Opinión
Estados Unidos es una democracia tutelada, planeada desde lo más profundo de la historia para filtrar, redirigir, enmarcar, controlar la expresión cultural, popular, política y electoral de sus ciudadanos. Todos los detalles del sistema institucional dan respuesta para entender este marco. Eso explica el enorme avance de Trump, el control y apoyo al que ha llegado entre la base popular del Partido Republicano y los más de 70 millones de votos obtenidos el 3 de noviembre, el más alto de cualquier candidato de esa colectividad. Y ese marco histórico de déficit democrático de acceso al poder de los ciudadanos y odio al Estado, es el que ha desencadenado en parte los eventos del 6 de enero. Trump fue exitoso manipulando ese sentimiento y utilizándolo para su beneficio personal.
“Esto no es lo que somos”, ha señalado insistentemente la clase política de EE.UU. tras los gravísimos hechos del 6 de enero, cuando una turba de partidarios de Donald Trump invadió brutalmente el Congreso acá en Washington DC, llevándose consigo la vida de 5 personas. Y traumatizando a toda una nación –y a un planeta– que no podía creer que esas imágenes provinieran del país desarrollado de América del Norte.
Las preguntas claves han sido simples: “¿Por qué?” y “¿Cómo?”. La respuesta está a flor de piel, simulada estratégicamente gracias al concepto de “excepcionalismo estadounidense”, que tanto daño ha hecho a la propia historia de la democracia del país. También ha afectado al resto del planeta que se ha tropezado en el camino del avance estratégico de Estados Unidos, ya sea económico, político o ideológico. Ya lo saben las decenas de países que históricamente han enfrentado sanciones (la mayoría unilaterales e ilegales según el derecho internacional).
La fuerza destructiva en los rostros blancos de los partidarios de Trump es parte de la sociedad de EE.UU. desde su origen fundacional. La frase “esto no es lo que somos”, simplemente evade la razón fundamental detrás de la facilidad con que una persona desequilibrada como Trump ha logrado llegar al poder máximo del planeta.
[cita tipo=»destaque»]El “accidente” Trump simplemente le dio voz, quizás por primera vez desde el poder presidencial, a una gran cantidad de almas conservadores que han guardado esos sentimientos mezcla de rabia contenida y temor por doscientos años de opresión política e institucional. El Partido Republicano no es una casa cómoda para esos valores extremos del ahora llamado “trumpismo”. Sus líderes en el Congreso y la directiva nacional defienden el marco institucional, las leyes, los poderes formales, la ley y el orden actual. Por eso, decenas de republicanos están marcados por las amenazas de muerte de quienes invadieron el Congreso y por los millones que concuerdan con los insurrectos desde sus casas, en los rincones alejados de la capital del poder en Washington DC.[/cita]
¿Una de las razones fundamentales y desarrollada en este análisis? Estados Unidos es una democracia tutelada, planeada desde lo más profundo de la historia para filtrar, redirigir, enmarcar, controlar la expresión cultural, popular, política y electoral de sus ciudadanos. Todos los detalles del sistema institucional dan respuesta para entender este marco.
Eso explica el enorme avance de Trump y el control y apoyo al que ha llegado entre la base popular del Partido Republicano. Y los más de 70 millones de votos obtenidos el 3 de noviembre: el más alto de cualquier candidato de esa colectividad. Y ese marco histórico de déficit democrático de acceso al poder de los ciudadanos y odio al Estado, es el que ha desencadenado en parte los eventos del 6 de enero. Trump fue exitoso manipulando ese sentimiento y utilizándolo para su beneficio personal.
Todo inicia con el Colegio Electoral. El público en general no se da cuenta que, aparte de lo evidente de que los votantes no eligen directamente al presidente del país, los votos electorales representativos de cada estado pueden ser anulados, cambiados, modificados o excluidos por el Congreso.
