MERCADOS|OPINIÓN
El proyecto de retiro de ahorros distrae y evita que tengamos la discusión de fondo que el país necesita que resolvamos con urgencia: las pensiones son bajas y los riesgos para los ciudadanos, excesivos. No digo que haya que echar por la borda el sistema de ahorro, es necesario, pero el sistema chileno requiere reformas. Mi argumento es que el ahorro en sí mismo no es suficiente y lo que le falta a nuestro sistema previsional son elementos de seguro. En castellano, esto significa un pilar contributivo de reparto.
Los chilenos llevan 10 años esperando que resolvamos cómo incrementar sus bajas pensiones. Recientemente, ha causado interés una propuesta para que se pueda retirar hasta un 10% del fondo de pensiones. Es una mala idea por dos razones.
Primero, como ha ocurrido con otras medidas para enfrentar la pandemia, las reglas que se usan en situaciones de normalidad no son siempre apropiadas para la situación de crisis como la actual. Si se aprobara, dado que las familias requieren el dinero, debiéramos esperar un retiro masivo de fondos de pensiones. Si un 40% de los afiliados sacara $1.000.000 en promedio, las AFP debieran vender activos por USD 5.400 millones aproximadamente. Esto representa un 155% del promedio mensual de transacciones de acciones en la bolsa y el 24% de las de instrumentos de renta fija. Son cantidades enormes que tendrían un efecto negativo sobre los precios de estos activos. La consecuencia sería negativa sobre el valor de los ahorros previsionales restantes y la economía en general.
En situaciones normales, quizá, podría ser útil pensar en este instrumento si ellas guardan alguna relación con la vejez o la longevidad. La presión a la baja sobre los precios sería menos intensa, porque se repartiría en el tiempo en función de las necesidades puntuales emergentes, no para financiar consumo en un período breve.
[cita tipo=»destaque»]Una alternativa es la siguiente. Partamos de la base que hoy es inconveniente incrementar la cotización del empleador, dado el alto desempleo actual. Sin embargo, lo que se podría hacer es transitoriamente reducir la cotización del trabajador, por ejemplo, al 8%, y que sea reemplazada por una cotización de igual monto de parte del empleador. Ese 2% podría alimentar inicialmente el fondo de reparto que permitiría incrementar las pensiones hoy. Esto no tendría costo fiscal, el salario neto de los trabajadores tampoco cambiaría y el “costo empresa” del contrato laboral sería el mismo.[/cita]
En los hechos, el uso de los ahorros acumulados por las personas para su vejez quitaría presión para que el fisco financie transferencias necesarias en un período de pandemia. Esto es ilógico.
Cuando el Estado obliga al confinamiento y distanciamiento social por razones sanitarias, resuelve un problema de acción colectiva imposible de gestionar por otra vía. El grueso del financiamiento de las consecuencias de esas medidas corresponde que provengan del Estado también, que por lo demás lo financiamos todos los chilenos.
Por supuesto, el “Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la Protección y Reactivación Económica” consideró un Fondo COVID con USD 12.000 millones para financiar la pandemia. Sin embargo, sabemos que ese número es una estimación muy imprecisa de las necesidades, porque no sabemos cuánto puede costar realmente este shock. En una comparación internacional, Chile está en el rango medio-bajo de los recursos fiscales involucrados. Esto quiere decir que el Gobierno debe moverse con flexibilidad. Para este primer año comprometió solo USD 3.500 millones, pero ese límite es discrecional. Es preferible ir respondiendo a las necesidades de transferencias con pragmatismo e ir usando el Fondo COVID para financiarlas.
El Estado tiene capacidad de endeudamiento y debe usarla plenamente. Por ejemplo, podría emitir deuda para colmar el Fondo COVID con más recursos, en un reconocimiento de que no sabemos cuánto costará la crisis. Si ex post fuera necesario usar menos, la propia regla del Fondo COVID es que los recursos excedentarios pasarán al FEES. Servirán para protegernos en una próxima crisis.
Antes de requerir una medida tan extrema como usar el ahorro previsional para que las familias financien su confinamiento, el Estado debe usar con pragmatismo y creatividad su capacidad de endeudamiento. Las condiciones para tomar deuda por lo demás son difícilmente mejores. En los últimos meses muchos países han emitido deuda a largo plazo a tasas bajísimas. La semana pasada Uruguay hizo una muy exitosa emisión internacional y un poco antes EFE hizo una emisión en Chile a tasas tan bajas, que muchos proyectos que antes eran inviables ahora sí pueden hacerse. El Estado debe usar su capacidad de endeudamiento ahora y no exponer a los trabajadores a una precarización adicional de su situación previsional.
En cuanto a los pensionados, ellos continúan recibiendo sus pensiones, ya sea en la forma de retiros programados o rentas vitalicias. Su verdadero problema, como lo mencionamos, es que son pensiones muy bajas. Si los precios de los activos se corrigen a la baja, porque se permite un retiro masivo de ahorro previsional, los retiros programados bajarán y las reservas de las compañías de seguro también. La segunda razón por la cual la propuesta no es deseable es porque no se hace cargo de este problema: las bajas pensiones.
La propuesta de extracción de ahorros desvía la atención respecto de los verdaderos desafíos del sistema previsional. El corazón del problema es el siguiente: la reforma de 1980, que fue mitigada parcialmente con la reforma de 2008, transfirió a la ciudadanía una cantidad excesiva de riesgos.
