Opinión
El escándalo de lo sucedido en la Cámara de Diputados tiene que ver con el extravío de los representantes en acuerdos sin sentido y en querellas de poca monta. Si la gente no exige la recuperación de una vara de medida ciudadana de la política, a la salida de esta emergencia nos vamos a encontrar, no con la dificultad de recuperar la vida social, sino con la imposibilidad de recuperar la democracia.
El Parlamento tuvo su momento de pánico y de gloria con la firma del acuerdo constitucional de noviembre pasado. Ese solo acto reivindica la representación parlamentaria y a sus ocupantes temporales.
La victoria oficialista en la elección de la mesa de la Cámara de Diputados marca la necesidad del retorno a la política. El control de los actos del Gobierno ha quedado reducido al Senado, que no es un ente fiscalizador. Nada vive del pasado y a ninguna institución le basta con la necesidad que la instituyó si su ánimo no se renueva. Envuelto en la atmósfera de la emergencia, el Congreso ha dejado caer la democracia.
Se ha perdido el resto del contrapeso entre las instituciones y la ciudadanía ha perdido, en el Congreso, un refugio virtual pero significativo.
No es elegante pero es necesario que la oposición revierta esta situación. No solo el control de la mesa sino el papel de representación popular del Parlamento. Es necesario retomar con claridad los deberes de la oposición para poder limitar los desvíos en los empeños del Gobierno.
Lo esencial de este momento es preservar las vidas y la salud de la población. Para eso, es vital cuidar las libertades políticas amenazadas por la ideología y por las circunstancias. En especial, es importante mantener abierto el proceso plebiscitario y el avance en la democracia. Tercero, es importante cuidar la economía y hacer notar la diferencia entre una política que se apoya en los intereses de las muy grandes empresas y otra que prefiere apostar a las personas, a su iniciativa laboral y a su calidad de vida.
Es verdad que la Cámara de Diputados aprobó la ley que echa mano a los ahorros de los trabajadores para pagar sus propios sueldos. Es difícil de asumir que se haya aprobado una ley de expropiación de recursos de los trabajadores. Se entiende perfectamente que postergar el uso del Fondo Solidario hasta después de agotar los fondos de cada trabajador es una forma de evadir el compromiso de aporte fiscal. La ley no hace más que volver a la propuesta inicial de 2019 que no consideraba aporte fiscal alguno. Es necesario hacer notar que los fondos de cesantía, a diferencia de los fondos previsionales, sí pertenecen a los trabajadores y les son devueltos al momento de la jubilación.
El humor es irrenunciable, pero a ratos debe ser puesto entre paréntesis para no perder el punto crítico de una conversación política.
(Los parlamentarios, por vergüenza personal e institucional, deberían acogerse a la Ley de acceso al seguro de cesantía. La regla puede ser la siguiente: que ellos experimenten las consecuencias de las leyes que aprueban. Y en este caso sí estarán apoyando los esfuerzos del fisco y del Gobierno. Cinco meses de suspensión pagados por sus propios ahorros. No se excluye que sean sometidos a un mes de teletrabajo al 25% de su remuneración y que a los veinte días se les adelanten las vacaciones de febrero).
Aquí no se puede contraponer la sana política de la confianza a la insanidad de la sospecha. La democracia no es la ganancia del derecho a la desconfianza sino la posibilidad de acceder a la vigilancia y la corrección de los actos de la autoridad. Por supuesto, este es el momento de unirnos. Para eso la autoridad debe poner fin a los manejos astutos como el de la Ley de apropiación de los fondos de cesantía.
La unidad nacional no se consigue sometiendo a una parte de la población. Aunque las razones circunstanciales pidan mayor disciplina, la respuesta a esa necesidad no es el estado de emergencia sino la ampliación de la democracia. Aquí no es necesario el toque de queda sino desarrollar instituciones más representativas que medien entre la población y las políticas para enfrentar la epidemia. Se pudo anticipar un nuevo estatuto político de las regiones y comunidades; se pueden institucionalizar los consejos gremiales como los de la Mesa Social COVID-19. Se puede, todavía, descargar los hombros de los militares de sus modernos, pesados e inútiles fusiles ametralladoras y reemplazar su equipamiento por el de un servidor civil en tiempos de catástrofe.
