Grupo de abogados rechazó indulto del Gobierno a dos reos de Punta Peuco condenados por violaciones a los DDHH

Con «pesar y molestia, un grupo de 38 abogados manifestó su rechazo por el indulto otorgado por el Presidente Sebastián Piñera a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzmán, dos reos de Punta Peuco que fueron condenados por violaciones a los derechos humanos.

«Con pesar y molestia, pero sin asomo de sorpresa, hemos visto que la autoridad ejecutiva del país, encarnada en la figura del Presidente de la República, ha insistido en el indulto como mecanismo para que criminales de guerra y lesa humanidad evadan las penas que han sido impuestas por los tribunales de la República», dice el comunicado.

Recalcaron que si bien el indulto está establecido en el ordenamiento jurídico, el Presidente no está obligado a utilizarlo, por lo que su uso denota «una evidente inclinación para con estos individuos, quienes ya fueron beneficiados en su anterior mandato, y que hoy, pese a los privilegios en el cumplimiento de sus penas, contando con todos los recursos para la cautela de su salud y demás derechos constitucionales, recurren a una autoridad que escucha atentamente sus ruegos de piedad y humanidad».

«Como abogados y abogadas suscribientes de esta declaración, manifestamos nuestro más categórico rechazo a esta medida presidencial, la que bajo un nuevo manto de impunidad, vulnera la memoria de las víctimas, el sufrimiento y la lucha incansable de sus familiares, y el titánico esfuerzo de profesionales, activistas, jueces y juezas que mediante el ejercicio del derecho han buscado restablecer el equilibrio roto por las atrocidades cometidas por estos criminales, quienes actuaron amparados por el Estado y que hoy, bajo argumentos de humanidad y en atención a su vejez, pero sobre todo en el recaudo de su poder y sus grupos de apoyo, persiguen su definitiva liberación», señalaron.

Consideran además que «la medida presidencial no hace sino profundizar la distancia que existe entre el gobierno y la ciudadanía, al tiempo que compromete la triste imagen que se tiene de Chile en el foro internacional, especialmente frente a los organismos de protección de los Derechos Humanos, y ante la consciencia de las mujeres y hombres de buena voluntad inclinados hacia las causas de la paz y la justicia».

Finalmente, los abogados realizaron un llamado al poder Ejecutivo para que cumpla «con sus obligaciones internacionales en materia de justicia transicional, evitando la impunidad de los culpables, respetando las decisiones judiciales, honrando a las víctimas y en definitiva, evitando que la promesa del nunca más, sea sólo palabras».