Opinión
Quizás sea ese el punto de partida: el fracaso de las diversas elites –de todos los colores– por entender la naturaleza del desafío. Como el senador Huenchumilla ha señalado reiteradamente, La Araucanía es ante todo un problema político. No es solo un problema de tierras, ni de pobreza, ni menos se puede reducir a un problema policial. Peor aún, sindicarlo como una ramificación del narcotráfico. Esas interpretaciones reduccionistas solo nos pueden llevar a respuestas parciales.
Lo sucedido en la comunidad de Temucuicui es lamentable en muchas dimensiones. En primer lugar por la muerte de un funcionario policial. Como es de lamentable la muerte de todo comunero y todo agricultor. La violencia se ha instalado en la región, lo que demuestra el fracaso del Estado chileno para enfrentar el tema.
Quizás sea ese el punto de partida: el fracaso de las diversas elites –de todos los colores– por entender la naturaleza del desafío. Como el senador Huenchumilla ha señalado reiteradamente, La Araucanía es ante todo un problema político. No es solo un problema de tierras, ni de pobreza, ni menos se puede reducir a un problema policial. Peor aún, sindicarlo como una ramificación del narcotráfico. Esas interpretaciones reduccionistas solo nos pueden llevar a respuestas parciales. Por cierto, en democracia también hemos conocido buenos intentos en estos años, diferentes iniciativas de inclusión, pero reconozcamos que el desafío sigue pendiente.
Es claro que el mundo mapuche, y de los pueblos originarios en general, posee una extraordinaria diversidad, muchas veces propia de nuestra cultura –por la centralidad de la comunidad por sobre el individuo–, lo que dificulta una interlocución fácil con el resto de la población y, sobre todo, frente al Estado. En esa diversidad existe un amplio abanico de opiniones, incluidos sectores que “le han declarado la guerra al Estado de Chile”. No son mayoría, pero son muy notorios (y algunos se encargan de sobredimensionarlos). Al hacerlo, se nubla la verdadera naturaleza y dimensión del desafío étnico y mapuche en especial.
[cita tipo=»destaque»]Detengámonos en esto último. El narco se está extendiendo en el país, especialmente en las grandes zonas urbanas. Todos los días conocemos de sus fechorías. Es probable que elementos en algunas comunidades se hayan contaminado, al igual que amplias comunas y poblaciones del “Chile huinca”. Condenable. Pero… ¿autoriza esto a que las autoridades traten de hacer un símil entre demanda indígena y narcotráfico? Es un exceso, un recurso a lo Trump. Pura posverdad. No ayuda en nada ni a entender la problemática indígena ni menos a solucionarla. Eso sí, puede dar votos y cohesionar electorado conservador.[/cita]
Es en este contexto que nos ubicamos al analizar el reciente episodio.
El operativo desplegado en la comunidad deja muchas preguntas por despejar. Lo que a la fecha ha trascendido a la opinión pública plantea muchas sombras. Veamos.
1. La fecha
Los allanamientos los ordena un tribunal, la fecha la determina el fiscal. En este caso se conocía desde hacía días la coincidencia con el fallo del juicio por la muerte del comunero Catrillanca. Es probable que la PDI no manejase este calendario, pero existe, para eso se nombró pomposamente un coordinador de seguridad para la macrozona sur. Que a la fecha brilla por su silencio. ¿Qué coordina entonces esta autoridad?
2. ¿Conocía la autoridad política del operativo ordenado por Fiscalía?
Todo indica que sí, un operativo de esta magnitud debió conocerlo el Ministerio del Interior y la Intendencia. Según un portal (Ex-Ante) el jefe de defensa (militar) solo fue avisado una hora antes, dado que sus atribuciones se han reducido a las tareas de la pandemia. ¿La autoridad política no captó lo explosivo de la coincidencia de fechas entre el operativo y la sentencia del caso Catrillanca? Peor aún: si, como es lo más probable, lo conocía, siguió adelante.
