“El Consejo de Defensa del Estado plantea una tesis según la cual no procedería citar a absolver posiciones al Sr. Superintendente de Valores y Seguros en los juicios de reclamación de multas. Dicha teoría no tiene asidero lógico ni jurídico alguno, contraviniendo incluso el texto expreso de la ley”.
Categórica es la defensa de los ex ejecutivos de LarrainVial Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, liderada por el abogado Florencio Bernales, quienes mantienen un juicio civil de reclamación en contra de la multa impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros como parte del caso Cascada.
Bulnes, ex gerente general de la corredora, fue sancionado por la SVS con US$8,8 millones por infracciones a la Ley de Mercado de Valores, al igual que Errázuriz, a quien se le aplicó una multa de US$4,9 millones.
La defensa de ambos apunta en el juicio de reclamación a que declare el superintendente Pavez, lo que se denomina absolución de posiciones. Esto es rechazado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que actúa como defensa de la SVS.
“El único escenario en que el señor superintendente estaría eximido de prestar confesión judicial sería que la ley así lo disponga de modo expreso. Pues bien, no existe una sola disposición legal que sustente la teoría del CDE; más bien, es la propia Ley Orgánica que regula la SVS la que contempla expresamente el deber del superintendente de Valores y seguros de absolver posiciones, ya sea él mismo o delegando tal facultad en otro funcionario”, dice el texto firmado por Bernales.
Dicho documento ingresado al expediente el pasado martes da cuenta del traslado conferido por el tribunal en relación a la oposición que manifestara el CDE a la petición de la defensa de Bulnes y Errázuriz.
A juicio de Florencio Bernales, el principio rector de dicho medio de prueba está regido en el artículo 385 del Código de Procedimiento Civil (CPC).
“Fuera de los casos expresamente previstos por la ley, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea la demanda, sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el contendor o lo decrete el tribunal en conformidad al artículo 159”, consigna el documento presentado al tribunal.
Para el abogado de los ejecutivos sancionados por el denominado caso Cascada, la teoría del CDE “repugna” a uno de los principios más básicos en materia de interpretación de la ley, según el cual cuando la ley no distingue, no corresponde al intérprete distinguir.
“Así, con total ligereza, el CDE convenientemente se permite sostener: no se trata que el superintendente no pueda ser citado a absolver posiciones en forma absoluta, sino que este medio de prueba es incompatible exclusivamente con este procedimiento de reclamo de multa”, complementa el escrito que radica en el 23° Juzgado Civil de Santiago.
Igualdad de armas
En su escrito, la defensa de Bulnes y Errázuriz señala que el CDE “parece olvidar convenientemente” lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Esto debido a que todas las excepciones para evitar que el propio superintendente de Valores y Seguros acuda a declarar están dadas precisamente por el legislador.
A lo largo del juicio, el CDE ha manifestado que lo que busca la parte reclamante es que el superintendente de Valores y Seguros se pronuncie por hechos de los cuales ya ha emitido un juicio.
Sin embargo, dicha aseveración -para los ex ejecutivos de LarrainVial Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz- resulta “simplista y tendenciosa”.
Según el documento que emana de la defensa de los ejecutivos de la corredora, las preguntas que se le harían al regulador del mercado de valores no apuntan a que ratifique su decisión. “No se solicitará al Sr. superintendente que ratifique o se desdiga derechamente de su decisión de multar a mis representados (…), sino que lo que se busca es que a través de la diligencia probatoria es acreditar a través de un medio de prueba reconocido por la ley, como lo es la absolución de posiciones, los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos fijados”, consigna el abogado.
“Es más, cabe recordar que durante el procedimiento administrativo sancionatorio seguido por la SVS en contra de mis representados, ella misma obtuvo la declaración de los mismos bajo la creencia de que lo hacían como testigos”, remata en su escrito el abogado Bernales. Y añade: “Queda en evidencia la posición privilegiada que pretende el CDE respecto de dicha probanza”.
Fuente: Pulso