La sala presidida por la la ministra que investigó el caso Mop-Gate ordenó revisar la impugnación de la firma de Andrés Navarro en proceso que favoreció a Morpho.
Casi cinco años después de que se iniciara la licitación por US$ 380 millones para modernizar el sistema de fabricación de cédulas y pasaportes del Registro Civil, el caso sigue enredándose.
Luego que el Registro Civil el año pasado adjudicara a la francesa Morpho el millonario contrato, las empresas que compitieron por el negocio presentaron reclamos ante el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) pidiendo que se revirtiera la adjudicación.
Sin embargo, hasta ahora todas las impugnaciones fueron zanjadas por el TCP a favor del Registro Civil. Aun más, la propia Contraloría validó el proceso el 20 de enero de 2012, al tomar razón del decreto de adjudicación, sin mayores observaciones, según cercanos al Registro.
Una de las reclamantes fue Sonda, que impugnó el proceso ante el TCP acusando incumplimientos de Morpho en la boleta de garantía presentada en la licitación, acción que fue desestimada por el Tribunal, por extemporánea el 28 de noviembre de 2011.
Frente a esto, Sonda acudió con un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones contra el TCP, pidiendo que reconsidere su impugnación. Y tuvo éxito.
El pasado 8 de noviembre de 2012, el tribunal de alzada emitió un fallo que cuestiona duramente la decisión del TCP y le ordena reincorporar la impugnación de la firma de Navarro.
Según el fallo, al cual tuvo acceso El Mostrador Mercados, los integrantes del TCP (Álvaro Adasme, Fernando Román Díaz y Tulio Triviño Quiroz) “incurrieron en falta o abuso grave que debe ser corregida por la vía disciplinaria”, dejando sin efecto la resolución contra la impugnación de Sonda.
“En consecuencia, como con la resolución que motiva el recurso que se analiza se alteró gravemente la tramitación normal y ordinaria a que se encuentra sometida la acción de impugnación… afectándose la garantía constitucional del debido proceso legal, se debe concluir que los jueces recurridos incurrieron en falta o abuso grave que debe ser corregida por la vía disciplinaria”, dispone el fallo.
De esta forma, señala la Corte, la causa analizada por el TCP deberá comprender “todas las materias referidas en la demanda de impugnación… por lo que en la sentencia definitiva deberán resolverse todas las alegaciones formuladas por el Servicio de Registro Civil e Identificación”.
El fallo fue emitido por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra (S), Gloria Ana Chevesich, conocida por la investigación que llevó a cabo en el caso Mop-Gate. También firmaron la sentencia la ministra (S), Gloria Solís Romero y el abogado integrante Héctor Mery Romero.
Pese al fallo, en el Registro Civil manifestaron estar tranquilos con el proceso, pues dicen tener “argumentos sólidos para las resoluciones que se tomaron” y afirmaron que siguen trabajando en la implementación del nuevo sistema de identificación que comienza a funcionar a fines de agosto de 2013.
El caso representa un punto clave para Sonda, ya que todavía es el proveedor de los servicios que el Registro relicitó y de mantenerse a Morpho como el nuevo operador, perderían una relevante fuente de ingresos al futuro.
Si la impugnación de Sonda ante el TCP tuviera éxito, la polémica licitación podría ser declarada desierta y obligaría al Registro a iniciar un nuevo proceso de licitación que, según conocedores del tema, tardaría otros dos años.
La mayor licitación en la historia del Registro ha estado marcada por las polémicas. En 2008 se realizó el primer intento de licitación, el cual terminó en un escándalo, que provocó la condena del doble asesor del servicio y la empresa Tata, Andrés Contardo y la salida del director Guillermo Arenas y cuatro subdirectores.
Arenas, además, fue acusado de fraude al Fisco, por el delito de revelación de secreto, siendo acusado de haber expuesto información privilegiada a los ejecutivos de la empresa india TATA en la licitación, a cambio de un beneficio económico, donde el Ministerio Público pide 10 años y un día.
En su segundo intento de licitar, el Registro Civil adjudicó a la española Indra, pero nuevamente debió enfrentar reclamos de las empresas participantes, lo que derivó en que terminara sacando a la ibérica y adjudicando en 2011 a Morpho.
Ahora, el triunfo de Sonda en la Corte de Apelaciones obligará al TCP a volver a revisar el proceso, enredando otra vez la polémica licitación.
El conflicto se suma a lo ocurrido con el caso de los sobreprecios en licitaciones del Ministerio del Interior, la fallida licitación del litio en el ministerio de Minería y las denuncias ante el Ministerio Público por parte de Corfo y el Comité de Inversiones Extranjeras debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del programa Invest Chile.
