Opinión
Cada año, según la OMS, 1,3 millones de personas pierden la vida en siniestros de tránsito en el mundo. Es una cifra impactante, pero lo más doloroso es que los siniestros viales se han convertido en la primera causa de muerte en personas entre 5 y 29 años de edad. En Chile la situación no es diferente. Más de 1.600 personas pierden la vida cada año, y más de 55.000 quedan lesionadas.
La situación es grave y el costo de esta epidemia lo pagamos todos los chilenos. El drama es aún más profundo considerando que muchos de quienes fallecen son el principal pilar económico de sus familias, provocando no sólo el dolor de la pérdida de un ser querido, sino que una seria dificultad económica. A nivel país, según Conaset, los siniestros de tránsito le costaron a Chile el año 2019 más del 2% del PIB.
Para paliar esta vergonzosa realidad, el Estado de Chile en los últimos años ha venido tomando medidas aisladas, que si bien son positivas, han sido absolutamente insuficientes para remediar el gran problema económico y social de fondo.
El año 2018, con gran impacto mediático, se aprobó la Ley de Convivencia Vial, la cual vino a regular el uso y la relación de los distintos tipos de vehículos, especialmente los no motorizados, como las bicicletas, quienes tenían un tratamiento bastante inadecuado en la Ley de Tránsito ¿Cuál fue el impacto de dicha normativa? Hasta ahora nulo, pues al año siguiente de dictada la ley falleció el mismo número de ciclistas en siniestros de tránsito: 85 personas. Y así hemos tenido muchas otras normas, sin grandes impactos en cifras: chaleco reflectante, reducción de velocidad urbana, entre otras.
Entonces ¿por qué se insiste en avanzar en normas que se sabe que tendrán un efecto acotado y por lo tanto harán una escaza contribución para mitigar la epidemia de fallecidos en siniestros de tránsito en Chile? La razón fundamental parece tener explicación en la errada idea de traspasar toda la responsabilidad de los siniestros de tránsito a los propios usuarios, a las personas, sean estos conductores, pasajeros, ciclistas o peatones.
Se apela desde el Estado al mal comportamiento de las propias víctimas como causa fundamental. Se piensa que son las propias personas, quienes movidas por actos de irresponsabilidad exponen día a día sus vidas, y producto de esta insensata conducta, se producen las más de 1.600 muertes en nuestro país.
En esta línea, el Estado se limita a crear normas orientadas a modificar conductas que escasamente se fiscalizan. Si bien son normas que deben existir y que aportan a la solución de este problema, es insuficiente, pues quedamos a merced de la buena voluntad de cumplirlas, como es el caso de la reducción de velocidad urbana y el respeto a los usuarios vulnerables, como ciclistas y peatones.
La pandemia del Covid-19 no ha hecho más que empeorar esta situación. Entre enero y septiembre pasado, se registraron 85 decesos de ciclistas en siniestros viales, un 28% más que en el mismo periodo de 2019. Los meses de cuarentena trajeron consigo un aumento de las velocidades de los vehículos, y por consiguiente de los riesgos viales, producto de la casi nula fiscalización de la velocidad y otras conductas riesgosas.
En materia de seguridad vial, seguir apelando sólo al autocuidado y a un cambio conductual de la población, a través de normativas que escasamente se fiscalizan, es crear letra muerta. En tiempos de profundos cambios en nuestra sociedad, se hace urgente la necesidad de replantearnos los patrones de movilidad de nuestro país. Necesitamos avanzar con determinación hacia una nueva concepción, donde la seguridad y la sustentabilidad sean los valores fundamentales. Para ello, se requiere repensar los espacios públicos y redistribuirlos de forma equitativa entre los usuarios, sean estos motorizados o no motorizados, dotando de infraestructura explícita y segura que priorice las formas de movilidad sustentables y activas, como el transporte público, la caminata y los ciclos, por sobre los automóviles.
El Estado chileno puede y debe hacer más por brindar las condiciones para una movilidad segura para todos sus ciudadanos. Las cifras de fallecidos y lesionados en el tránsito son simplemente inaceptables, y son la consecuencia de un paradigma de movilidad que en el mundo está cambiando. La ciudad de Paris, en Francia, está desarrollando un concepto de ciudad de 15 minutos, brindando facilidades a los peatones para desplazamientos seguros y ofreciendo servicios a una distancia caminable; la ciudad de Fortaleza, en Brasil, aumentó su red de ciclovías en un 400% en los últimos 7 años dejando a la mitad de los habitantes de la ciudad a menos de 300m de una ciclovía.
Ejemplos de buenas prácticas hay muchos, y en tiempos de profundos cambios para nuestro país, es hora de dejar atrás normas que apelen al simple autocuidado, y seguir el ejemplo de otros países, quienes proactivamente avanzan hacia una sociedad que brinda a sus ciudadanos las condiciones mínimas de movilidad que les permitan desplazarse de manera segura y sustentable. No podemos esperar más.
