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Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados recibe a trabajadores despedidos de Latam

por 3 junio, 2020

Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados recibe a trabajadores despedidos de Latam

Crédito: Agencia Uno

En la cita, los trabajadores fueron representados por Silka Seitz y Javier Brinzo (presidenta y al secretario del Sindicato Nacional de Tripulantes de Cabina Latam Exprés); Sebastian Brajovic y Cesar Pradenas (presidente y tesorero del Sindicato Latam Airlines); y el vocero de la Asamblea de Trabajadores Despedidos Latam, Leandro Bravo.
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Trabajadores despedidos de la aerolínea Latam llegaron este martes ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer su situación, en medio del proceso de reestructuración que realiza la empresa tras acogerse a la Ley de Quiebras en Estados Unidos. Además redactaron una carta dirigida a Roberto Alvo, CEO de Latam, pero no han obtenido respuesta.

En la cita, los trabajadores fueron representados por Silka Seitz y Javier Brinzo (presidenta y al secretario del Sindicato Nacional de Tripulantes de Cabina Latam Exprés); Sebastian Brajovic y Cesar Pradenas (presidente y tesorero del Sindicato Latam Airlines); y el vocero de la Asamblea de Trabajadores Despedidos Latam, Leandro Bravo.

Brinzo comparó la situación de Latam con la de Lufthansa en Alemania, destacando que en el caso de la aerolínea europea el Estado ayudó a la empresa y se convirtió en el accionista mayoritario.

Por su parte, Seitz, solicitó que en el caso del salvataje a Latam las autoridades resguarden los contratos colectivos de los trabajadores para cuando se retorne a la normalidad.

Leandro Bravo, en declaraciones recogidas por CNN Chile, dijo que “somos nosotros los trabajadores quienes estuvimos los primeros días de la pandemia, transportando cargas y reutilizando mascarillas. Con menos de USD$ 1 millón se puede entregar salario de tres meses a las 290 familias despedidas el 15 de mayo. La empresa maneja volúmenes de dinero grandes y ellos mismos declararon que para iniciar su proceso de reestructuración, contaban con USD$1.300 millones”.

Además de ello, apunta a que la empresa estaría pidiendo intervención estatal y que, con ese dinero recaudado, podrían reincorporarlos a sus trabajos. Sin embargo, la ley dice otra cosa.

Bravo agregó que la empresa desvinculó a 250 personas, los cuales no han tenido acceso a sus liquidaciones, por lo que no han podido calcular si los finiquitos entregados son los que corresponden, lo que constituiría una vulneración de sus derechos laborales.

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