Publicidad
El «desolador» balance del INDH a dos años del 18 de octubre: de las 3.072 querellas presentadas por el organismo solo 4 han recibido sentencias condenatorias PAÍS

El «desolador» balance del INDH a dos años del 18 de octubre: de las 3.072 querellas presentadas por el organismo solo 4 han recibido sentencias condenatorias

El director del organismo público, Sergio Micco, aseguró que el panorama en materia de Derechos Humanos en Chile «es desolador, sobre todo cuando uno conversa con las víctimas y frente a eso el silencio del Estado». Desde el ente fiscalizador critican que, a dos años del estallido social, «el Estado no está cumpliendo con sus deberes en materia de verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición». Además, junto con valorar una serie de propuestas legales, en relación a la modernización de Carabineros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos pide ir «un paso más allá» en la reforma a la policía.


Citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el INDH Chile señaló que «los Estados deben prevenir, investigar, y sancionar, toda violación a los derechos reconocidos por la Convención, y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y la repararon de los daños producidos».

A poco de cumplirse exactamente dos años del 18 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó un balance sobre la situación judicial y de acompañamiento a las víctimas que denunciaron violaciones a sus derechos fundamentales, tras el estallido social, y aseguró que el panorama es «desolador», respecto de «los más graves hechos desde el regreso de la democracia».

El servicio público dirigido por Sergio Micco puso especial énfasis «en aquellas denuncias que no hemos resuelto». Y es que según datos del ente fiscalizador, de acuerdo al seguimiento de acciones judiciales, al 2020, se habían presentado 2.917 querellas de las cuales 52 procedieron a formalización, hubo 111 imputados formalizados y solo una sentencia condenatoria.

Sin embargo, hoy, al 2021, hay 3.072 querellas, 70 con formalización, 136 imputados formalizados y solo 4 sentencias condenatorias. «Hemos avanzado muy poco», afirmaron desde el INDH, recalcando que el panorama «sigue siendo así después de dos años».

Si bien hay cuatro veces más sentencias que hace un año, destacan, es solo un 0,03% de las investigaciones del Ministerio Público en dos años. «Seguimos estando en situación de impunidad, respecto a cumplir con la obligación de sanción a las violaciones de los DDHH».

Respecto al seguimiento de las víctimas, apuntan a las debilidades del sistema de justicia, ya que en 175 oportunidades se aplicó el protocolo de Estambul (a denuncias de tortura y casos más graves), de las 632 querellas donde se había solicitado esta diligencia.

A la fecha, el numero de víctimas representadas por el INDH es de 3.528, y la cifra de víctimas contactadas es de 2.931. Aún así, acusan que existen «nudos críticos» en las investigaciones.

«Hay falta de sanción en casos de DDHH. Antes de la crisis social teníamos que menos de un 1% de los casos de violencia institucional terminaba con sentencia. Hoy día hay 0,03%».

«El Estado no está cumpliendo con el deber de sancionar las graves violaciones a los DDHH», recalcaron desde el instituto nacional, reiterando «las debilidades en el deber de investigar casos de graves afectaciones a los DDHH».

Según el INDH, también hay deficiencias en instituciones colaboradoras de la investigación, como el Servicio Médico Legal que «ha tenido muchos casos donde el protocolo de Estambul no se hace en 6 meses o dos años». «Si se hace tarde claramente ya no cumple con el objetivo que tenía que es examinar el daño de una víctima», advierten.

«Otra institución es la PDI donde hemos dicho que ha cumplido un rol importante la brigada de DDHH, por eso hemos instado a que esta brigada esté presente en regiones y que puedan colaborar, pero eso no se ha cumplido».

La principal conclusión del INDH es que, por las razones dadas, «el resultado objetivo es que el Estado de Chile no está cumpliendo con su deber preferente de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los Derechos Humanos».

«Haremos todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad»

Sergio Micco se mostró emocionado, ante una situación que «no se puede aplaudir» y por «el triste deber de presentar el reporte», y afirmó que el INDH ha aplicado «los mas estrictos estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Desarrollo para ver si se hacen o no avances».

«Nuestros informes pueden parecer hasta tediosos, los indicadores, pero ahí hay una expresión de amor por la verdad por parte del instituto y expresar los hechos que hablan por sí mismos».

Micco reiteró «el esfuerzo que hemos hecho para enfrentar las más graves violaciones a los DDHH producidas desde el retorno a la democracia». Y sostuvo que en el instituto «hemos estado por unanimidad en los consejos de afirmar que esto ocurrió y en la necesidad de hacer justicia».

