Los alcances de las propuestas de la comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios

Primero que todo, quisiera manifestar mi apoyo al proceso constituyente que se está generando en Chile y al esfuerzo que realizan muchas y muchos de ellos. Sin embargo, para un buen logro de esto es necesaria la participación y crítica constructiva para el mejoramiento de ella. Las bases de esta columna se dirigen en ese sentido.

El día 9 del presente mes la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios presentó una propuesta de norma constitucional titulada “Principio de interculturalidad y derecho a participar en la vida cultural” y el 16 del mismo mes se presentó otra iniciativa de norma constitucional protagonizada por Cristina Dorador. La primera norma y la segunda iniciativa fueron firmadas por todos y todas las constituyentes de la comisión y también por algunos de otras comisiones.

La primera propuesta, claramente, es muchos más amplia y abarcadora, social y culturalmente, en lo que concierne a los temas de accesos, derechos culturales y ratificaciones de convenios internacionales en comparación con la constitución que aún nos rige actualmente. Sin embargo, aún se extraña mucho, en esta como en la segunda, posturas más explícitas hacia las artes, también como “sistemas” de conocimientos, pues la segunda iniciativa del 16 de diciembre hace un claro énfasis en los conocimientos en lo científico.

Los pasajes, de una propuesta y la otra, con respecto a las artes son pinceladas aún, estableciendo definiciones y soluciones políticas y económicas basados en lo que sería “una política científica la que resuelva en concreto estos dilemas”. Pareciera que, aún, hay una especie de separación disciplinar en la comisión, pues es importante que se unan fuertemente todos los sistemas de conocimiento, incluyendo las tecnologías, no tomadas estas como solo accesorios instrumentales en la vida, sino como el problema profundo que atañe a las bases técnicas de lo que posiblemente somos como especie pensante en base a este principio primitivo de lo técnico. El punto es que los temas de tecnología no existen aún en las propuestas. Esperemos que se puedan aunar las relaciones arte – tecnología – ciencia y patrimonio como un mismo cuerpo significante, pues, por ejemplo, la primera propuesta de norma constitucional basado en derechos culturales hace un recorrido comparado de una diversidad de derechos sobre los accesos, la participación, la libertad, etc., sobre la cultura, sin, aún, alcances claros sobre lo estético y artístico.

Cuando se refieren a lo estético se muestra una pincelada que debe revisarse con mucho más atención, pues la definen, básicamente de acuerdo al modo sensible como los humanos interactuamos con el medio y como se genera aprendizaje a través de los sentidos. Todo conocimiento, toda realidad conocida, hasta ahora, en la realidad que vivimos, es “adquirida” a través de los sentidos, por lo que no puede ser una definición de estética lo que proponen. Un ejemplo de la segunda propuesta se puede leer en el siguiente párrafo: “Por otro lado, la iniciativa de norma reconoce la necesidad humana de conocer el mundo que nos rodea como una base fundamental de todo sistema de conocimiento.

Es por ello que se plantea una obligación explícita por parte del Estado de generar iniciativas vinculadas a la educación y la divulgación científicas”. Acá se requieren importantes correcciones epistemológicas y políticas, pues no se le puede atribuir a la ciencia, por si sola, la base principal de la educación como solución a los sistemas de conocimientos. Es muy claro que falta una relación o introducción inter y transdisciplinar en la conjunción de los conocimientos que englobe un complejo y actual vivir en el mundo, pues mantener ciertas separaciones en los conocimientos, como se está mostrando en estas primeras propuestas constitucionales, no tendría mayores diferencias con las normas constitucionales actuales; solo se ampliarían en derechos de accesos y participaciones, pero no nos dicen nada sobre que es acceder y participar realmente y cuales son las bases de los reconocimientos culturales y artísticos (y muy importante: las garantías que tendrían que darse para esto).

Estas propuestas, que claramente esperemos que sigan madurando y corrigiéndose, no tienen una base cultural donde la construcción del conocimiento es integral y “completamente en conjunto”. Si es mencionado en los textos, pero al término de muchos párrafos se leen distinciones claras en una relación con la jerarquerización de la ciencia (para el caso del segundo texto) como motor principal de la soluciones, poniendo énfasis en dos cuestiones que se han discutido mucho, pero se que mantienen: las libertad investigativa (que obviamente la siguen incorporando casi solamente como la investigación científica, sin incorporar los importantes estados de la cuestión con respecto, por ejemplo a la investigación artística y tecnológica en la filosofía).

