Expertos de la UC y U. de Chile ponen a disposición contundente propuesta para la participación ciudadana en la Convención Constitucional

En medio de las audiencias públicas que han recibido las ocho comisiones transitorias de la Convención Constitucional, un grupo de expertos de la universidades Católica y de Chile desarrollaron una propuesta sobre cómo podría funcionar la participación ciudadana a lo largo del proceso constituyente.

“La participación ciudadana en el proceso constituyente puede permitir la elaboración de una Constitución más democrática y es un elemento relevante para la legitimidad del proceso mismo”, se lee al inicio del texto.

En el documento, los expertos plantean que la Convención puede recoger las experiencias de los últimos y más grandes procesos participativos: los encuentros locales auto-convocados (ELA) desarrollados durante el gobierno de Bachelet, y la plataforma de diálogo Tenemos que Hablar de Chile —impulsada por la UC y la U. de Chile— y que continúa elaborando nuevos formatos de participación a través de herramientas digitales en medio de la pandemia.

Como primer punto, se señala la necesidad de representar la diversidad de visiones y experiencias de vida que conforman el país, haciendo especial énfasis en convocar a quienes usualmente no participan en el debate público, como personas que habitan en zonas rurales, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, así como también incluir la visión de niños, niñas y adolescentes.

En este tema, se indica que la diversidad en la participación implica el encuentro entre personas distintas en un mismo espacio de diálogo, mientras que la horizontalidad se refiere a que todas y todos tengan el mismo derecho y opción de opinar, y a que se consideren sus opiniones.

“Establecer de forma clara y precisa los objetivos del proceso es absolutamente relevante, ya que sirven para orientar las decisiones que tendrá que tomar la Convención en cuanto a mecanismos, metodologías, tiempos, alcance del ejercicio participativo, entre otras”, dice Alejandra Ovalle, académica de la UC y una de las autoras del informe.

El modus operandi

Los autores del documento sugieren distintos mecanismos de participación, diferenciando aquellos que son “masivos” para la ciudadanía en general, y otros enfocados para la ciudadanía organizada como ONGs, gremios o grupos de interés. En el documento se mencionan consultas digitales de preguntas abiertas y específicas; cabildos, foros o encuentros autoconvocados o locales presenciales o virtuales; audiencias públicas, encuentros regionales y de pueblos originarios; y minutas y propuestas de redacción al primer borrador.

“La primera etapa contemplaría la definición de temas y contenidos a incluir en la propuesta de texto constitucional, la segunda concentraría la redacción y votación de propuestas. Producto de esta etapa se generaría un borrador inicial, el que en la tercera etapa puede ser publicitado, discutido y comentado por la ciudadanía”, explica el documento.

Dado que la Convención cuenta con casi un año de trabajo, para los expertos el tiempo es clave. Ante eso, aconsejan planificar las instancias para que la ciudadanía y las organizaciones puedan realizar sus aportes en los momentos precisos.

“Intentamos poner énfasis en que la regulación de la participación en la Convención no es solamente una yuxtaposición de mecanismos sino supone la consideración de objetivos y principios que aseguren que una incidencia efectiva en el proceso” señala Francisco Soto, académico de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, quien expuso la propuesta ante la comisión de Participación Popular de la Convención.

Ad portas de las elecciones parlamentarias y presidenciales, los autores de la propuesta advierten que la participación ciudadana exige un cuidadoso diseño y “que la Convención ponga especial énfasis en la autonomía, de modo de evitar la instrumentalización o manipulación del proceso de participación con debates electorales. Es de especial importancia evitar la captura política, el proselitismo o que las y los Convencionales solo reciban opiniones que refuercen sus puntos de vista”, se lee en el texto.

Para Valentina Rosas, subdirectora y vocera de Tenemos que Hablar de Chile, esta propuesta “es relevante primero, porque nace de la colaboración de distintas instituciones y experticias, lógica que creemos que es fundamental para favorecer el proceso constituyente. En segundo lugar, ofrece una mirada comprensiva de los desafíos de la participación. Un gran proceso participativo es posible, pero se requiere planificación”.

El documento fue escrito por las académicas María Cristina Escudero y Claudia Heiss del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; Gabriel Negretto y Julieta Suárez del Instituto de Ciencia Política de la UC; Salvador Millaleo y Francisco Soto de la Facultad de Derecho de la U. de Chile; y Alejandra Ovalle y Patricio Zapata de la Facultad de Derecho de la UC y coordinado por el director del Centro de Políticas Públicas de la UC, Ignacio Irarrázaval; el director de Tenemos que Hablar de Chile, Hernán Hochschild, y la subdirectora de ese proyecto, Valentina Rosas.