«No tengan miedo de repetir una y mil veces que estamos frente a las más graves violaciones a los DDHH desde el retorno a la democracia. Esto es gravísimo».

A juicio del director del INDH, «hubo un triste deber y es penoso reconocerlo»: «El Estado de Chile está en falta y, atención, estamos en contacto con las víctimas y ellos nos reconocen como una institución cercana pero saben que somos de este Estado».

«Somos parte de un Estado que no se ha dado los medios para prevenir investigar y sancionar toda violación de los DDHH».

El INDH fue enfático en señalar que «no hablamos de resultados, sino de una debida diligencia y darse los medios». En ese sentido Micco recordó las palabras del Presidente Sebastián Piñera ante la ONU el 22 septiembre 2020, cuando dijo «haremos todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad ni para los que vulneran los derechos ni para los violentistas que atentan contra la sociedad».

¿Se han hecho esos esfuerzos? Cuestionó Micco, respondiendo de inmediato que, de acuerdo a este segundo reporte del INDH, «en dos tercios de estas áreas del Estado no se ha adoptado ninguna medida para cumplir con recomendaciones y no se han realizado las gestiones que incipientemente se han recomendado».

«Nuestro informe trata de recomendaciones, indicadores generales y específicos, seriedad. Sin embargo, detrás hay demandas por verdad, justicia, y garantías de no repetición. Hay un derecho a la verdad. Saber qué, cómo, cuándo y porqué ocurrieron los hechos es un derecho de las víctimas».

«Una convivencia pacíficamente solo puede edificarse sobre la verdad duque nos hará libres. ¿Y el Estado que ha hecho? Refugiarse en una idea de que esto es solo trabajo de los tribunales de justicia», agregó el director del INDH.

Esta concepción, para Micco, es errada, porque el recurso en los tribunales que desde ya no es rápido «se ha agravado». Y «las razones estructurales de que no haya acceso a la justicia, coyuntural por la pandemia, es que no miran el rostro de las víctimas y familiares y las confunden con decisiones judiciales que dependen de múltiples factores».

«Hay una triple victimización. Al drama de la violencia ejercida en contra de las víctimas por parte del Estado se suma la traumática experiencia de repetir lo vivido en imparciales y fríos procesos judiciales. Y a este segundo dolor sumamos el tercero, que con el paso del tiempo, sin resultados palpables en un gran porcentaje de casos, sin haber si quiera una toma de declaración ni practicada la pericia legal, se abre un tercer drama que produce en la víctima y familiares cansancio, desesperanza y también el abandono de una sociedad que ya no quiere saber más de sus causas. Que por justa que hayan considerado ya es molesta por inoportuna».

«La verdad no es solo tarea de los tribunales de justicia»

La presentación de Sergio Micco ante la prensa y el INDH fue para revelar que «las cifras son devastadoras». Afirmó que, hablando con el Fiscal, «le preguntamos cuándo vamos a saber de todas esas causas que se archivaron y todavía no tenemos el dato».

«Hay 3.400 víctimas que confiaron en nosotros, pero según cifras de Fiscalía son más de 8 mil las víctimas. Hemos presentado más de 3 mil querellas pero estamos conscientes de que mucha gente presentó querella a través de otras instituciones o a nivel personal. O simplemente hizo la denuncia y no quiso presentar la querella por múltiples razones, una es no recordar lo que vivieron o no se atrevieron».

El director del INDH explicó que hay un tercer derecho comprometido y es el derecho a la reparación, «que debe ser efectiva y rápida, vale decir,  devolver a la víctima la situación de estado anterior a la violación a sus derechos fundamentales, lo cual en muchos casos es imposible como a las víctimas de trauma ocular».

Para Micco la política de reparación tiene que ser integral, indemnizando los perjuicios ocasionados a las víctimas, que incluyen daño físico, perdida de ingresos, perjuicios morales, gastos asistenciales y rehabilitación, implicando también atención medica, psicológica y social de manera pública.

El titular de la institución encargada de velar por los Derechos Humanos en Chile recordó que, tras vivir una situación similar, la policía colombiana pidió perdón, la Corte Suprema exigió ese perdón, en democracia. «Y si las instituciones políticas y policiales chilenas no hacen esto, es evidente que su crisis de credibilidad se va a mantener».

