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Crédito: Cancillería Chile
El canciller Allamand dijo que «la propia reforma de la Constitución que dio lugar al proceso constituyente señala que una de las obligaciones que tiene el Gobierno es poner a disposición de los constituyentes y en general del proceso, la asesoría técnica del mayor nivel que pueda obtenerse. El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio defendió esta idea, y aseguró que «no hay ningún caso, ni un atisbo, de querer influir en términos de uno u otro contenido».
El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, junto al vocero de Gobierno, Jaime Bellolio salieron al paso de las críticas hacia el acuerdo que firmó el Gobierno con la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que acompañe el proceso constitucional en Chile.
El ministro Allamand dijo a Tele13 Radio que «la propia reforma de la Constitución que dio lugar al proceso constituyente señala que una de las obligaciones que tiene el Gobierno es poner a disposición de los constituyentes y en general del proceso, la asesoría técnica del mayor nivel que pueda obtenerse. Eso está establecido precisamente en la propia reforma».
«Francamente, yo no logro entender cuál es la crítica, si en definitiva lo que vamos a hacer es poner a disposición, insisto, de los convencionales y en general de las fuerzas políticas, de las fuerzas ciudadanas que participan en este proceso, la visión que se tiene desde una de las organizaciones de mayor prestigio desde el punto de vista de las distintas políticas públicas», agregó Allamand.
«La OCDE tiene en su interior a las democracias más sólidas del mundo que precisamente albergan diversos regímenes políticos, que se pueden tener de referencia. Lo mismo puedo señalar con todo lo que tiene que ver con derechos sociales. Las constituciones europeas son las que consagran de mejor manera los derechos de las personas y particularmente los derechos sociales».
Finalmente, el canciller subrayó que «tener a la vista el régimen político, las normas constitucionales de las democracias más solventes, a mí me parece que ayuda al proceso, a la deliberación y a la reflexión. Es un insumo que se pone a disposición de los convencionales y de la propia convención en su conjunto. Creo que debiera ser recibida con buenos ojos y no de manera negativa».
Por su parte, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio dijo en Radio Cooperativa que «parte de las obligaciones que tiene el Gobierno como política de Estado es el acompañamiento de ese proceso, particularmente en el ámbito técnico, por tanto, a mí me resulta sorpresivo que haya quienes critiquen que la OCDE, dada la experiencia que tiene en documentación, en información, en los análisis comparativos de las mismas constituciones, que alguien critique que pueda haber mejor y más información».
«Es parte de la obligación que tiene el Gobierno de Chile, no solamente de financiar, sino que también por ejemplo prestar el lugar donde se va a hacer y prestar asesoría técnica, entonces este convenio tiene que ver con eso, con que haya mejor y más información para que sea la Convención la que tome la decisión del reglamento, de cómo van a funcionar y cómo va a ser esa nueva Constitución», agregó.
Por último, manifestó que «no hay ningún caso, ni un atisbo, de querer influir en términos de uno u otro contenido, eso le va a tocar a los convencionales constituyentes que van a ser electos por los ciudadanos. Por supuesto el Gobierno tiene la obligación de prepararse para lo mejor en este caso».