La democracia no puede sobrevivir tratando ahora a las personas como un rebaño de ineptos. Lo que la autoridad está haciendo ahora con la población es sincerar la relación que las instituciones mantienen con la ciudadanía en el momento en que las cosas importan. Han sido amables para pedirnos obediencia. Pero la amabilidad y la violencia solo están separadas por nuestro acatamiento.
La insistencia en la democracia no implica negar que el Gobierno está haciendo su mejor esfuerzo en el combate del virus. Lo que es necesario relevar aquí, es que, aun cuando el Gobierno haga lo mejor, es imprescindible y urgente mantener los controles democráticos sobre las instituciones y sobre la autoridad. Lo que afirma, además, sin que esta sea en modo alguno una injuria, es que lo hace desde su ideología particular. En esencia y aunque el Gobierno y la derecha no lo confiesen, su cultura se ordena detrás de la creencia de que lo que es bueno para las muy grandes empresas es bueno para Chile. La salud debe subordinarse a la economía, y la economía, sujetarse a las grandes empresas.
El Gobierno mismo se ha entregado a la fantasía política en el manejo de la epidemia. Se han tomado decisiones sobre la base de dos días completos de estadísticas optimistas. La división de algunas comunas para efectos de la cuarentena no responde a ningún criterio sanitario comprensible. Los vecinos de Ñuñoa tienen motivos para sospechar una división clasista de la comuna. A falta de explicaciones del Gobierno, uno puede suponer que se trata de permitir el libre tránsito de la mano de obra trabajadora hacia sus lugares de trabajo.
Con la calle prudentemente cerrada, con el desconcierto y el temor instalados sensatamente en la población, las redes sociales no son suficientes para exigir más transparencia y más eficiencia al Gobierno. El Parlamento es necesario. La democracia es más necesaria que nunca. Cuando una ley suspende expresamente el Código del Trabajo (Ley 21.227) y el Gobierno entrega explicaciones insuficientes, es necesario que el Congreso levante la vista y entregue información crítica a la gente.
Si algo debemos rescatar ahora de las movilizaciones políticas de 2019 es que no se puede hacer política en cocinas estrechas, por medio de susurros inaudibles. Lo aprendido en 2019 es que el país necesita a su gente. La cuarentena no hace más que exagerar las condiciones de ajenidad entre pasillos y calles. El aislamiento entre la gente y el Congreso no se inventó ahora, solo ha llegado a su paroxismo. El pueblo necesita instituciones de representación y de libre expresión directa. El Parlamento no puede renunciar a la democracia.
En vez de pensar en postergar el plebiscito, sería bueno empezar a institucionalizar la participación política de las comunidades. No lo sabemos todavía, pero es probable que las redes sociales no sean suficientes para contener los avances autoritarios. Los gremios y los municipios constituyen una barrera que se suma a la defensa de la gente, pero su condicionamiento sectorial o local disminuye su fuerza.
Las mediaciones entre el Estado y la gente, las funciones que cumplen el Congreso y los medios de comunicación, han sido neutralizadas por la forma en que el Gobierno ha ocupado los medios y vaciado el Parlamento. Una formidable maquina autoritaria opone directamente a las autoridades y a una opinión pública reducida en lo esencial a las redes sociales, a unos pocos medios independientes y a sus propias reservas de memoria.
Los movimientos sociales y las personas quedan solas ante la responsabilidad de exigir información fidedigna y completa sobre la epidemia. Este es el momento en que se muestra la necesidad de profundizar la democracia y dar acceso a la ciudadanía, no solo a la opinión pública sino a una participación más estrecha, transparente, y vinculante en la configuración y el manejo del Estado.
El escándalo de lo sucedido en la Cámara de Diputados tiene que ver con el extravío de los representantes en acuerdos sin sentido y en querellas de poca monta. Si la gente no exige la recuperación de una vara de medida ciudadana de la política, a la salida de esta emergencia nos vamos a encontrar, no con la dificultad de recuperar la vida social, sino con la imposibilidad de recuperar la democracia.