«Es desgarrador encontrarse con personas que todavía no pueden tener una intervención para sacarse un perdigón. Mas allá del derecho internacional nacional hay un deber humanitario».

Nueva glosa y reforma a Carabineros

El director del INDH reveló que el organismo está trabajando en una glosa, la numero 12, ya que la anterior «ha sido desfigurada por un nuevo proyecto de ley de presupuesto que habla de afectados por las manifestaciones y que hoy día, sacando el instituto, deja en manos del Ministerio de Interior hacer las acreditaciones». Esto para Sergio Micco llama a promover una nueva glosa sobre las personas que fueron vulneradas en sus derechos, la recomendación es que «se reconozca el daño a todas aquellas personas que sufrieron violencia de los particulares, pero hemos insistido en que esa es una situación distinta que se debiera expresar en una glosa distinta».

En palabras simples, «acreditar a las víctimas debe hacerlo una comisión calificadora constitucional, después de hacer consulta a la sociedad civil y a las víctimas del Estado de Chile».

«Tiene que haber un proyecto de ley integral de reparación», fustigó Sergio Micco.

Otro de los ejes del trabajo del INDH es «implementar garantías de no repetición con énfasis en la renovación profunda de Carabineros. Nuestro informe por unanimidad propuso que se revisara la doctrina, la estructura orgánica, la cultura interna, mecanismos de selección y asenso, el retiro, y todo lo que es formación y capacitación inicial y permanente, que todo eso tuviera un orden en torno a la razón recta que son los DDHH».

La clave en ese caso es «mejorar las rendiciones de cuentas». Esto, en palabras de Micco, «por el propio bien de la institución policial, porque la principal característica de una institución debe ser la autoridad que le da la legitimidad y esta es el apoyo de un pueblo que considera que es digna de respeto de esa autoridad y cuando eso no existe, incluso el ejercicio de la fuerza siempre termina fracasando».

«¿Alguien cree razonablemente que con tanques y helicópteros va a solucionarse el problema en La Araucanía? Porque la fuerza incluso legalmente ejercida, si no va a acompañada de legitimidad, va a fracasar porque hay un momento en que la fuerza tiene que transformarse en un derecho en la autoridad, y el cumplimiento de la ley es un deber».

Desde el INDH valoraron una serie de propuestas de reformas legales, promovidas desde larga data y que dicen relación con la modernización de Carabineros, sin embargo, «nosotros pedimos un paso más allá en esta reforma».

«Valoramos el proyecto de ley que separa la seguridad publica de las funciones propiamente políticas del Ministerio del Interior. ¿Pero es eso suficiente? Evidentemente no —replicó Micco—, y acá también frente a las tragedias que siguen ocurriendo el INDH viene planteando hace tiempo que la fuerza física legitima tiene que ser regulada por ley y el derecho de reunión tiene que ser resultado por ley, es decir, que antes de las manifestaciones haya una coordinaron con la sociedad civil, que hayan mecanismos eficaces de observación y cuando se infringen las normas legales que hayan las investigaciones y sanciones adecuadas».

El jefe del INDH criticó que el Ministerio de Justicia «en una propuesta que nosotros también trabajamos, asumió un compromiso de presentar el primer semestre de este año la ley que regula el derecho a reunión… la seguimos esperando».

«A dos años del inicio de la más grave crisis de violaciones a los DDHH desde el retorno a la democracia, el Estado de Chile no esta cumpliendo con sus deberes respecto al derecho internacional de los DDHH en materia de verdad justicia y reparación y garantías de no repetición».

Para Micco, «el panorama en materia de DDHH nos resulta desolador, sobre todo cuando uno conversa con las víctimas, y frente a eso el silencio del estado».

Pero en el INDH, según su director, «no tenemos derecho a la desesperanza porque es el paso previo a la desesperación. Tenemos deberes para con las víctimas, familiares y la sociedad chilena entera. Gracias al apoyo de los poderes colegisladores de todas las bancadas recibimos un reforzamiento de nuestros equipos judiciales, de acompañamiento a víctimas, y estamos demostrando en concreto que se podía haber hecho mucho más».

«El INDH seguirá realizando su misión, pidiendo serena pero sostenidamente que se adopten todas aquellas medidas que apunten en la dirección de alcanzar una vez más la verdad, realizar la justicia, reparar el mal causado y garantizar que lo vivido en Chile no vuelva a tener lugar. Sobre esas bases y solo sobre esa bases podemos aspirar al reencuentro democrático de Chile», concluyó.

Publicidad

Tendencias