Lo que estaba haciendo el Senado el 6 de enero, de certificar los votos enviados por cada estado de la unión, es en la época contemporánea un acto protocolar. Pero detrás de ese trámite, que Trump presionó al máximo para utilizar a su favor y anular estados que perdió, está el marco legal que en ocasiones de la historia ha cumplido su rol: desviar la voluntad popular.
Incluso más. El mecanismo del Colegio Electoral señala que si el Congreso rechaza los votos enviados por algunos estados y ningún candidato llega a los 270 votos necesarios, EL CONGRESO DECIDE QUIÉN ES EL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Disculpas por las mayúsculas, pero es necesario dejar en claro las razones académicas –y por cierto dramáticas– por las que la democracia de EE.UU. es claramente un sistema de tutelaje, por sobre el voto popular.
Además, la ley en realidad no obliga a que los “electores” elegidos por cada estado para representar estos “votos electorales” ganados por uno u otro candidato deban finalmente votar por el candidato ganador. En rigor, pueden cambiar ese voto. En la época contemporánea eso no sucede por el sentido de “honor” de facto que existe de respetar esos resultados, y algunas leyes estatales que intentan asegurarse que esa proporción sea la que se envíe al Congreso. Pero la ley claramente está diseñada para no respetar necesariamente el voto de los ciudadanos de a pie.
El mero hecho de que el Colegio Electoral le ha dado la presidencia a personas que no han logrado la mayoría de votos, ya es de por sí una aberración democrática que el pueblo estadounidense acepta pasivamente. Trump, sabemos, obtuvo 3 millones menos de votos que Hillary Clinton. Al Gore obtuvo más votos que George Bush y sin embargo, otro republicano alcanzó el poder total.
El Colegio Electoral es cierto que, citando una de las cosas “positivas” que suelen nombrarse, logra que hasta los estados pequeños tengan importancia. La idea detrás de esta visión, es que los candidatos deben poner atención a esos estados pequeños, visitarlos, considerarlos en sus campañas. Pero en la matemática de la situación moderna, esa razón ya no existe.
El sistema es tan cerrado y controlado, que las elecciones se deciden ahora bajo un puñado de estados “péndulo”, que definen realmente al ganador ya no sobre la base de 150 millones de votos, sino que sobre unos cuantos miles. Incluso a nivel macro, en los condados: Trump en realidad triunfó en 2016 tras ganar algunos condados clave en esos estados “péndulo”. Es decir, por un factor de algunas decenas de miles de votos, no millones.
Pero la razón principal del Colegio Electoral es la desconfianza, de las autoridades de la época colonial que fundaron la nación moderna y la Constitución, sobre la capacidad del pueblo de elegir correctamente su destino. Fenómeno que las repúblicas jóvenes postindependencia tuvieron en América Latina.
A todos los países de las Américas les tardó por lo menos 150 años dejar que las “masas incultas” –como las definían– votarán en elecciones libres. El voto fue una lucha lenta y llena de abusos, limitando el acceso al sufragio según arbitrariedades basadas en requisitos de educación, dinero, estatus y género. ¡El voto a las mujeres fue, vergonzosamente, solo cedido hace poco más de medio siglo!
Todo está diseñado en Estados Unidos para mantener la expresión popular bajo límites finitos. La Corte Suprema, un suprapoder que domina la vida de más de 300 millones de almas, tiene a miembros vitalicios, que no son elegidos por nadie, excepto por un puñado de senadores y un presidente.
El sistema electoral de EE.UU., utilizando con toda la fuerza y el dinero posible el sistema de cortes judiciales, mantiene a todos los partidos políticos independientes fuera de opción de optar al Congreso y menos a la presidencia. El Partido Demócrata, por ejemplo, gasta en cada elección millones de dólares para que el Partido Verde no pueda llegar a las papeletas electorales. El Partido Republicano ha sepultado al llamado “Tea Party” y a los “libertarios”, para que no tengan opción electoral, excepto fusionándose con la militancia del GOP.
