Ingreso Básico de Emergencia: Una respuesta solidaria del Estado para enfrentar la crisis

Hace unos días, desde el mundo del municipalismo, hicimos un llamado y una propuesta al país, para que el Presidente de la República diera una respuesta concreta a la crisis económica que afecta hoy a miles de familias a lo largo y ancho de Chile producto de la pandemia desatada por el COVID-19. Esta propuesta consiste en entregar a las familias de Chile un “Ingreso Básico de Emergencia”, que les permita enfrentar la crisis económica actual, y poder sobrellevar el difícil momento en que se encuentran quienes han perdido sus empleos y quienes no los han podido desarrollar normalmente. Esta petición la realicé en mi calidad de Alcalde de El Bosque, una comuna popular con altos niveles de vulnerabilidad, donde la crisis ha golpeado fuertemente, y también, como Vice-Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

El Presidente Piñera anunció que presentará un proyecto de ley para crear el “Ingreso Familiar de emergencia (IFE)”, con el propósito de apoyar a las familias más vulnerables, en especial aquellas con trabajos informales, y que se han visto afectados por la pandemia del Covid19.

No puedo más que reconocer en este anuncio una medida que va en la línea de lo que las familias chilenas necesitan, pero al mismo tiempo es mi deber señalar que éste es insuficiente en cuanto al volumen de los recursos considerados y respecto a la población beneficiada. Tal como está elaborado el IFE, requiere profundas correcciones en su formulación, de tal forma que cumpla con el propósito de ayudar a resolver los problemas que chilenas y chilenos están enfrentando.

En primer lugar, necesitamos implementar una ayuda universal y no condicionada. Es decir, se debe disponer de un flujo en dinero para todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad y no sólo para el 60% más pobre, porque en esta coyuntura los sectores medios de nuestra sociedad también lo están pasando mal al quedar desempleados, o sin la posibilidad de desarrollar sus actividades producto de la cuarentena, como ocurre en nuestra comuna de El Bosque. En el esquema planteado por el Gobierno, esas familias sólo podrán continuar recibiendo ingresos echando mano a sus ahorros acumulados en el fondo de cesantía, cuyo aporte es además decreciente en el tiempo.

En segundo lugar, es necesario que el monto del aporte alcance -a lo menos- al sueldo mínimo, aun cuando sabemos que éste es insuficiente para que un/a trabajador/a logre superar la línea de la pobreza. Esto significa asegurar al menos 400 mil pesos por familia, sin que esto signifique la eliminación o suspensión de la entrega de otros bonos como el Bono Covid-19.

En tercer lugar, es necesario corregir el mecanismo de acceso al beneficio por medio del Registro Social de Hogares (RSH). En efecto, la actualización en el RSH, (como lo ha planteado el Gobierno), implica un enorme esfuerzo, el que además es innecesario, ya que para cada grupo de beneficiarios existen mecanismos más sencillos. Por ejemplo, los que ya forman parte del Registro no requieren actualización; para los que han perdido su empleo durante este periodo (o antes), pero que no están en el mencionado RSH, podría operar la sola presentación del finiquito de trabajo y, finalmente, los que sin ser parte del RSH desarrollaban algún tipo de actividad económica informal deberán acreditar su condición en los municipios, mediante simple declaración jurada y posterior verificación en las bases de datos de los agentes retenedores de cotizaciones previsionales.

En cuarto lugar, el Ingreso de Emergencia debe ser un monto fijo mientras se entregue, sin merma en los montos de los mismos (a diferencia de lo que plantea el Gobierno), los que cesarán en el momento en que encuentren trabajo formal. Al término de los tres meses se deberá reevaluar la situación sanitaria, económica y productiva del país, en cuyo momento deberá tomarse una decisión lo más consensuada posible.

El universo de familias a las que una medida como ésta debe alcanzar es de 2 millones, con un costo mensual para el Estado cercano a los 770 millones de dólares. Este aporte, por lo demás, será un importante dinamizador de la economía local ya que activarán de manera directa la demanda agregada. Los recursos para esta medida provendrán del recién creado Fondo de Protección de los Ingresos de los más vulnerables, que alcanza a 2.000 millones de dólares.

Es necesario que todos/as entendamos que debemos ofrecer a los/as chilenos/as seguridades y certezas, donde el Estado manifieste preocupación por ellos,  no sólo desde el punto de vista sanitario, sino que también como un ente que crea las condiciones para el autocuidado y el confinamiento de la población, únicas formas efectivas para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Esperamos que, en el Parlamento, en el curso del debate urgente que debe tener este proyecto, se puedan incorporar las indicaciones necesarias que planteamos para que el Ingreso de Emergencia pueda llegar a más beneficiarios y hacer más expedito el mecanismo para su entrega. Nuestros vecinos, vecinas y el país lo necesitan.