PAÍS
Ante el rechazo de expandir «Aula Segura» a los universitarios, ahora la diputada María José Hoffmann, autora de la iniciativa, presentó este nuevo proyecto para «proteger a los estudiantes».
A raíz de la agresión que sufrió el hijo de la diputada PPD Cristina Girardi en dependencias de la Universidad de Chile, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos evaluaron presentar un proyecto que extiende «Aula Segura» a los establecimientos de educación superior. La idea, sin embargo, fue rechazada por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, pero los diputados no se quedaron de brazos cruzados y volvieron con una nueva iniciativa.
Durante esta mañana, los diputados UDI presentaron un proyecto de ley que busca modificar la ley 21.091 sobre Educación Superior, con el objeto de establecer la pérdida de beneficios estatales, como la gratuidad, a aquellos estudiantes que ocasiones hechos de violencia y agresiones contra otros estudiantes y profesores, en las universidades u otros establecimientos de educación superior.
La diputada María José Hoffmann, autora de la iniciativa y quien también estaba apoyando la «Aula Segura» para universidades, explicó que “lamentablemente hemos visto la violencia instalada en la educación superior, y tal como dijo el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, la comunidad universitaria está bajo ataque. Por ello, como bancada estamos presentando este proyecto para proteger precisamente a los estudiantes”.
“En los colegios”, continuó la legisladora, “los procesos de expulsión están fijados por ley, mientras que en la educación superior, ese proceso depende de los reglamentos internos de cada establecimiento, donde cada rector tiene la facultad de aplicarlo”.
En ese sentido, Hoffmann señaló que “además de pedir que se aplique el proceso de expulsión para aquellos que provoquen hechos de violencia en la educación superior, queremos aplicar un elemento adicional. Que ese estudiante que intimida, amenaza, amedrenta, golpea o rompe infraestructura, no merece ningún beneficio del Estado”.
“Siempre debe haber un debido proceso, pero las universidades están imposibilitadas querellas contra alumnos que cometan actos de violencia. Por eso nosotros nos preguntamos si es justo que todos los chilenos tengamos que financiar la gratuidad de los violentistas”, agregó.
“La universidad es la unión en la diversidad, por lo que no podemos normalizar, ni menos aún, minimizar los hechos de violencia dentro de las universidades, como las agresiones contra el hijo de la diputada Cristina Girardi, o contra Polett Vega, por el simple hecho de ser de derecha”, enfatizó Hoffmann.
Por último, la diputada gremialista afirmó que “si no ponemos un freno a estos hechos de violencia, casos como los descritos van a seguir ocurriendo. La violencia, sea donde sea, tiene que tener consecuencias”.