Esta libertad, por sí sola, no puede ser una garantía ética, pues el genérico “libertad” solo nos conduce a lo mismo que ya vivimos en Chile: la apropiación de cualquiera (por ejemplos, con fuertes interese comerciales por encima de los bienes comunes). En este último sentido, por ejemplo, habrá que incorporar, pronto, la posición clara con respecto a los derechos de propiedad intelectual en la cual nos encontramos trabajando organizaciones científicas y artísticas que, prontamente, presentaremos normas constituyentes.

La segunda cuestión que se ha discutido constantemente y se mantiene, por omisiones de estudio en el tema claramente, es la insistencia en el derecho moral, incorporándolo como una concepción positiva. Pero quienes hayan estudiado los problemas del derecho de la propiedad intelectual en el mundo sabrán que este derecho -insisto en esto en variados textos- es personalista, y la base filosófica personalista en sí no es el problema, pero si se la deja tal cual, sin aclaraciones, las apropiaciones más rígidas de la apropiación industrial de la cultura a través del copyright quedan con extrema libertad de acción con respecto a la mantención de la posición individualista en la protección creativa.

En el caso de la segunda propuesta constituyente, para velar por el problema del concepto de libertad de investigación se apela a la objeción de conciencia, pero esta ya existe y solo logra que cualquier investigador o investigadora se aleje de un proyecto por principios éticos o morales, pero no impide que esa investigación continúe su proceso de desarrollo. Luego, avanzando en el texto, nos encontramos con una propuesta de acceso abierto y el bien común de los conocimientos para garantizar “la conservación, el desarrollo, la promoción” y la difusión de ellos. Aquí se hace patente la urgente asesoría que necesitan nuestros constituyentes, pues si en el mismo texto se refieren a los derechos morales y luego se habla de los accesos abiertos y el bien común, esto es una contradicción.

Hay que continuar apoyando el trabajo constituyente y que se aclaren conceptos y se refuercen cuestiones de importancia como las artes y la tecnología, no solo en materia de derechos y participación, sino en las relaciones activas ciudadanas que hacen posible esto. Por ejemplo, en materia tecnológica (la cual, lamentablemente es de un uso pasivo en nuestro país a nivel masivo) las bases de lo que ya se mencionan en las propuestas con respecto a los accesos abiertos y el bien común, es muy importante involucrar la apertura de los códigos tecnológicos en sí mismos, o sea en la libertad de los códigos (open source).

La colaboratividad abierta tecnológica es la libertad del conocimiento y debe explicitarse en una nación; aquí aparece el concepto de RED en su amplio sentido y no el laxo que se suele usar de red es sociales, aunque las redes sociales pueden mejorarse culturalmente gracias a una postura fuerte en la relación con la tecnología abierta y comunitaria. En este punto siempre llegamos al tema educativo para el logro de esto. Aquí pueden entrar las diversas licencias para los usos, modificaciones y formas de compartir la creación y el conocimiento de otros y dejarlo en las mismas condiciones para que quienes quieran puedan tener acceso a lo mismo.

Esto no es solo técnico, es el principio de lo común en el aprendizaje de las bases tecnológicas en las culturas que se reconocen así mismas y que crecen en base a las relaciones reales entre ellos. En este sentido el software libre (en base al GNU creado en 1983) en el Estado sería un avance. Ya existen ejemplos en el mundo de estas incorporaciones. Algunos son: Brasil, Bolivia, Cuba, Uruguay, Ecuador, Santa Fé y Río Negro en Argentina, Bogotá, Múnich (Alemania), variados gobiernos regionales en España, Francia, Italia, Rusia, todas las escuelas públicas de Austria, etc. En todos estos casos se promueven el uso de Software libre. Cabe recordar que el uso de software propietario por los estados involucra el pago anual de centenas de miles de millones de pesos a empresas privadas como Microsoft que ha mantenido amarrado al Estado chileno hace demasiado tiempo.

En la primera propuesta la concentración es en la ratificación de los tratados (recordar que no todos los tratados son positivos para variedad de temas sobre la propiedad, por ejemplo), los accesos, la participación, etc. Esperaremos y colaboraremos a potenciar las propuestas basadas en las culturas y las artes. En la segunda se recalca una concepción cientificista de la realidad como solución integral. Los otros temas son tangenciales. La real conjunción interdisciplinar sería uno de lo puntos a tratar muy prontamente, para no mal entender la posibilidad de la jerarquización de un conocimiento por encima de otros.

Debemos continuar apoyando el proceso constituyente y colaborar en sus mejoras, pues es la oportunidad que tenemos de cambiar bases estructurales de lo que abarcamos como una realidad u otra.