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Condenan a 24 agentes de la DINA por el secuestro de Miguel Acuña

por 27 julio, 2019

Condenan a 24 agentes de la DINA por el secuestro de Miguel Acuña
La Corte Suprema condenó a 24 ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Miguel Ángel Acuña Castillo, ocurrido en julio de 1974 y que forma parte de la “Operación Colombo”.
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La Corte Suprema condenó a penas de prisión a 24 antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro calificado (desaparición) en 1974 de un estudiante universitario de 19 años.

El secuestrado Miguel Ángel Acuña Castillo es uno de 119 desaparecidos en el marco de la llamada "Operación Colombo", un montaje de la dictadura para encubrir la desaparición de presos políticos, con la colaboración de las policías secretas de Argentina y Brasil.

En esos países se publicaron ediciones únicas de periódicos que afirmaban que los desaparecidos habían muerto en purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), versión que fue recogida por la prensa chilena de la época.

En el caso de Acuña, la II Sala del máximo tribunal condenó a 13 años de presidio al general Raúl Iturriaga Neumann y César Manríquez Bravo, y a los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, como autores del delito.

Otros 20 antiguos agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) fueron sentenciados a 10 años de prisión, también como autores, mientras 46 más que estaban procesados fueron absueltos al no acreditarse su participación, indicaron las fuentes.

En la investigación del caso, realizada por el juez especial Hernán Crisosto, se logró establecer que el 8 de julio de 1974, Miguel Ángel Acuña Castillo, militante del MIR, fue detenido en las cercanías de su domicilio por agentes de la DINA y llevado a un centro de torturas de la calle Londres, en el centro de Santiago, donde ese mismo mes se perdió su rastro.

El año siguiente, el 25 de junio de 1975, el nombre de Miguel Ángel Acuña Castillo apareció en la lista de los 119.

En la parte civil, la Corte Suprema confirmó una condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de 90 millones de pesos a la familia de la víctima.

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