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¿Acuerdo Nacional?

por 19 mayo, 2020

¿Acuerdo Nacional?
Creo que se cometería un grave error político si, a propósito de la pandemia y crisis económica, se pretendiera gestar un acuerdo que englobara la coyuntura y los temas de fondo que encierra lo firmado el 15 de noviembre. Ello, porque no están dadas las condiciones de confianza y credibilidad, indispensables para sentarse a conversar y porque, además –y esto es determinante–, el acuerdo referido es fruto de un proceso social que implica que el país aceptó, mediante la firma de dicho documento, que sería la soberanía popular, por primera vez en la historia republicana, la que fijaría las nuevas reglas del juego que implica una Constitución. Esto no se soluciona mediante un acuerdo versallesco entre cuatro paredes.
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Se ha sabido que sectores del Gobierno están en tratativas con algunos dirigentes de oposición, con el objeto de trabajar y lograr firmar un acuerdo nacional a propósito de la grave situación que afecta al país. Y que sectores de la oposición tampoco verían con malos ojos esa posibilidad.

Cada vez que alguien propone la posibilidad de un acuerdo, suena como de mal gusto oponerse o cuestionar dicha iniciativa, puesto –se argumenta– qué cosa más noble es que oficialistas y opositores logren un consenso en bien, se supone, del país.

Por supuesto que los acuerdos como metodología son inherentes a la democracia, pero aquello –los acuerdos– están contaminados por la historia y por las confianzas. La historia pasada reciente nos dice que los acuerdos suscritos con la derecha en la transición, en definitiva, significaron la consolidación del modelo establecido en la Constitución del 80, porque los referidos acuerdos no lograron nunca salirse del marco fijado por aquella, como lo previó su principal ideólogo. Y las confianzas… bueno… todos sabemos que en esta materia el actual Gobierno y su conductor no generan precisamente ese necesario clima, indispensable para sentarse a dialogar.

Así y todo, la situación crítica por la que atraviesan Chile y el mundo hace necesario realizar un esfuerzo en esa dirección. Sin embargo, es indispensable que la oposición no vuelva a tropezar con la misma piedra que, de buena fe, la lleve sin más a vislumbrar solo la coyuntura y no el horizonte.

La conducta política de la derecha después de haber firmado el documento del 15 de noviembre ha sembrado dudas e incertidumbres respecto de su real compromiso con una nueva Constitución y con el plebiscito de entrada que la posibilitaría. ¿Quién me asegura que no estamos ante un diseño del Gobierno y los poderes fácticos que lo apoyan de generar un “acuerdo “que diluya los procesos concordados y, con ello, pase a la historia lo resuelto el 15 de noviembre? ¿O que ingenuamente por parte de la oposición, como nos recuerda la historia, se acepte de buena fe un acuerdo que tenga buena fachada formal pero que, en el fondo, cual gatopardo, todo cambie para no cambiar nada?

En un diario de circulación nacional, el viernes 15 de mayo, el presidente de la Democracia Cristiana abogó por que ello se encamine a “enfrentar la coyuntura y también con una “mirada más larga que nos permita alcanzar un nuevo Pacto Económico Social que renueve los consensos mínimos…”.

¿De qué se trataría este acuerdo? ¿Es para salir de la coyuntura sanitaria y económica, sin perjuicio del acuerdo del 15 de noviembre, o es para ambas cosas? O sea que, a propósito de la pandemia y de la crisis económica, ¿hagamos un acuerdo total para la coyuntura y para los temas de fondo implícitos en el acuerdo del 15 de noviembre? ¿O es para, a propósito de la pandemia y –con letra chica– hagamos un acuerdo para la coyuntura para soslayar y olvidarse del acuerdo del 15 de noviembre? ¿Es posible y pertinente hacer un Pacto Económico Social, ahora, desligado del componente político para resolver este, supuestamente, cuando se discuta una nueva Constitución? ¿Es posible discutir y resolver separadamente estos tres factores? Hagamos una distinción.

