PAÍS
Créditos: Aton
«En nuestro país se requiere del urgente cierre debido a que dichas centrales termoeléctricas se encuentran afectando los ecosistema y la salud de los habitantes de las cinco zonas de sacrificio en donde se encuentran concentradas las 25 carboneras: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel”, expresaron en un comunicado la agrupación Chao Carbón
El proyecto de ley que se legislará en la jornada de hoy en la Cámara de Diputados establece la prohibición de instalaciones y funcionamiento de centrales termoeléctricas a partir del 2025. Esta propuesta va más allá del Plan de Descarbonización establecido por el Ejecutivo, el cual indica que el cierre de estas compañías es de carácter voluntario y tiene un plazo de 20 años para realizarlo, dejando eventualmente hasta el 2040 el funcionamiento de este tipo de empresas.
“Actualmente en un mundo en que en una grave crisis climática y ecológica requiere que los países sean pioneros e implementen políticas que avancen en la mitigación de las emisiones de orden global. A su vez, en nuestro país se requiere del urgente cierre debido a que dichas centrales termoeléctricas se encuentran afectando los ecosistema y la salud de los habitantes de las cinco zonas de sacrificio en donde se encuentran concentradas las 25 carboneras: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel”, expresaron en un comunicado la agrupación Chao Carbón.
Además agregaron que “las personas que habitan las zonas de sacrificio y los ecosistemas que las comprenden, han tenido que soportar por décadas la contaminación generada por este tipo de empresas, siendo gravemente expuestas a la contaminación y el envenenamiento del agua, el suelo y el aire, exponiendolas a enfermedades respiratorias, neurológicas y cardiacas, quedando en el abandono ante un Estado que no toma medidas que remedien y reparen los diversos efectos que producen estas empresas”
El proyecto tiene un artículo transitorio que indica que las empresas termoeléctricas que tengan menos de 30 años de antigüedad cierren sus funciones como plazo máximo el 31 de diciembre del 2025, para que las personas que habitan a su alrededor queden libres de la contaminación que han sido expuestos por años. Cabe recordar que el Gobierno se opuso a firmar el Acuerdo de Escazú, que tiene como objetivo velar por la protección del medio ambiente.
