martes, 27 de octubre de 2020 Actualizado a las 17:58

EDITORIAL

SQM, Longueira, Contesse... la hora más oscura de la democracia chilena

por 5 octubre, 2020

SQM, Longueira, Contesse... la hora más oscura de la democracia chilena
Parece emblemático que la primera audiencia preparatoria del juicio oral del escándalo general de corrupción entre política y dinero, sea justamente un 5 de octubre, fecha del plebiscito de 1988, que abrió las puertas a la recuperación democrática. El recordatorio, que podría parecer anécdota de almanaque, en realidad encierra la lamentable inclusión de políticos de todas las tendencias, mezclados en una trama de corrupción que sindican a nuestra democracia como un ente jurídico semisoberano y sometido al poder del dinero. El foco estará puesto en el buque insignia de la actividad empresarial corruptiva, Soquimich (SQM), y su capitán de dineros, Patricio Contesse, y, entre los políticos, en Pablo Longueira, exsenador y exministro de la UDI, acusado por cohecho –y también por múltiples y reiterados delitos tributarios, pero como el SII, inexplicablemente, no se querelló por dichos delitos, quedaron fuera del juicio–.
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El largo tiempo transcurrido desde el inicio de los hechos, casi ha licuado la memoria ciudadana sobre el megaescándalo del financiamiento ilegal de la política en el país.

Pero, pese al “neteo” y empate político que tempranamente invadió el escenario, de la mano de ambiguas reacciones del Ministerio Público y de los sucesivos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, finalmente un Tribunal de la República fijó para hoy, 5 de octubre, la fecha para iniciar el primer juicio oral sobre esos delitos, que puede llegar a ser un momento de transparencia y sanación.

En este proceso judicial, el foco estará puesto en el buque insignia de la actividad empresarial corruptiva, Soquimich (SQM), y su capitán de dineros, Patricio Contesse. Y, entre los políticos, lo estará en Pablo Longueira, exsenador y exministro de la UDI, en la actualidad un operador político intermitente, acusado por un grave delito de cohecho –y también estaba acusado de múltiples y reiterados delitos tributarios, pero como el Servicio de Impuestos Internos (SII), inexplicablemente, no se querelló por dichos delitos, quedaron fuera del juicio–.

Hubiera sido bueno que los juegos de intereses y presiones en torno al Servicio de Impuestos Internos (SII), por ejemplo, de Rodrigo Peñailillo, el entonces ministro del Interior de Michelle Bachelet; la presencia de operadores corporativos y lobbistas como Enrique Correa Ríos, Darío Calderón y Luis Cordero Barrera; de empresas como Penta, Corpesca, Inmobiliaria Copra, el grupo Von Appen y otras; o parlamentarios como Fulvio Rossi, Jaime Orpis, Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Jorge Pizarro y tantos otros, pudieran haber sido aclarados a tiempo y de cara a la ciudadanía. Queda esta deuda jurídico-política para la historia, en las horas más oscuras de la política chilena en democracia.

Julio Ponce Lerou, quien fue yerno de Pinochet y entonces era controlador directo de la empresa, quedó fuera del proceso, no se sabe bien cómo ni por qué. Pero Patricio Contesse, su mano derecha y operador, va al frente imputado de soborno y de múltiples delitos tributarios, al decidir e instruir, en SQM y sus sociedades coligadas, el registro e incorporación de declaraciones juradas, boletas y facturas falsas, así como hacer declaraciones fraudulentas de impuestos en su contabilidad, para encubrir muchísimos pagos ilegales a diversos políticos de todo el espectro de partidos.

Parece emblemático que la primera audiencia preparatoria del juicio oral de este escándalo general de corrupción entre política y dinero, sea justamente un 5 de octubre, fecha del plebiscito de 1988, que abrió las puertas a la recuperación democrática. El recordatorio, que podría parecer anécdota de almanaque, en realidad encierra la lamentable inclusión de políticos de todas las tendencias, mezclados en una trama de corrupción que sindican a nuestra democracia como un ente jurídico semisoberano y sometido al poder del dinero.

Hubiera sido bueno que los juegos de intereses y presiones en torno al Servicio de Impuestos Internos (SII), por ejemplo, de Rodrigo Peñailillo, el entonces ministro del Interior de Michelle Bachelet; la presencia de operadores corporativos y lobbistas como Enrique Correa Ríos, Darío Calderón y Luis Cordero Barrera; de empresas como Penta, Corpesca, Inmobiliaria Copra, el grupo Von Appen y otras; o parlamentarios como Fulvio Rossi, Jaime Orpis, Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Jorge Pizarro y tantos otros, pudieran haber sido aclarados a tiempo y de cara a la ciudadanía. Queda esta deuda jurídico-política para la historia, en las horas más oscuras de la política chilena en democracia.

Es fácil entrever que muchas conductas ilícitas de SQM se orientaron a obtener influencias que mejoraran la posición negociadora de esta empresa frente al Estado de Chile, respecto de la explotación del litio y múltiples otras actividades, como un menor pago de royalties. Era un secreto a voces que Julio Ponce Lerou compraba favores políticos en todas partes, llegando a mantener una verdadera “bancada parlamentaria” propia, para capear el temporal de problemas que tenía tanto en Estados Unidos como en Chile.

A lo anterior hay que sumar otros hechos ilícitos del entonces controlador de SQM, como lo fueron las denominadas Cascadas, operaciones de compra y venta fraudulentas de acciones realizadas por las sociedades que manejaban esta minera no metálica, sancionadas por la autoridad reguladora con las multas más altas de la historia de Chile, pero que, sorprendentemente, a fines de la semana pasada, la Corte Suprema, en fallo dividido, rebajó sustancialmente.

Hoy, con el inicio del juicio oral contra Contesse, Longueira y otros, aunque específico en sus objetivos, surge la oportunidad para develar ante la opinión pública ese y muchos otros delitos de cohecho ocurridos por aquellos años, así como delitos financieros y tributarios por pagos a políticos, que no solo infringieron la ley chilena, sino también la Ley de Prácticas de Corrupción en Estados Unidos, establecida por la SEC.

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