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Los migrantes y la legitimidad de las exclusiones Opinión

Los migrantes y la legitimidad de las exclusiones

Fernanda Stang
Por : Fernanda Stang Investigadora en temas migratorios, Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU), Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH)
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¿Qué es la ciudadanía? ¿Quién puede considerarse un(a) ciudadano(a)? Y, esencialmente, ¿a quiénes pretendemos excluir “legítimamente” con esa definición? Antes de entrar en discusión, es importante explicitar que, por supuesto, el derecho a votar y ser votado no es la única dimensión que define la condición de ciudadanía, aunque ciertamente es una muy importante. Esto incluso más allá de que uno asuma aquella crítica a la idea de ciudadanía, que la entiende como una ficción con que la comunidad compensa ilusoriamente las divisiones reales de la sociedad, esas que toman cuerpo en la miseria y los antagonismos sociales.


Hace algunos días el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, inició con un tuit una discusión sobre el derecho de los migrantes que habitamos en Chile de ser parte activa del plebiscito en el que se decidirá el camino que siga el proceso constituyente. En el mensaje que escribió en la red social, Santamaría respondía a otro tuitero que le consultaba por el escaso aumento del padrón electoral con relación al utilizado en las elecciones previas: «Al estar convocada la ciudadanía a votar en el plebiscito del 26 de abril de 2020, el padrón electoral provisorio (…) está conformado solo por compatriotas y no es comparable con el de las elecciones 2017 que incluía a electores extranjeros con derecho a voto».

Es decir, el presidente del Servel apela a una cuestionable –pero instituida– definición de ciudadanía, que la equipara directamente a la pertenencia a la “patria”, si nos atenemos a la definición de compatriota.

Esta arbitraria intención de restringir el derecho a voto de los migrantes ‒que, por lo demás, ya tienen reconocido hace tiempo‒ fue contestada muy prontamente por la mesa técnica por una nueva Constitución y las organizaciones de migrantes ya se han movilizado para resguardar ese derecho, ensayando diferentes caminos como presentación de proyecto de ley y carta al propio Servel. Los argumentos son sólidos, por lo que es de esperar que logre detenerse este intento de exclusión.

[cita tipo=»destaque»]Esa lógica, en mi opinión, es la que apunta a defender con uñas y dientes el orden establecido y los intereses a los que es funcional. Es la lógica que se ampara en una definición excluyente de la ciudadanía. Pero sucede que la noción de ciudadanía es, por estos días, más inestable que nunca: su nueva definición se está construyendo en la lucha social y, definitivamente, la que invoca el presidente del Servel es la que está quedando atrás. Y los migrantes somos y queremos seguir siendo protagonistas de ese cambio.[/cita]

Pero más allá de esto, los dichos de Santamaría han puesto sobre la mesa una discusión que es imprescindible dar, sobre todo por estos días: ¿qué es la ciudadanía? ¿Quién puede considerarse un(a) ciudadan(a)? Y, esencialmente, ¿a quiénes pretendemos excluir “legítimamente” con esa definición?

Antes de entrar en discusión, es importante explicitar que, por supuesto, el derecho a votar y ser votado no es la única dimensión que define la condición de ciudadanía, aunque ciertamente es una muy importante. Esto, incluso más allá de que uno asuma aquella crítica a la idea de ciudadanía, que la entiende como una ficción con que la comunidad compensa ilusoriamente las divisiones reales de la sociedad, esas que toman cuerpo en la miseria y los antagonismos sociales, como sostenía Marx.

Pero aún con esta aproximación crítica y sin renunciar a un horizonte de cambio de ese carácter funcional de la ciudadanía, no cabe duda que es una herramienta institucional relevante en el juego de las fuerzas sociales, sobre todo en un momento fundacional como el de un eventual cambio de Constitución. Es decir, más allá de que uno esté de acuerdo o no con este juego y sus reglas, es preciso jugarlo para poder transformarlo y el voto es una vía central para hacerlo.

Entonces, volviendo al hilo de la argumentación, ¿de qué definición implícita de ciudadanía nos habla el tuit de Santamaría? Y, por derivación, ¿quiénes quedan fuera de esa definición?, ¿qué intenciones animan esa exclusión? El presidente del consejo del Servel recurre mañosamente a una asociación establecida en el sentido común, la que liga ciudadanía a nación y territorio, es decir, ciudadanos solo podrían ser aquellas personas que nacieron en este territorio, que tienen por derecho esta nacionalidad o bien que quieran adoptarla y logren obtenerla, un trámite, en todo caso, poco común y no siempre exitoso.

Es decir, se alcanza el estatus de ciudadano casi por una voluntad que nos excede, una decisión que se nos impone desde arriba, que omite todas las formas de construcción de ciudadanía desde abajo que las personas que vivimos en Chile desplegamos día a día y que se han hecho tan evidentes desde el 18 de octubre.

Es más, entre los varios mensajes contundentes que han dejado los acontecimientos de los últimos meses, uno de ellos es precisamente el de una transformación notoria de lo que estamos entendiendo por ciudadanía y lo que pensamos sobre su representación, algo que muchos de quienes están dirigiendo el Estado en todos sus poderes, incluido Santamaría, parecen no haber comprendido cabalmente.

Santamaría vincula ciudadanía con nación, mientras que mucha gente en las calles derriba o resignifica los monumentos de esa nación o, más bien, de la narrativa que las elites han construido y difundido en torno a esa patria, una que –por ejemplo– excluyó a los pueblos indígenas de ese relato o en algunos casos se los apropió de forma aséptica. Es este tipo de planteo el que debemos hacernos, es decir, preguntarnos a quiénes y bajo qué argumentos se está intentando dejar fuera de esta discusión, porque la lógica que está detrás es la misma que subyace a la discusión por la paridad de género, por la representación de los pueblos indígenas o de las personas independientes.

Esa lógica, en mi opinión, es la que apunta a defender con uñas y dientes el orden establecido y los intereses a los que es funcional. Es la lógica que se ampara en una definición excluyente de la ciudadanía. Pero sucede que la noción de ciudadanía es, por estos días, más inestable que nunca: su nueva definición se está construyendo en la lucha social y, definitivamente, la que invoca el presidente del Servel es la que está quedando atrás. Y los migrantes somos y queremos seguir siendo protagonistas de ese cambio.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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