Opinión
La aplicación de categorías morales a los problemas sociales es popular, sirve para tomar partido en la siempre popular lucha entre elite (los malos) y la ciudadanía (los buenos), pero en la práctica no sirve de nada para solucionar el problema. De la misma forma, el “gesto” solicitado por el Presidente Piñera para no subir ahora los planes de salud, apelando a una especie de sustrato moral o patriótico de las isapres, no es más que una medida populista, de alto impacto mediático, que solo sirve para que aquellas se recubran frente a la gente de un falso halo de bondad.
El anuncio de las isapres de subir sus planes en medio de la crisis generó un comprensible revuelo público que obligó a la inmediata “intervención” del Gobierno. Descontando el hecho de que la misma legalidad del alza de planes ha sido puesta en duda por los tribunales de justicia, esta nueva polémica solo pone de manifiesto el problema estructural de un sistema de salud privatizado y dejado al arbitrio del mercado.
Como el Estado no tiene las atribuciones para impedir legalmente esta alza –porque el proyecto de ley de regulación de las isapres todavía se discute en el Parlamento–, lo único que puede hacer el Gobierno es pedir un “gesto” a las empresas. El asunto es un poco ridículo, porque pretende conferirle una dimensión humana, solidaria, a una industria que, por definición, se mueve exclusivamente por intereses económicos. Si fuera por “gestos”, no solo habría que pedirles aplazar el alza de primas ahora, sino quizás reintegrar las utilidades exorbitantes que obtuvieron el año pasado, atender las enfermedades catastróficas o permitir personas con preexistencias, entre una larga lista de otros.
Como era de esperar, en todo caso, las isapres han accedido a postergar el alza de planes, y el Gobierno se ha congratulado de su logro frente a la opinión pública.
Todo es un poco una pantomima, en que el Gobierno “aparenta” jugar el rol de superhéroe y las isapres “aparentan” una preocupación humanitaria, cuando en el fondo solo lo hacen con el objetivo de mejorar su posicionamiento público, al igual que sucede con los aportes de empresas a la Teletón.
El aplazamiento de las alzas es algo mediático, pero en el fondo baladí. En cuatro o cinco meses más, se ejecutarán las alzas, y todo el sistema seguirá igual. Las isapres continuarán intentando aumentar al máximo sus utilidades (porque esa es su razón de ser como empresas), al tiempo que seguirán aparentando que su verdadero interés es la preocupación por la salud de las personas, a través de campañas publicitarias que blanden eslóganes del tipo “Nos preocupamos por tu salud” o “Estamos donde tú estés” y cosas de ese tipo.
El problema de fondo es que la salud de las personas que se atienden en isapres, es administrada exclusivamente con criterios de rentabilidad económica, no humanitarios. Desde este punto de vista, en verdad, no es absurdo, tampoco inhumano, que las isapres suban sus planes, así como tampoco son absurdas todas las otras medidas que implementan exclusivamente para mejorar sus utilidades. Lo único que están haciendo es aplicar de manera eficiente la lógica que las rige.
El sistema político, y la ciudadanía, tienden a culpar a los dueños, o a la plana ejecutiva, acusándolos desde un punto de vista moral, de crueldad, egoísmo o depredación. A través de estas críticas, una parte del espectro político y la ciudadanía intentan reciclar algún tipo de noción marxista de lucha de clases, en una especie de lucha moral, como si el problema de fondo radicara en el mal corazón de ciertas personas. Desde este punto de vista la solución al problema también pasaría por una especie de depuración moral, sacar a los dueños y administradores de mal corazón y reemplazarlos por otros más nobles y bienintencionados.
La aplicación de categorías morales a los problemas sociales es popular, sirve para tomar partido en la siempre popular lucha entre elite (los malos) y la ciudadanía (los buenos), pero en la práctica no sirve de nada para solucionar el problema. De la misma forma, el “gesto” solicitado por el Presidente, apelando a una especie de sustrato moral o patriótico de las isapres, no es más que una medida populista, de alto impacto mediático, que solo sirve para que aquellas se recubran frente a la gente de un falso halo de bondad.
En síntesis, la lucha ética entre ciudadanos y elite, entre consumidores y empresas, que algunos sectores intelectuales, políticos y ciudadanos intentan instalar como el eje fundamental de la tensión que sacude actualmente a Chile, tiene en verdad un alcance muy limitado para abordar la dimensión estructural del problema.
La verdadera solución pasa por el camino casi contrario, es decir, comprender que el problema de fondo no es la categoría moral del empresario o ejecutivo a cargo –tampoco son tan buenos en todo caso, pero eso es otro tema–, sino por la categoría moral de un sistema que deja la salud de las personas exclusivamente al arbitrio de la maximización de utilidades. En otras palabras, el problema no son los dueños, o gestores, sino la definición misma de isapre como una institución a la que le confiamos la responsabilidad de cuidar la salud de las personas, pero a la cual le conferimos el permiso –incluso imponemos el mandato– de funcionar exclusivamente con el fin de generar utilidades.
No se puede montar un sistema expresamente constituido para una cosa y exigirle después que se preocupe de otra. Esto solo genera esquizofrenia, y la esquizofrenia a nivel social finalmente desemboca en estallidos. Si se requiere un sistema de salud que se preocupe de la salud de las personas, es necesario construir instituciones que incorporen precisamente este objetivo entre sus fines. Mientras no se aborde este tema, solo se profundizará el problema y se alimentará el descontento.
