¿Fuerzas Armadas en tareas policiales?

La crisis social y política que experimenta el país, desde hace varios meses no logra ser solucionada. Entre otras razones, todo indica que las autoridades no diagnostican con exactitud las causas de la vasta y multifacética movilización que sacude al país desde octubre pasado.

Se han ensayado diversas respuestas en estos cinco meses, pero se mantiene una constante: el Gobierno insiste en ver de manera privilegiada, lo que pasa en el país, como un problema de orden público. Que existe no cabe duda, pero nadie podría afirmar que la crisis se debe solo a problemas de seguridad. Al lado, y quizás de manera más profunda, en la base de la variopinta movilización radica un profundo malestar de amplios sectores de nuestra sociedad, malestar que tiene diversos orígenes: la desigualdad económica, las distintas formas de discriminación, la vulnerabilidad de la mayoría ante los abusos y privilegios de las elites, el endeudamiento, la certeza de la pobreza en la vejez, en fin.

Este malestar se suma a la profunda desconfianza que se anida en la mayoría de la sociedad respecto al Gobierno, al Congreso y a los partidos. Desconfianza y recelo que le restan capacidad de maniobra a estos actores, empezando por el gobierno, principal responsable de la marcha del país.

Los problemas de orden interior existen, pero se potencian en el marco de una sociedad indignada. Una respuesta a las demandas sociales unido al camino de construcción de institucionalidad (constituyente) es indispensable para colocar los esfuerzos de orden en el marco de la cohesión social.

En este contexto, observamos una reiteración de la política gubernamental en su interpretación y por tanto, una persistencia en dar una respuesta de fuerza a la crisis. La llamada Protección a la Infraestructura Critica es un claro ejemplo de ello.

La diferencia entre FFAA y policías

Muchos ciudadanos, no aprecian en su plenitud la diferencia entre estos dos tipos de instituciones estatales. Una sociedad no puede desenvolverse si no se le garantiza a cada uno de sus integrantes su seguridad, la de su hogar, su familia y su entorno. Esa es una función básica del Estado, y para ello dispone de las fuerzas policiales. En el caso de Chile, Carabineros y la PDI

Las policías son las encargadas de mantener la vigencia de la ley en una sociedad, están bajo el mando de una autoridad civil, en este caso, el Ministro del Interior, el Subsecretario, y los Intendentes en sus respectivas regiones. Disponen para ello de medios, de entrenamiento y doctrina. Saben como relacionarse con la población, a la que deben proteger de la delincuencia. Su armamento permite la gradualidad en su respuesta a la ilegalidad. Para cumplir sus misiones las policías en Chile disponen de armamento anti disturbios, y de armas de puño y fusil. Carecen de armas de apoyo, de blindados y otros medios, propios de las FFAA.

Originalmente, Carabineros asumía dos funciones básicas: orden interior y tránsito (antaño tenían correajes diferentes para un mismo uniforme). Hoy es una institución de cerca de 60 mil efectivos que asume tareas diversas: guarda fronteras, protección de autoridades, con especializaciones en los delitos de familia, en el combate al narcotráfico, a la trata de personas, las fuerzas antimotines, en fin. Por cierto, su original definición de policía preventiva, ha sido desbordada por las tareas de investigación criminal que se agrupan en los diversos OS.

Carabineros hoy esta en una crisis, virtualmente aislado en la sociedad, su mando fue descabezado al inicio de la actual administración, y esa falta de experiencia y liderazgo hoy se nota. En su contra existen denuncias nacionales e internacionales por uso excesivo de la fuerza. Grave problema porque en el diseño de seguridad se requiere una férrea identificación de la población con la institución policial.

Las FFAA son instituciones para la Defensa Nacional, para proteger el territorio, la población y la soberanía. Se orienta a neutralizar las amenazas externas. Su doctrina es para ello, su entrenamiento y sus equipos están planeados en una concepción de agresión externa. No es la gradualidad su característica, y la capacidad disuasiva descansa no solo en los medios que dispone, sino especialmente en la voluntad disuasiva, que es esencialmente responsabilidad del mando político. Voluntad de emplear a plenitud las capacidades estratégicas de las que el país dispone cuando sea amenazado. Los chilenos concebimos a la Defensa, como una tarea nacional, porque cuando Chile se defiende, lo hace con todo, no solo con sus FFAA sino también con su diplomacia, con su cohesión interna y por cierto, con los medios que le proporciona su nivel de desarrollo.

