostener su tesis, Eyzaguirre afirmó que AI rechazó el acuerdo por una Nueva Constitución, ya que habría firmado una declaración de una coalición de organizaciones llamada Unidad Social.

Aunque esa información ya había sido desmentida explícitamente el viernes (la membresía en Unidad Social cabía al sindicato de esta institución) y el informe preliminar de AI es de conocimiento público desde el jueves, y en forma explícita valora el Acuerdo Constitucional en tanto permite “impulsar una Nueva Constitución que promueva todos los derechos humanos”, la investigadora del CEP realizó estos juicios en televisión abierta sin la menor ponderación de sus efectos. Más aún, desmentida por AI luego de esta intervención televisiva, Eyzaguirre no reconoció el error cometido, sino que reafirmó sus comentarios.

No cabe entrar en esta casuística sino a modo ejemplificador. El CEP se ha convertido en una institución de referencia en materias de interés público en las últimas décadas. Este lugar de privilegio se condice con el generoso presupuesto al que accede de fuentes privadas y los privilegiados contactos que le abre su selecto directorio. De esta enorme influencia, apalancada en estos factores, cabría esperar de una manera coincidente una extrema responsabilidad.

La libertad de pensamiento y opinión que esta institución posee, y que no cabe cuestionar, se debería ejercer asumiendo la extrema desigualdad e inequidad en la cual se ejerce la libertad de expresión en nuestro país. No asumir los errores, e incluso tratar de justificarlos, habla de una enorme deshonestidad intelectual, que trasluce una voluntad de imposibilitar los acuerdos básicos que nuestra sociedad demanda de modo urgente, en tiempos de crispación exacerbada.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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