Opinión
Este enfoque territorial realza la necesidad de la organización barrial para crear entornos más seguros y asume como vital el conocimiento de los vecinos y vecinas para estar más comunicados. Ahora bien, en algunos barrios se tejen este tipo de redes, pero se hace presente el segundo punto que devela la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC): cuando se produce un delito, existe una escasa confianza en que la denuncia pueda generar un efecto concreto en la persecución de quienes lo cometen. El cuestionamiento al rol de Carabineros aparece de manera clara y se indica la poca capacidad de respuesta y atención adecuada a quienes denuncian, muchas veces afectados física y emocionalmente.
Los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2021 se deben analizar de una forma que escasea en estos tiempos: con cautela y seriedad. Según estos resultados, la victimización de hogares, es decir, la cantidad de personas que han sido víctimas de algún delito dentro de su hogar, bajó considerablemente respecto de años anteriores producto de la pandemia, llegando a un 16,9%. Estos resultados son consistentes incluso con los estudios realizados a nivel internacional, pero llaman la atención dos puntos: el primero es que la percepción de inseguridad aumentó a niveles históricos, llegando a un 86,9%. Lo segundo, es que hay una gran cantidad de personas que, habiendo sido víctimas de algún delito, decide no denunciar, esto es un 67,4%.
La distancia que existe entre la victimización y la percepción de inseguridad es abismante. Las razones pueden ser múltiples, sin embargo, lo que he observado directamente en los territorios que represento, es el aumento de inseguridad en los espacios públicos, falta de inversión, escasa política preventiva, y la casi inexistencia de medidas que refuercen el trabajo con la comunidad, la institucionalidad local y la presencia policial. Ante eso, urge comenzar a abordar el problema desde el concepto que se conoce como “coproducción de seguridad”, es decir, trabajar estos temas partiendo del conocimiento de la realidad local e involucrando a todos los actores de la comunidad.
Este enfoque territorial realza la necesidad de la organización barrial para crear entornos más seguros y asume como vital el conocimiento de los vecinos y vecinas para estar más comunicados. Ahora bien, en algunos barrios se tejen este tipo de redes, pero se hace presente el segundo punto que devela la ENUSC: cuando se produce un delito, existe una escasa confianza en que la denuncia pueda generar un efecto concreto en la persecución de quienes los cometen. El cuestionamiento al rol de Carabineros aparece de manera clara y se indica la poca capacidad de respuesta y atención adecuada a quienes denuncian, muchas veces afectados física y emocionalmente.
Esta realidad se vuelve doblemente preocupante al constatar que las denuncias son uno de los factores que determina la distribución de Carabineros en las comunas. Es un círculo vicioso, porque ante menos denuncias, menor presencia y mayor sensación de desconfianza. Lo que da como resultado comunidades enteras decepcionadas de antemano con la autoridad pública.
Esto queda expuesto en toda su crudeza en el diagnóstico expuesto en el Plan Nacional de Seguridad Pública presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric; los datos muestran que existe una relación directa entre las comunas con menos inversión en seguridad, aumento de delitos de mayor connotación social y la baja cantidad de denuncias. Hablamos de diferencias de inversión en seguridad tales, que en Lo Espejo se invierten $139 mientras que en Las Condes la cifra llega a $25.894, según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
No existen recetas únicas, pero como todo indica que los índices de victimización aumentarán a niveles de preconfinamiento, tenemos la posibilidad de tomar medidas preventivas que nos permitan tener mejores herramientas como Estado para perseguir el delito de manera efectiva y, al mismo tiempo, apuntar a políticas que permitan tener barrios más seguros. Y quizás lo más importante, comenzar a reparar las confianzas dañadas entre la comunidad y el Estado.
