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Clase política, ideología del poder burocrático en Chile

por 3 junio, 2020

Clase política, ideología del poder burocrático en Chile
En medio de estallido social, del COVID-19 y, desde antes, la crisis de legitimidad de la política, lo que se ha producido en el país es una apropiación corporativa del poder, en que partidos políticos y altos funcionarios se han constituido como clase, más allá de lo que ideológicamente piensan o declaran frente a la ciudadanía. Lo que hacen, así lo está demostrando.
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Finalmente la elite política nacional ha pasado de representante en el Parlamento o funcionariado de alto nivel, a constituirse como clase política. Así ha quedado demostrado en la discusión parlamentaria sobre el límite a la reelección de senadores y diputados y en el enrevesado debate sobre rebaja de los sueldos de los más altos funcionarios del Estado.

Una mayoría parlamentaria que piensa que sus intereses particulares prevalecen de manera corporativa por sobre sus promesas de representación y, cada vez que se discute la rebaja de sueldos y salarios en los niveles más altos del Estado, incluidos los propios, se elige el camino más tortuoso.

El resultado de la votación del Senado, contraria a la idea de implantar la retroactividad que impide la reelección a partir de 2021, totalmente transversal, implica una toma de posiciones corporativizadas en el interés propio para permanecer –eventualmente– en el cargo, por sobre la opinión ciudadana mayoritariamente en contra de esa perpetuación.

Para volver al tema central, ser senador o diputado reelecto sin vigencia de retroactividad en las elecciones de 2021, implica para algunos la posibilidad de un mandato por ocho años más, equivalente a dos períodos presidenciales consecutivos, fuera de los dieciséis que tienen de ejercicio anterior de ser senador, o enterar 12 años consecutivos si se es diputado. No podría haber un universo más acotado en cuanto a intereses que el grupo que votó contra la medida en el Senado y que –eventualmente– termine por sancionarlo como ley. Y que esté más al margen de las necesidades de equilibrio político y de ética pública política en el país.

Un senador socialista que votó en contra de la limitación, argumentó que la gente es libre de votar por quien quiera. A él, que su partido lo correteó desde Santiago hasta Arica-Parinacota, se le olvidó mencionar que esa libertad se ve limitada por el acceso a figurar en la papeleta, aspecto importante de la desigualdad entre partidos políticos y ciudadanos independientes, y que luego tiene muchos años de campaña subvencionada frente a cualquier desafiante. Además, si no hubiera aceptado mansamente la supuesta humillación que le infligió su partido, tal vez hoy estaría de comentarista televisivo en el CDF.

La iniciativa de retroactividad en la no reelección, se presentó para evitar, a partir de 2021, un ejercicio de 24 años en el caso de los senadores o de 12 años en el de los diputados, frente a los cuatro sin reelección de Presidente de la República, en lo único en lo cual el sistema chileno es no presidencialista: el concepto de duración y ejercicio del poder.

Más allá de los argumentos sobre inhabilidades y abstenciones usadas por senadores de todo pelo, llama la atención la desaprensión que se utiliza al debatir estos temas, es decir, la permanencia en los cargos y los límites de ingreso, en medio de un ambiente de completo descrédito de la política. Se trata de cargos públicos, cuya regulación temporal y de remuneraciones, además de las competencias que implican, son tema de política pública, la que no puede ser expropiada de manera corporativa por la política.

En el caso de las remuneraciones, el problema podría ser bastante simple. No sobre cuánto se rebaja, sino cuál es el límite de ingresos para los empleos públicos. El problema no es rebajar las dietas parlamentarias en un 40 o 50 por ciento, sino transparentar los ingresos por todo concepto y hasta un techo, por ejemplo, no superior a 7 u 8 millones de pesos, unos 9 mil dólares, mensuales. Así se trate de un ministro, parlamentario, Presidente de la República, contralor o miembro de la Corte Suprema. Y también nadie menos de 700 mil. Es decir, 10 veces menos. ¿Drástico? ¿Ilusorio? ¿Absurdo? ¿Por qué?

Parte sustantiva de los ingresos, son las trampas de las asignaciones en todo el ámbito público chileno. Me explico. El Decreto Ley N° 249, del año 1974, fijó una escala única de sueldos (EUS), para establecer un criterio uniforme y que no hubiera distorsiones ni en un mismo servicio ni en general en la administración pública del Estado. Al poco tiempo se fue excluyendo de su aplicación a numerosas entidades, como el Poder Judicial, las instituciones fiscalizadoras, las municipalidades, etc.

Nuevas normas crearon nuevas asignaciones, cada una para motivos o circunstancias particulares, hasta el punto que en los ingresos totales de cualquier servidor público, lo que figura como base apenas equivale al 25% de lo que recibe. Todo el resto, hasta enterar el 100%, son pagos extras según su posición laboral. A lo que se debe sumar prebendas como viáticos, capacitaciones, autos y otras regalías que, en el tramo superior de las jerarquías, se transforman en propiedad corporativa del Estado.

El resto, porque siempre hay una raspado más de la olla, lo hace la red de vínculos políticos y amistades privadas empresariales, las que, a su vez, gozan de propiedad co- corporativa al tener parlamentarios a su servicio, tal como quedó en la vergonzante investigación sobre dinero y política de hace un par de años y cuyo ejemplo viviente es la Ley de Pesca.

Para volver al tema central, ser senador o diputado reelecto sin vigencia de retroactividad en las elecciones de 2021, implica para algunos la posibilidad de un mandato por ocho años más, equivalente a dos períodos presidenciales consecutivos, fuera de los dieciséis que tienen de ejercicio anterior de ser senador o enterar 12 años consecutivos si se es diputado. No podría haber un universo más acotado en cuanto a intereses que el grupo que votó contra la medida en el Senado y que –eventualmente– termine por sancionarlo como ley. Y que esté más al margen de las necesidades de equilibrio político y de ética pública política en el país.

Que sea una convicción transversal no es algo nuevo, sino bastante antiguo en la ciencia política. Y, por cierto, sobrepasa las diferencias ideológicas. Es lo que Gaetano Mosca llama el juego de la “clase política” y “la fórmula política”, en la cual la primera representa el grupo organizado de quienes ejercen el poder en la toma de decisiones y que, ciertamente, encuentran su origen en procesos eleccionarios o designaciones legales. La fórmula política, en cambio, es la manera más sofisticada que representa, no una ideología, sino una simbiosis de planteamientos, creencias y mitos que la clase política articula para ejercer y fundamentar su ejercicio de poder.

No es, según Mosca, la fórmula política la que determina política y gobierno, sino la clase política la que usa la
fórmula como interpretación, argumento e ideología que funda sus decisiones.

En medio de estallido social, del COVID-19 y, desde antes, la crisis de legitimidad de la política, lo que se ha producido en el país es una apropiación corporativa del poder, en que partidos políticos y altos funcionarios se han constituido como clase, más allá de lo que ideológicamente piensan o declaran frente a la ciudadanía. Lo que hacen, así lo está demostrando.

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