La coyuntura

Creo que es indispensable lograr un acuerdo para la coyuntura. No sirve al país la política del goteo y que Gobierno y oposición no logremos acuerdos sobre cuestiones esenciales. Tenemos que tener un acuerdo al menos sobre los siguientes puntos:

a) Cuánto vamos a gastar. Partiendo de la base –y sobre lo cual no hay dos voces– que nuestras finanzas públicas están sanas, se debería concordar cuánto va a gastar el país para enfrentar esta crisis.

b) De dónde van a salir los recursos de reasignaciones, de nuestros ahorros, emitiendo bonos, de una nueva reforma tributaria, de nuevas facultades al Banco Central u otras fuentes.

c) Dónde vamos a colocar los recursos. En sectores vulnerables, clase media, pequeña y mediana empresa, grandes empresas. Todo ello para ayudar a las familias, proteger al empleo e incentivar la economía. Y los distintos instrumentos que se usarían. Y, a mi juicio, con la participación indispensable de los municipios, que es el Estado más cerca de la gente para el caso de los sectores más vulnerables y las familias.

d) La salud. Ha quedado claro en el mundo que esta crisis sanitaria ha desnudado el ideologismo del individualismo para salvarse y superar esta valla. Sin el rol activo del Estado no podemos salir de esto. Por ello, la clase política chilena tiene una oportunidad histórica de sentar las bases de un nuevo sistema público de salud para el siglo XXI. Este sería un gran acuerdo. ¿Podemos estar a la altura?

En cuanto al fondo

Creo que se cometería un grave error político si, a propósito de la pandemia y crisis económica, se pretendiera gestar un acuerdo que englobara la coyuntura y los temas de fondo que encierra lo firmado el 15 de noviembre. Ello, porque no están dadas las condiciones de confianza y credibilidad, indispensables para sentarse a conversar y porque, además –y esto es determinante– el acuerdo referido es fruto de un proceso social que implica que el país aceptó, mediante la firma de dicho documento, que sería la soberanía popular, por primera vez en la historia republicana, la que fijaría las nuevas reglas del juego que implica una Constitución.

Hacer un acuerdo global, como algunos pretenden solapadamente, sería “baipasear” el acuerdo del 15 de noviembre y volver, una vez más, a redactar en forma cupular una nueva Constitución entre cuatro paredes.

La conducta política de la derecha después de haber firmado el documento del 15 de noviembre ha sembrado dudas e incertidumbres respecto de su real compromiso con una nueva Constitución y con el plebiscito de entrada que la posibilitaría. ¿Quién me asegura que no estamos ante un diseño del Gobierno y los poderes fácticos que lo apoyan de generar un “acuerdo “que diluya los procesos concordados y, con ello, pase a la historia lo resuelto el 15 de noviembre? ¿O que ingenuamente por parte de la oposición, como nos recuerda la historia, se acepte de buena fe un acuerdo que tenga buena fachada formal pero que, en el fondo, cual gatopardo, todo cambie para no cambiar nada?

Si alguien piensa que las angustias de la pandemia y sus efectos devastadores en las familias, el empleo y la economía harán olvidar el sentido del estallido social del 18 de octubre, cometerá un grave error político porque, como nunca, y vaya la paradoja, esta crisis desnudó las carencias y desigualdades de nuestra sociedad y su modelo de desarrollo basado en el más brutal individualismo y en el lucro ilimitado. Esto no se soluciona mediante un acuerdo versallesco entre cuatro paredes. Sería un error. Para que tenga legitimidad es fundamental cumplir el acuerdo del 15 de noviembre.

¿Un Pacto Social? ¿Un Pacto Económico Social? El presidente de RN y el presidente de la DC han planteado, separadamente, la posibilidad de buscar un acuerdo social, el primero, y un pacto económico social, el segundo.

El problema es que lo social y lo económico encierran cuestiones fundamentales del modelo de desarrollo, como son el orden público económico que implica el rol del Estado en la economía, el estatuto de las empresas del Estado, el régimen de las aguas y, en otro orden, derechos tales como la seguridad social –en la cual las pensiones son uno de los temas claves–, la educación pública y naturalmente la salud (con la prevención señalada anteriormente), el derecho del trabajo, la negociación colectiva y el papel de los sindicatos, etc. Todos temas complejos, difíciles, que no son de fácil despacho y que requieren de una amplia legitimidad, la que solo puede ser dada, a mi juicio, por el cumplimiento del acuerdo del 15 de noviembre.

Si yo tuviera confianza en el Presidente de la República y en la coalición que lo apoya, que no están jugando con cartas marcadas, otro sería el escenario. Pero, claro, para eso se necesita tener sentido de Estado. Me quedo con lo que dicen los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica: “La pandemia no se despliega sobre una hoja en blanco, sino sobre una crisis de legitimidad extendida a cuestas y, por lo tanto, resulta fundamental que se escuche a la gente”.

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