Donald Trump y mucho de lo que representa es una anomalía dentro de los valores políticos y religiosos del Partido Republicano. La única razón por la que compitió dentro de las primarias de ese partido fue para optar al poder presidencial, habiendo sido antes demócrata y apoyado a Bill Clinton. De forma similar, Bernie Sanders es una anomalía dentro del Partido Demócrata, con valores socialistas que no encajan en los cánones de centro-centro del partido de Obama. Por la misma razón de Trump, Sanders no tiene otra opción. Ambos candidatos, en cualquier otro país, habrían fundado sus propios partidos, creado alianzas estratégicas con una diversidad de voces, y competido.
Según todas las cifras, es perfectamente posible que Trump o Sanders por sí solos podrían haber optado a un porcentaje significativo de votos. Con las alianzas de un sistema multipartidista, Estados Unidos podría tener alternancias presidenciales realmente democráticas y no solo la dictadura binominal del Partido Republicano y del Partido Demócrata.
Nuevamente la frase “esto no somos nosotros” respecto de la violencia brutal exhibida el 6 de enero, tampoco tiene que ver con la realidad de EE.UU. Todos los movimientos de demandas populares profundas han sido procesados a través de la violencia. Los dos movimientos de revolución social real, fueron moldeados a través de la misma violencia brutal. La abolición de la esclavitud se logró tras la muerte de 600 mil estadounidenses, en una guerra civil cruel y salvaje. Tan salvaje, que todavía la bandera confederada pro esclavista de los estados del sur, es símbolo de orgullo y dolor para millones de sureños, muchos de los cuales la llevaron al asedio al Congreso este enero.
El segundo gran movimiento de reforma fue el de los derechos civiles a mitad del siglo XX, reprimido horriblemente en las calles de todo el país, especialmente en los estados del sur. Casi todos los líderes fundamentales y los políticos que los apoyaron fueron asesinados. Martin Luther King que celebramos esta semana, junto a Malcolm X, John Kennedy, Robert Kennedy, Louis Allen, Willie Brewster, Benjamin Brown, Johnnie Mae Chappell, James Chaney, Addie Mae Collins y sobre 100 más, muchos de esta lista desconocidos para las nuevas generaciones. Una masacre que se pretende olvidar en la época contemporánea.
La violencia del Estado bajo la presidencia de Lincoln durante la guerra civil traumatizó tan profundamente a los vencidos que porfiadamente defendían la aberración de la esclavitud, que fundó para siempre un odio visceral e irracional contra ese Estado como símbolo. Es la razón de que llegara hasta nuestros días la cultura de milicias civiles armadas, el culto a las armas de fuego y la defensa casi religiosa de la segunda enmienda.
Toda la cultura blanca –también de otras razas– más radical de EE.UU. gira en torno al rol del Estado como enemigo opresor de las vidas privadas de los estadounidenses. La misma visión “antiimperialista” de los pueblos del mundo que han sufrido la acción militar o de operaciones encubiertas de los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, la viven ideológicamente las milicias blancas supremacistas del “país profundo”.
En este sentido, lo que vimos el 6 de enero no fue una acción de una turba inculta y salvaje. El grueso de los partidarios de Trump sí está conformado por mucha población rural, con menos años de educación formal, con altos índices de pobreza, con mayor vulnerabilidad laboral. Eso dicen las encuestas. Pero entre la turba de ataque al Congreso había congresistas estatales, profesores universitarios y académicos, altos gerentes de empresas, abogados, policías, militares de alto y bajo rango, bomberos, doctores y enfermeros. El impeachment (acusación constitucional) contra Trump, pese a lo clarísimo de su crimen incitando la insurrección contra otro poder del Estado, fue negado por 197 congresistas republicanos. Un 82% de los republicanos no considera que Trump sea responsable por el ataque al Congreso. Todas cifras reveladoras.