El objetivo era ideológico, según escribió el propio José Piñera, “al optar por un régimen que actuaba por acumulación y que no prometía nada –mucho menos un paraíso para la vejez– estábamos evitando comprometer al sistema con riesgos demasiado grandes”. En consecuencia, dichos riesgos fueron traspasados a los ciudadanos: “El sentido común señala que estos riesgos (vejez o enfermedad) no tienen nada de excepcionales. Por el contrario, al menos en lo que concierne a la vejez, es un evento predecible. Siendo así, es imprudente no prevenirlos con la debida anticipación” (El Cascabel al Gato, pp. 16 y 18). Se puede apreciar el error conceptual: no diferencia entre el hecho casi cierto que llegaremos a la edad de jubilación, con el hecho incierto que no sabemos hasta qué edad viviremos.
La idea de inducir un comportamiento responsable es atendible. En 1958 Aníbal Pinto se refería a la “frondosa legislación social en Chile” que había perdido total relación con las capacidades del país de satisfacerlas. Corregir abusos y regímenes especiales arbitrarios era deseable, pero la reforma fue más allá y por razones, nuevamente, ideológicas: “La libertad es un fuego que templa e invita a la superación, tanto al individuo como al cuerpo social, y en la antigua previsión no hubo nada –absolutamente nada– que se le pareciera. Todas sus instituciones, todos sus regímenes, todos sus mecanismos, respondían al esquema terriblemente empobrecedor del monopolio”.
El afiliado chileno lleva sobre sus hombros muchos riesgos que no puede manejar. En un sistema desarrollado, una proporción importante de esos riesgos los absorbe el Estado. Son riesgos que no dependen del esfuerzo de la persona, sino aquellos sobre los cuales cada individuo no tiene control, por ejemplo, longevidad, crisis financieras, desempleo involuntario… o pandemias.
En efecto, la pandemia refleja de manera perfecta el problema del sistema de pensiones chileno. Los jóvenes que están ingresando al mercado del trabajo en 2020 lo harán, sin tener nada que hacer para evitarlo, con una tasa de desempleo que llegará entre 20% y 25%, algo menos a como le ocurrió hace 40 años a la generación que hoy día se está jubilando. Esas cohortes que entraron al mercado del trabajo antes y después de la crisis de 1982 estuvieron desempleados, en la informalidad o fueron independientes un largo periodo, de tal forma que no pudieron ahorrar lo suficiente siendo jóvenes. En función del caso, eso puede explicar hasta un 40% de menor pensión hoy.
La lección es que un sistema previsional no puede reposar exclusivamente en la capacidad de ahorrar, porque hay shocks sobre los cuales el individuo no tiene control. Es lo que le pasa hoy a quienes ingresan al mercado del trabajo. El Estado los fuerza a no trabajar hoy y es probable que la recuperación del empleo sea lenta los próximos años. En este período no acumularán suficiente ahorro, producto de lo cual, en 40 años más, sus pensiones serán bajas.
Por supuesto, no digo que haya que echar por la borda el sistema de ahorro. El ahorro es necesario, pero el sistema chileno requiere reformas. Mi argumento es que el ahorro en sí mismo no es suficiente. Lo que le falta a nuestro sistema previsional son elementos de seguro. En castellano, esto significa un pilar contributivo de reparto. Esto lo hemos discutido en los últimos gobiernos sin llegar a acuerdos. Las chilenas y los chilenos, con razón, están cansados de esta parálisis.
En lugar de desconcentrarnos con propuestas erradas, volvamos a discutir y a acordar cómo hacernos cargo del problema de fondo: las pensiones son bajas y los riesgos para los ciudadanos, excesivos.
Una alternativa es la siguiente. Partamos de la base que hoy es inconveniente incrementar la cotización del empleador, dado el alto desempleo actual. Sin embargo, lo que se podría hacer es transitoriamente reducir la cotización del trabajador, por ejemplo, al 8%, y que sea reemplazada por una cotización de igual monto de parte del empleador. Ese 2% podría alimentar inicialmente el fondo de reparto que permitiría incrementar las pensiones hoy. Esto no tendría costo fiscal, el salario neto de los trabajadores tampoco cambiaría y el “costo empresa” del contrato laboral sería el mismo.
Mientras dure la transición, el ahorro previsional obligatorio crecería menos rápido, dado que la cotización sería inicialmente 8% y convergería al 10% en algunos años. Incluso, se podría indexar la tasa global de cotización al nivel de desempleo. Así, en el largo plazo el sistema previsional tendría un componente de ahorro con un 10% de cotización individual y un segundo componente, donde la cotización sería de 5% que iría al fondo de reparto. Si tomamos como referencia Suecia, el 10% que en Chile va a capitalización se compara con un 2,5% que en ese país va al mismo fin. En relación con el sistema de reparto, si en Chile este podría llegar al 5%, en Suecia es 16%.
Las pensiones podrían subir hoy y mañana, incluso para la generación que vive la transición, porque ellos entonces podrán beneficiarse del pilar de reparto que, en 40 años más, estará en régimen.
En el corto plazo, además, como el incremento de pensiones sería permanente, es muy probable que se utilice íntegramente en financiar consumo. Es decir, esto sería un estímulo a la demanda interna en un momento en que es muy necesaria. La menor acumulación de ahorro tendría algún impacto sobre los precios de activos, pero muy inferior a lo que ocurriría si se aprobara la propuesta que comentamos.
El proyecto de retiro de ahorros distrae y evita que tengamos la discusión de fondo que el país necesita que resolvamos con urgencia.
