MERCADOS
El gerente general de la empresa, Andrés Fosk Belan, dice que con estas decisiones, el Estado busca cerrar la pesca industrial en Chile.
Tras la aprobación y puesta en marcha de la ley de la jibia, el mundo de la pesca vive dos caras: mientras los pescadores artesanales celebran la promulgación, en el sector industrial lo lamentan. Y como consecuencia a esto, diferentes empresas han tenido que cerrar sus plantas, desvinculando a los trabajadores. El pasado 9 de agosto, la empresa PacificBlu despidió a 367 personas y hoy se suma una nueva.
Se trata de la empresa Landes, quienes a través de un comunicado, calificaron como una catástrofe la ley de jibia, comparándola con otros desastres naturales: “En 60 años de historia de nuestra compañía, el tsunami de 2010 y las leyes que está tramitando el Congreso, son las catástrofes más grandes que hemos tenido que enfrentar. La posibilidad de levantarnos esta vez es muy incierta debido a un ánimo demoledor de los parlamentarios en contra de la pesca industrial y un gobierno que deja avanzar los cambios a las reglas del juego sin control”, precisó el gerente general Andrés Fosk Belan.
Por este motivo, la empresa cerró su planta de jibia, la que representaba un tercio de la operación de Landes, desvinculando a 232 personas, en su mayoría habitantes de Talcahuano. Fosk explicó que “hicimos los análisis tomando en consideración los pocos días del mes que los artesanales jibieros pueden pescar para abastecernos y la incerteza de ese suministro, y simplemente los números no dan. No es posible tener una dotación permanente de trabajadores y una planta funcionando y tratar de honrar contratos con clientes nacionales y extranjeros con materia prima de 3 a 5 días al mes”.
En ese sentido, el gerente general le envió un mensaje al Congreso, ya que indica que sus decisiones son golpes para la región, para la confianza empresarial y para invertir en Chile: «Se están tramitando 19 mociones parlamentarias inconstitucionales, que además de ser ilegales, no tienen el mínimo respaldo técnico y terminarán ocasionando lo que nuestra empresa está comenzando a vivir con el cierre de operaciones. Es realmente doloroso ver cómo se sacrifican industrias de manera irresponsable”.
De acuerdo a Fosk, con esta decisión, sumada a la otra moción que busca prohibir el arrastre de la merluza, el Estado busca el cierre de la pesca industrial, lo que, a su juicio, hará que más de 8 mil personas queden cesantes.
“Es francamente sorprendente que un gobierno que insiste en establecer una ruta de crecimiento y generar mayor competitividad no de señales claras para terminar con los proyectos inconstitucionales y sin argumentos técnicos que hoy inundan la discusión política en el Congreso. Es urgente que el país regrese a la senda de estabilidad y las reglas claras que permitan retomar la inversión, la seguridad jurídica y el reimpulso de la economía”, concluyó el ejecutivo.
