Opinión
Efectivamente, no han podido acceder a la administración del 6% adicional, pero lo cierto es que realmente nunca tuvieron la chance real de hacerlo, habida consideración de su alto nivel de descrédito y rechazo en la sociedad. En realidad, ya mantener el 10% que aún administran es bastante premio. Más bien, a estas alturas, deberían hacer el menor ruido posible. La están sacando barata, porque el resto de las modificaciones anunciadas por el Gobierno no tendrán impacto significativo allí donde podría dolerles, es decir, en sus grandes utilidades.
A estas alturas del debate previsional, conocidas ya las propuestas del Gobierno y de la oposición, queda claro que el sistema de AFP -creado por el DL 3.500 de 1981- quedará incólume en su esencia. A lo más, recibirá un par de rayones.
Subyace la duda respecto a si esta intocabilidad del sistema obedece a una postura inflexible, dogmáticas e ideologizada de las actuales autoridades en la materia- particularmente la ministra del Trabajo – o, si efectivamente existe un acuerdo tácito o explícito entre el Gobierno y las AFP. O ambas. Uno que consistiría en lo esencial, en no afectar el negocio de las administradoras como compensación al impedimento para que éstas accedan a la administración del aporte adicional de cargo patronal que, de acuerdo a lo conocido actualmente, será de un 6%, un porcentaje en que han coincidido ambas propuestas.
Cabe señalar que este impedimento se da muy a pesar del Gobierno y más que nada, influido por el alto rechazo que genera actualmente el sistema de AFP y por la presión ejercida por movimientos como NO + AFP y las movilizaciones sociales en general. No hay duda que si fuera por La Moneda, las administradoras habrían entrado en el negocio del aporte adicional. Las AFP hicieron una fuerte campaña de lobby y comunicacional, ésta última en muchos casos dirigida personalmente a sus cotizantes, para acceder a la administración del incremento.
[cita tipo=»destaque»]La oposición se queja ácidamente de lo poco que incursiona la propuesta de Sebastián Piñera en el tema más de fondo, la subsistencia del esquema de capitalización individual como eje central del sistema previsional chileno. De hecho, la propuesta gubernamental implica que solo un 19% de un futuro sistema estaría constituido por reparto y un 81% por capitalización individual. El caso, es que la misma oposición contribuyó a ello al conceder iniciar las negociaciones en la materia aceptando, tácitamente, que ése sería el contexto. De forma tal que ahora es tarde para quejas y lamentos.[/cita]
Es importante tener presente que, a la fecha, lo único que se ha conseguido en materia de pensiones, gracias exclusivamente a las movilizaciones sociales de los últimos tres meses, son dos cosas: un incremento escalonado en el tiempo en las llamadas pensiones básicas solidarias -que en rigor no son pensiones, sino un subsidio, una transferencia o un bono- y en el aporte previsional solidario, que reciben algunos pensionados bajo las normas del DL 3.500. Este último es de monto muy marginal y en promedio se sitúa en torno a los $70 mil pesos, incremento incluido. Pero un porcentaje importante de pensionados recibe como aporte previsional solidario en torno a $20 mil a $30 mil pesos mensuales, mejoramiento incluido. Y otro porcentaje no menor, recibe cero.
Las eventuales mejoras en el llamado pilar contributivo- es decir la parte de la pensión que es autofinanciada – deberán discutirse ahora, a la luz de lo ofrecido por el Gobierno, un incremento de UF 2 a UF2,5 según género. Algo así como $56 mil y $70 mil mensual.
Lo que viene seguramente se centrará en la distribución del 6% entre capitalización individual y reparto. Lo más probable es que se llegue a un acuerdo que consista en incrementar un punto porcentual más la parte destinada a reparto. No hay mucho margen para más, por cuanto el 6% total ya aparece como inamovible.
La oposición se queja ácidamente de lo poco que incursiona la propuesta de Sebastián Piñera en el tema más de fondo, la subsistencia del esquema de capitalización individual como eje central del sistema previsional chileno. De hecho, la propuesta gubernamental implica que solo un 19% de un futuro sistema estaría constituido por reparto y un 81% por capitalización individual. El caso, es que la misma oposición contribuyó a ello al conceder iniciar las negociaciones en la materia aceptando, tácitamente, que ése sería el contexto. De forma tal que ahora es tarde para quejas y lamentos.
El Gobierno ha desestimado, una vez más, mejorar las pensiones autofinanciadas por dos de las vías que mayor efecto podría haber tenido en el monto de las pensiones: ajustar la tasa de retiro programado a valores más cercanos a las rentabilidades de los fondos de pensiones en el último año y, ajustar las tablas de mortalidad con que se calculan las pensiones a valores más ajustados a la edad efectiva en que fallece la gran mayoría de los pensionados. Se ha anticipado que la propuesta de mejoramiento de las pensiones que hará el Gobierno se centrará en un aporte fijo, independiente del monto de la pensión, para quienes conforman el pilar contributivo, es decir pensiones autofinanciadas.
¿Por qué el Gobierno desestimó las dos alternativas reseñadas más arriba? Fundamentalmente, porque implican una aceleración en la tasa de retiro de los ahorros previsionales. Y ello afecta directamente a las AFP, porque éstas actúan como financiadoras de la banca y las grandes empresas y se verían disminuidos los montos disponibles para prestar. Evidentemente, la autoridad no se acuerda acá de un concepto que ella misma y las AFP han defendido y es que los fondos previsionales son de propiedad de los cotizantes.
Por cierto, haber optado por alguna o ambas de las opciones que la autoridad ha descartado, tiene una consecuencia no menor y es que no implicaban desembolso fiscal, excepto en la medida que se requería implementar un sistema de seguro de sobrevida, de fácil implementación y que por lo demás, ya había sido planteado en los tiempos de la «Comisión Bravo».
Así, una vez más, las AFP no han sido tocadas en la esencia de lo que constituye su muy rentable negocio. Efectivamente, no han podido acceder a la administración del 6% adicional, pero lo cierto es que realmente nunca tuvieron la chance real de hacerlo, habida consideración de su alto nivel de descrédito y rechazo en la sociedad. En realidad, ya mantener el 10% que aún administran es bastante premio. Más bien, a estas alturas, deberían hacer el menor ruido posible. La están sacando barata, porque el resto de las modificaciones anunciadas por el Gobierno no tendrán impacto significativo allí donde podría dolerles, es decir, en sus grandes utilidades.
Así como están las cosas, bien pueden sacrificar aspectos secundarios como aceptar alguna participación marginal de los afiliados en sus directorios, una eventual competencia en condiciones que hoy nadie conoce o, la devolución de comisiones en determinados casos. Aún, a la improbable opción a que los afiliados accedan a un porcentaje de las utilidades, las cuales por supuesto, en tal caso comenzarían a disminuir notoriamente. Todas estas posibilidades representan un costo muy menor, comparado con el demandado por la mayoría de la sociedad, el término del sistema creado por el DL 3.500 de 1981, que ha significado estar en el punto que estamos hoy: pagándose pensiones de miseria y obligando al Fisco a subvencionar crecientemente al sistema.
Los defensores a ultranza del sistema de capitalización individual, sostienen que los sistemas de reparto están quebrados. Pues bien, el sistema de capitalización individual vigente en Chile quebró cuando comenzaron a pagarse pensiones bajo sus normas. Desde entonces subsiste sólo gracias al sustento fiscal, bajo la forma de pensiones básicas, aporte previsional solidario y ahora, eventualmente, aportes al pilar contributivo.