Es clarísimo. Los sentimientos de “esto no somos nosotros” no tiene asidero en la realidad concreta de la sicología social del país. Es tan profunda la desconfianza y el desprecio de una gran cantidad de población contra el Estado, que esa población blanca, empobrecida y conservadora, prefiere rechazar la ayuda de medicina pública y gratuita de ese Estado, al que considera una amenaza “socialista”.
Para ayudar a entender este punto, el repudio al socialismo no es necesariamente contra el bienestar social del modelo (mal que mal, EE.UU. tiene una gran infraestructura socialista aunque no se defina en esos términos). Lo que esa población de derecha teme, es el control social, percibiendo amenazas desde un Estado que aplastará sus decisiones, estilo de vida, valores, espacio privado, de la misma forma en que lo hizo en el siglo XIX en torno a la guerra civil. Es tan fuerte ese sentimiento, que prefieren fallecer por enfermedades prevenibles antes de aceptar la ayuda de atención médica gratuita del gobierno. Prefieren seguir dando libertad al culto a las armas, que limitar ese derecho tras cada masacre de vidas inocentes, como la veintena de niños acribillados en la escuelita Sandy Hook. Tras ese hecho traumático, no se aprobó ni una sola reforma relevante de control de armas, resistido rabiosamente por los defensores de la segunda enmienda.
El “accidente” Trump simplemente le dio voz, quizás por primera vez desde el poder presidencial, a una gran cantidad de almas conservadores que han guardado esos sentimientos mezcla de rabia contenida y temor por doscientos años de opresión política e institucional. El Partido Republicano no es una casa cómoda para esos valores extremos del ahora llamado “trumpismo”. Sus líderes en el Congreso y la directiva nacional defienden el marco institucional, las leyes, los poderes formales, la ley y el orden actual. Por eso, decenas de republicanos están marcados por las amenazas de muerte de quienes invadieron el Congreso y por los millones que concuerdan con los insurrectos desde sus casas, en los rincones alejados de la capital del poder en Washington DC.
La expresión de la violencia es una muestra pública de esa necesidad profunda de reforma democrática que necesita este país. Los grupos progresistas concuerdan con la misma demanda de reforma, pero pujan por la apertura democrática centrándose más que nada en esfuerzos legales para romper el cerco autoritario e intentando movilizar en las calles, buscando crear poder desde la sociedad civil (sindicatos, asociaciones profesionales, medios de comunicación, movimientos de base popular y activismo). Pero ese nivel de operación es una trampa del sistema, pues siempre los dejará fuera del espacio electoral y el poder real de cambio: el Congreso, la presidencia y la Corte Suprema.
La nación que en nombre de la democracia impone su hegemonía al resto del planeta es, en su seno ideológico, un país que reprime el multipartidismo y que no acepta el voto directo para los presidentes. Un país que, pese al crimen de insurrección (y otros más gravísimos de Trump), no concuerda en destituir al mandatario, por las trabas de altísimo quórum que la Constitución impone para cualquier cambio que debilite al modelo de democracia tutelada. Con una Corte Suprema de miembros vitalicios, omnipotente e irreformable sin antes tener altísimas mayorías. Con un sistema legal y electoral que ataca a los partidos nuevos que luchan por representar la diversidad de voces del país.
El desquiciado show de Donald Trump en estos cuatro años de delirio, ha logrado mover irónicamente algunos centímetros del velo protector de un sistema de raíces profundamente antidemocráticas. La clase política tendrá toda la razón al intentar sepultar al trumpismo de forma rápida y ejemplificadora. El riesgo es que la necesidad de reforma institucional que devuelva parte del capital político y del derecho legítimo de acceso al poder formal al pueblo estadounidense, sea también neutralizado al mismo tiempo por las siguientes décadas. Y ese es, también, un crimen político y social contra las futuras generaciones.
