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Funcionarios públicos rechazan instructivo que les exige "no generar mensajes de incitación al odio en redes sociales"

por 14 noviembre, 2019

Funcionarios públicos rechazan instructivo que les exige

Crédito: Agencia Uno

En la parte final afirman que quienes realicen este tipo de mensajes serán sancionados de acuerdo a la ley sobre las libertades de opinión. Desde la ANEF y la Contraloría comentaron la situación [ACTUALIZADA]
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A través de redes sociales, funcionarios públicos compartieron un mail que les llegó, donde se les pide que "no pueden generar mensajes de incitación al odio en redes sociales, en horario laboral o fuera de este".

En el correo, indican que la legislación indica en su artículo 31 que "será penado quien por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover el odio y hostilidades respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad".

En la parte final afirman que quienes realicen este tipo de mensajes serán sancionados de acuerdo a la ley sobre las libertades de opinión.

La medida se basa en el artículo 54 de la Ley de Probidad Administrativa, donde se señala que: "se debe tener una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto al cargo". Además, hace referencia al artículo 61 del Estatuto Administrativo, en que se indica que: "se debe observar una vida social acorde a la dignidad del cargo".

Rechazo al mail

Tras el envío del mail, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile rechazó estas amenazas "de autoridades circunstanciales en el Gobierno con su 'política del terror' con prácticas abusivas y antisindicales".

"Realizaremos todas las acciones sindicales y judiciales protegiendo l@s funcionari@s públicos, frente a esta práctica dictatorial", agregaron.

Desde Contraloría aclararon "que los funcionarios no puedan realizar mensajes de incitación al odio no quiere decir que no puedan emitir mensajes de contingencia política, esto, puesto que al igual que todo ciudadano, tenemos libertades políticas y de opinión consagradas en la CPR".

Sin embargo, "esto no debe afectar la jornada laboral, ni deben realizarse dichas opiniones políticas con recursos fiscales".

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