Opinión
Ya no basta con ser la cara más próxima del Estado en los lugares apartados del país, tampoco basta con la buena voluntad de muchos de sus funcionarios cuyos nobles actos permiten el traslado de personas, visitas a enfermos, rescate de animalitos, la asistencia a partos en plena vía pública, entre otros heroicos eventos que cada cierto tiempo nos recuerdan los medios de comunicación. Los graves problemas institucionales, administrativos y operativos que aquejan a Carabineros, sumados a la complejidad sociodelictual del Chile de hoy, hacen necesaria la creación de una nueva policía preventiva, cuyo verbo rector sea la protección de las personas sin distinción alguna, capaz de entender la fuerza como instrumento y no como un fin.
De aprobarse la opción para iniciar un proceso constituyente el próximo domingo 26 de abril, no solo tendremos la oportunidad de redefinir los principios más básicos que forjarán el camino que emprenderá el país, también es el momento para analizar nuestras principales instituciones, repesar su sentido y evaluar su continuidad.
Coincidente con este espíritu revisionista que caracteriza a todo proceso constituyente y a propósito de diversos acontecimientos que configuran la situación actual de Carabineros –violaciones de los Derechos Humanos, fraude en la utilización de recursos públicos, el crimen de Camilo Catrillanca, “Operación Huracán” y otros– es que sectores políticos y académicos han destacado la idea que no es suficiente “modernizar” la policía, sino que esta debe ser “reformada”. ¿Pero será suficiente reformarla?
El sistema policial chileno –y en particular Carabineros– atraviesa por una profunda crisis que difícilmente podrá superar en el mediano plazo. Las violaciones de los DDHH que le han sido imputadas a propósito del denominado “estallido social”, no constituyen un hecho aislado en esta suerte de decadencia institucional, más bien parecen ser otro síntoma de un modelo de policía agotado, con servicios policiales deficientes y actos de corrupción, que no solo terminaron por romper la confianza de la ciudadanía, sino también la moral colectiva en sus propias filas.
[cita tipo=»destaque»]Toda sociedad requiere de una institución abocada al resguardo del orden social convenido, de lo contrario, viviríamos en un caos cuyas principales víctimas serían, como siempre, los sectores más desposeídos. No obstante, esa legitimidad para actuar no resiste ser sustentada solo bajo la premisa de que son la expresión del “monopolio del uso legítimo de la fuerza”, las sociedades democráticas exigen que este imperativo debe ser acompañado de una forma de actuación, organización y calidad del servicio, condiciones que definitivamente hoy no se cumplen en Chile.[/cita]
Parte importante de estas situaciones pueden explicarse en lo inconcluso que resultó el proceso de transición democrática en lo referido al tratamiento de las Fuerzas Armadas y de Orden, pues a pesar de las importantes reformas efectuadas a ellas luego del plebiscito de 1988, la subordinación de Carabineros a la autoridad civil parece seguir siendo materialmente inviable, dado la excesiva autonomía institucional y operativa de la que gozan.
Ahora bien, las violaciones de los DDHH. y los episodios de fraude que hemos conocido el último tiempo, no son las únicas explicaciones a la crisis que afecta a Carabineros. Esta institución también es destinataria de las demandas por equidad y dignidad que tan fuertemente se han hecho oír desde octubre del año pasado, en tanto la sociedad es cada vez más consciente de su incapacidad para responder a los requerimientos de protección frente a la violencia y el delito que afecta, especialmente, a los sectores más populares del país, así como la inequidad en la prestación de servicios policiales, donde el trato, tiempos de respuesta y dotación tienen una clara diferenciación en razón de la “estirpe” del usuario.
El errático actuar de Carabineros, motivado por la multiplicidad de factores políticos, institucionales y operativos que explican su crisis, nos está conduciendo a un peligroso camino de rechazo generalizado a la labor policial, lo cual amenaza con desencadenar una situación de consecuencias incalculables, esto es, la configuración en la sociedad de una presunción fáctica de ilegitimidad de la acción policial.
Toda sociedad requiere de una institución abocada al resguardo del orden social convenido, de lo contrario, viviríamos en un caos cuyas principales víctimas serían, como siempre, los sectores más desposeídos. No obstante, esa legitimidad para actuar no resiste ser sustentada solo bajo la premisa de que son la expresión del “monopolio del uso legítimo de la fuerza”, las sociedades democráticas exigen que este imperativo debe ser acompañado de una forma de actuación, organización y calidad del servicio, condiciones que definitivamente hoy no se cumplen en Chile.
Otro peligroso efecto de este fenómeno, es que diversos hechos delictuales que amenazan efectivamente la seguridad de las personas, resultan invisibilizados, matizados o, incluso, justificados como consecuencia de procedimientos policiales abusivos e incomprensibles, resultando la acción policial, paradójicamente, al servicio de estos.
Ya no basta con ser la cara más próxima del Estado en los lugares apartados del país, tampoco basta con la buena voluntad de muchos de sus funcionarios cuyos nobles actos permiten el traslado de personas, visitas a enfermos, rescate de animalitos, asistencia a partos en plena vía pública, entre otros heroicos eventos que cada cierto tiempo nos recuerdan los medios de comunicación. Los graves problemas institucionales, administrativos y operativos que aquejan a Carabineros, sumados a la complejidad sociodelictual del Chile de hoy, hacen necesaria la creación de una nueva policía preventiva, cuyo verbo rector sea la protección de las personas sin distinción alguna, capaz de entender la fuerza como instrumento y no como un fin, con altos estándares de transparencia y de formación que posibiliten la prestación de servicios policiales de excelencia, condiciones laborales que permitan atraer personal realmente idóneo y donde el ascenso no tenga más limites que el propio desempeño en el cargo.
Un cuerpo de policía abocado a la función policial, con labores administrativas radicadas en personal civil especialmente dispuesto para ello y despojado de las tareas anexas que, por su naturaleza, puedan ser desarrolladas por otros órganos públicos. En definitiva, una policía eficiente, que no discrimine dentro ni fuera de ella, capaz de prevenir, de contener y entregar insumos de calidad al sistema de persecución para el enjuiciamiento y sanción de la actividad delictual.
Los constituyentes tendrán la oportunidad y, a la vez, el deber de proponer las bases de una nueva policía preventiva, acorde a las necesidades y las exigencias del Chile más justo que esperamos comenzar a construir.