Hechas estas precisiones cabe preguntarse por la pretensión de la Moneda de darle a las FFAA otras tareas, en este caso, cuidar la infraestructura llamada critica. Al respecto se señalan varias razones para un proyecto escueto. Se dice que esta reforma permitiría liberar personal de carabineros que estarían resguardando esas instalaciones y dedicarse al orden publico. Suena lógico pero requiere que las autoridades expliquen cuantos policías están hoy día dedicados a estas tareas. Cualquiera de nosotros puede visitar la represa mas cercanas a su hogar, o los cables de alta tensión, y tendrá la respuesta. Hoy no hay personal asignado –al menos de manera permanente- a estas instalaciones. Las autoridades debieran aclarar esta interrogante, de lo contrario estamos en presencia de argumentos para la prensa, pero que no se corresponden con la realidad.

Se aduce también que esta figura legal existe en democracias avanzadas como las europeas. Eso es cierto, y verificable por cualquier viajero. Pero según autoridades de defensa de esos países –en conversaciones con el suscrito- explican esta presencia militar como parte del combate al terrorismo global. Mas en concreto se comenta que con ocasión del derrocamiento del régimen del general Khadafy, los bien provistos arsenales de su ejercito fueron saqueados. Buena parte de esas armas sofisticadas llegaron a manos de grupos terroristas, como Boko Karam, Al Nusra, Al Shabab y afines. Muchas de estas organizaciones tienen células dormidas en Europa a las cuales pueden transferirles modernos misiles y activarlas.

En la mayoría de los países europeos los servicios de inteligencia están atentos a esta amenaza y cuando detectan una operación en marcha, activan un Alerta, va a la autoridad política y en base a esta amenaza se desplazan fuerzas militares a aeropuertos, centrales eléctricas, en fin. La activación tiene una razón fundada, se pone en acción la planificación del caso, y el valor a cuidar es la vida de los ciudadanos y el normal desempeño de sus servicios básicos. Cabe preguntarse, ¿estamos en esa situación en Chile? Y si así fuese, si hubiese una amenaza fundada, terrorista o de otro origen, entonces, ¿por qué no declarar el estado de excepción que permite el despliegue de fuerzas militares? El gobierno tiene atribuciones para ello, no requiere mayor reforma ni legal ni constitucional. Dispone además del Sistema de Inteligencia.

En caso de agresión externa, suele ocurrir que el enemigo recurra a saboteadores, eso pasa en la mayoría de los conflictos, pero para ello se debe activar la respectiva planificación que incluye todos los medios del país para su defensa. ¿Es el caso de Chile hoy? Es probable que las autoridades digan que se trata de información reservada, pero en ese caso existen mecanismos de control democrático, como la comisión de Inteligencia del Congreso la que debiera estar informada. Sin una alerta fundada, desplegar fuerzas militares para tareas de protección de instalaciones, lo que los sitúa en tareas de orden interior, puede resultar muy peligroso y subjetivo.

El mencionado proyecto generaría dos situaciones sumamente riesgosas: por un lado mandataria a las FFAA a tareas sin dejar en claro cuales serían las reglas de enfrentamiento que deberían seguir. Junto a ello, se corre el alto riesgo de provocar choques y roces de población civil con efectivos de las FFAA. Todo ello, sin la declaración de un estado de emergencia constitucional.

En suma, el proyecto presentado provoca mas preguntas que certezas, crearía un estado de excepción nuevo, que facultaría a las autoridades políticas a desplegar militares para tareas de orden interno, sin definir con precisión cuáles serían las reglas de enfrentamiento que deberían normar su comportamiento. Todo se parece mas a una maniobra política que una respuesta a una necesidad real. No basta con que las autoridades de defensa reciten las misiones de las FFAA. Debieran prevenir que las FFAA no sean involucradas en tareas policiales. Si la situación de Carabineros, o el nivel de desordenes, o el factor que sea, esta provocando un problema de orden publico, es responsabilidad de las autoridades civiles dar una respuesta que resuelva esa crisis, pero en ningún caso alterando la naturaleza de las misiones de las instituciones armadas. Las FFAA no fueron creadas, ni equipadas, ni entrenadas, para tareas policiales.

La solución a la actual crisis es ante todo de carácter político, corresponde al nivel político darle respuesta. Involucrar a las FFAA es sumamente riesgoso y desvirtúa la naturaleza de las instituciones armadas. Crear fórmulas jurídicas híbridas, pensar que las FF.AA. pueden resolver las deficiencias de cualquier agencia del Estado, o suponer que sus medios pueden aplicarse a todo nuevo desafío es un gran y peligroso equívoco. Por lo demás, las FFAA están al servicio del soberano, es decir, de la ciudadanía, han sido creadas para la defensa de todos y por lo mismo, deben ser prescindentes de la contingencia y comprometidas con el destino del país.

El poder político no puede eludir su responsabilidad. Debe construir una respuesta a la crisis, a la demanda ciudadana. De paso, preservar las mejores condiciones para que el soberano exprese libre y democráticamente su voluntad respecto a la institucionalidad que requiere, esa se expresará el 26 de abril y las FFAA tienen como mandato constitucional y en su doctrina, la defensa de la voluntad del soberano