¿Hipótesis? ¿Nublar el impacto del fallo? ¿Encontrar a una comunidad semivacía dada la presumible presencia de la mayoría de los comuneros en el tribunal? Cualquiera sea la hipótesis, demostraría que el tema se habría manejado con afanes de coyuntura, sin captar la complejidad de la situación y sus consecuencias. Otra versión que circula es que se quería demostrar que el Estado podía entrar a cualquier parte del territorio. Obviamente el resultado no fue ese.
3. Los medios
Desconozco si ha existido una operación en el pasado reciente donde se haya empleado un número tan alto de participantes (800 según prensa). Muchos de ellos trasladados de otras ciudades, como era el caso del inspector fallecido, proveniente de Iquique. Ese solo hecho demostraría que las autoridades políticas tenían conocimiento pleno de la operación. Toda comisión de servicio, es decir, el traslado de un funcionario de su lugar habitual a uno diferente implica autorización de gasto de pasajes y viáticos. Asignación presupuestaria que supone conocimiento de las autoridades del Ministerio del Interior.
Desconozco si los medios técnicos que se emplearon eran los adecuados, lo digo ante la proliferación de comentarios en ese sentido en estos días. Pero llama la atención que una operación de esta envergadura (y de esta sensibilidad) se le haya encargado a una sola institución y se careciese de mínimos apoyos interagenciales. Nuevamente, el coordinador de seguridad pública le debe a la opinión pública una trasparente explicación. Lo mismo el Ministerio del Interior. ¿O se quiere dejar toda la responsabilidad a la PDI?
4. Las explicaciones posoperativo
El operativo mismo deja muchas preguntas abiertas. Pero no debe dejar entre paréntesis la condena clara y categórica a la violencia. En eso no puede haber ambigüedad. Me refiero a la violencia de parte de grupos radicales, cualquiera sea su filiación, y por cierto, también al uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado. Vale para esta ocasión y para siempre.
La correspondiente investigación judicial aclarará los hechos. Ya hemos dicho que además en la zona operan desde hace rato grupos radicalizados, no solo de sectores mapuches, sino también de civiles, algunos de ellos impregnados de racismo, como el llamado «Comando Trizano» y los denominados “Húsares”. Sin contar con las mafias madereras y el narco.
Detengámonos en esto último. El narco se está extendiendo en el país, especialmente en las grandes zonas urbanas. Todos los días conocemos de sus fechorías. Es probable que elementos en algunas comunidades se hayan contaminado, al igual que amplias comunas y poblaciones del “Chile huinca”. Condenable. Pero… ¿autoriza esto a que las autoridades traten de hacer un símil entre demanda indígena y narcotráfico? Es un exceso, un recurso a lo Trump. Pura posverdad. No ayuda en nada ni a entender la problemática indígena ni menos a solucionarla. Eso sí, puede dar votos y cohesionar electorado conservador.
Como se ve, estas y muchas otras explicaciones se merece la ciudadanía. Pero sobre todo se necesita mirar sin prejuicios y con realismo la situación. Problemas sociales no se resuelven con la fuerza. El deber de toda autoridad es velar por la cohesión social y, por cierto, por el cumplimiento de la ley.
Los chilenos estamos entrando al proceso constituyente. Una inmensa mayoría (80%) se pronunció a favor de una nueva Constitución y ahí vamos. El reconocimiento de los pueblos originarios figura entre una de las más consensuadas aspiraciones. La elección de representantes originarios –al igual que los independientes– pudo haber sido mejor diseñada, pero es un gran avance.
Es uno de los mejores caminos para enfrentar este desafío pendiente. No será ni rápido ni fácil, pero es el más sólido. Por tanto, lo que corresponde es apoyar la máxima participación y facilitar este proceso a lo largo de todo el territorio y en especial en La Araucanía.
En esa forma avanzaremos en el diálogo real. No queremos más comuneros asesinados ni policías baleados. Ni discursos de odio y de racismo. Diseñemos un Chile en que todos quepamos y construyamos el nuevo pacto social que requerimos para el siglo XXI.
