El mundo también busca un pacto fiscal más justo

Asistimos a un enorme paso a nivel internacional para poner barreras a la forma de operar de las multinacionales que, aprovechando los intersticios de la economía global, consiguen reducir su tributación o incluso no pagar impuestos. Por largo tiempo estas compañías han diseñado entramados jurídicos para registrar las utilidades en jurisdicciones de nula o baja tributación, o en lugares que no otorgan información para trazar la responsabilidad fiscal de las empresas. A ello se han sumado las empresas digitales que consisten en plataformas de comunicación y servicios que, por definición, no tienen morada y son claramente transnacionales. Hasta ahora hay una tierra de nadie, donde las multinacionales pueden operar reduciendo al mínimo sus responsabilidades tributarias y tienen la opción de elegir dónde tributan, privilegiando aquellos lugares que son menos exigentes en materia fiscal, ambiental y laboral. 

Esta situación debe cambiar y el acuerdo que se ha logrado a nivel de OCDE, luego de años de trabajo en esta materia, es un paso mayor en ese sentido. En el marco de los acuerdos del G20 que se reúne la próxima semana en Venecia, OCDE ha comunicado un acuerdo entre 130 países para generar un nuevo concepto de asignación de utilidades entre las jurisdicciones, y establecer un impuesto mínimo de al menos el 15% sobre los beneficios de las mayores empresas del mundo, el que deberá ser ratificado por los respectivos Estados. Este acuerdo permitirá que las multinacionales paguen impuestos allí donde hacen negocios y no donde les resulte más barata la tributación. Esto incluye a las nuevas plataformas tecnológicas, como Google, Amazon, Facebook, Uber, Airb&b. 

El acuerdo establece un doble dispositivo para asegurar que las grandes multinacionales paguen efectivamente impuestos y estos se distribuyan en forma justa. El primero redirecciona algunos derechos impositivos de estas empresas desde sus países de origen hacia los lugares donde realizan sus actividades y obtienen ganancias, aunque no tengan sus casas matrices ni presencia física en estos. Ello permitiría un beneficio de 100 mil millones de dólares, especialmente para países en desarrollo, puesto que el origen de la mayoría de estas compañías está en los países más ricos. Es decir, habrá una redistribución de los ingresos fiscales generados por la tributación de estas empresas.

El segundo dispositivo consiste en un impuesto de sociedades global mínimo de al menos 15%. Así, estas corporaciones no podrán esquivar sus obligaciones tributarias desviando sus actividades a países con impuestos más bajos o a aquellos que hacen dumping fiscal. Esto generará, de acuerdo con los cálculos de la organización, unos 150 mil millones de dólares de ingresos impositivos adicionales. Los estudios de la OCDE mencionan que la situación actual, sin acuerdo de fiscalidad internacional, resta cada año unos 200 mil millones a las finanzas públicas de los países del mundo.

Para Chile esta noticia es esperanzadora. Aunque creemos que el acuerdo podría ser más audaz en el establecimiento de una tasa mínima mayor y redistribuir mayores recursos a los países en vías de desarrollo, nos muestra que no estamos solos en nuestro esfuerzo por evitar la elusión fiscal y lograr que los que más tienen paguen más. Nos reafirma que hay voces en todo el mundo que entienden que la globalización debe ser corregida para evitar que sus efectos incrementen las desigualdades y reorientada para transformarla en un factor de desarrollo sostenible e inclusivo. Nos prueba, por último, que el multilateralismo es una herramienta poderosa para lograr cambios en el mundo cuando se trabaja con seriedad y persistencia. Esos tres pilares serán parte de nuestro gobierno y nos encargaremos que la política exterior de Chile sea consistente con los valores democráticos, con los derechos humanos, y la búsqueda de un orden global justo, respetuoso de los derechos humanos y el medioambiente.