«Resulta claro que para dinamizar el crecimiento en el corto plazo y para mejorar las capacidades de crecimiento en el largo plazo, las reformas son indispensables. Más aún, se necesita avanzar lo antes posible en proveer al sistema productivo de los recursos humanos necesarios para modernizar la economía. Se requieren relaciones laborales que permitan una mejor colaboración al interior de la empresa».
La desaceleración económica iniciada desde fines del 2012 y que se acentuó en el 2014 es resultado de problemas estructurales que se vienen arrastrando desde hace por lo menos una década. El buen crecimiento de la economía durante el Gobierno de Piñera, fue resultado de tres elementos principales.
Primero, la mayor tasa de crecimiento del PIB que tiende a ocurrir al año siguiente de una caída del crecimiento como la que experimentó la economía chilena en el 2009 (el PIB cayó sobre un 1%), producto de la grave crisis económica mundial del 2008 y el atraso del Banco Central en reducir la Tasa de Política Monetaria (aún en enero del 2009, dicha tasa era superior al 8% real).
La segunda razón es el esfuerzo de reconstrucción que tuvo que realizarse luego del terremoto del 27 F. El tercer elemento, que explica el crecimiento bajo Piñera, fue el alto precio del cobre y su impacto macroeconómico. Pasado el efecto de estos elementos, la economía volvió a su cauce normal de 4%, que fue el crecimiento del 2013.
En ese sentido, los límites actuales del crecimiento tienen que ver con los problemas estructurales que arrastra la economía. Tienen que ver también con un panorama internacional adverso y lleno de incertidumbres. En este contexto, es que aparecen los problemas internos, entre los que destacan el fin del ciclo minero, asociado a una caída del precio internacional y una fuerte alza de costos (por caída de ley, falta de inversiones y alza de costos laborales) y condiciones más onerosas para invertir en bienes de capital como efecto de la caída del tipo de cambio. Finalmente, aparece el tema de las expectativas asociadas a la guerra comunicacional desarrollada por la derecha y el empresariado que se ve afectado por que avizora una cancha más pareja (reforma laboral) y una mayor contribución al financiamiento de la pobre oferta de bienes públicos del Estado chileno.
Aquí resulta claro que para dinamizar el crecimiento en el corto plazo y para mejorar las capacidades de crecimiento en el largo plazo, las reformas son indispensables. Más aún, se necesita avanzar lo antes posibles en proveer al sistema productivo de los recursos humanos necesarios para modernizar la economía. Se requieren relaciones laborales que permitan una mejor colaboración al interior de la empresa.
No obstante estas consideraciones, el nuevo ministro de Hacienda y su equipo han desarrollado una seguidilla de declaraciones que, en lugar de aclarar la situación que enfrentamos, ha tendido a oscurecerla, dificultando la discusión política.
En efecto, desde que asumió como ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés ha venido sosteniendo que enfrentamos una situación macroeconómica más compleja de lo pensado y una situación fiscal que amenaza con llevar las finanzas públicas a un déficit de 3 puntos del PIB en el presente año.
Sobre la base de este diagnóstico, Valdés llama a moderar las reformas, priorizar entre las distintas medidas y poner en el centro de atención la superación de la desaceleración económica que viene arrastrando el país en el presente año. Tampoco es claro que la reforma laboral, que busca equiparar la cancha y que resulta en todas las comparaciones internacionales como moderada, deba ser recortada por consideraciones macroeconómicas. Ello resulta plausible solo si se adopta una posición propia del pensamiento neoclásico respecto de las relaciones laborales.
Naturalmente siempre es necesario priorizar. Eso no está en discusión. Lo que sí se discute es el tipo de priorización necesaria y los elementos que fundamentan esas opciones.
En relación con la cifra de crecimiento del gasto público para el año 2016, Valdés sostiene que el fuerte crecimiento del presupuesto público en el presente año, no puede ser seguido por uno similar al año siguiente. Más aún, el fisco está enfrentando una serie de presiones de mayor gasto, producto de las reformas propuestas y de otros compromisos que se han venido asumiendo. Es por ello, que se hace necesario que el gasto público crezca en el 2016 mucho menos de lo que va a crecer el presente año (9,8% según la ley de Presupuesto aprobada, pero que –como van las cosas– con suerte el gasto público efectivo alcanzará un crecimiento de 8%).
De lo contrario, afirma el ministro, se pueden enfrentar desequilibrios fiscales insostenibles. Más aún, se hace posible que no se pueda cumplir con la meta de lograr el equilibrio estructural en el año 2018. No obstante, sostiene que más que asegurar el logro de ese objetivo, de lo que se trata es de dar señales claras de que no seguirá creciendo el déficit fiscal y que, por el contrario, reafirmar que está entre los objetivos del gobierno ir reduciéndolo cada año. En este contexto, pareciera que el ministro se conforma con un gasto público que crezca ligeramente por encima del crecimiento del producto que se estima girará en torno al 3% en el 2016.
Aunque legítima, la posición del ministro plantea una serie de interrogantes. Llama en primer lugar la atención que no se releve con la suficiente fuerza el hecho de que el menor ritmo de crecimiento de la economía chilena, si bien insatisfactorio, resulta positivo en las comparaciones internacionales. Mientras que Brasil, que esperaba para el presente año un crecimiento de 3%, enfrentará una caída del producto de al menos 1%, Chile crecerá entre 2% y 2,5%. Esa cifra se ubica por encima del promedio del crecimiento esperado para América Latina. Para el próximo año el Fondo Monetario Internacional estima el crecimiento de la economía chilena en 3,1%. No calza, en consecuencia, el carácter catastrofista que ha impregnado el discurso oficial, que a veces parece sugerir que durante ya algunos trimestres la economía estaría retrocediendo.
Por otra parte, ha llamado la atención la preocupación por el déficit fiscal que podría llegar a un 3,2% en el presente año (cifra que ha entregado, con base en la información oficial, el Fondo Monetario Internacional). Hasta este momento, lo concreto es que, a junio, el déficit alcanza un 2% en 12 meses. Por su parte, en lo que va del año, al mismo mes de junio, el déficit fiscal alcanza un 0,3%. Se requiere, en consecuencia, que la ejecución presupuestaria en el segundo semestre se acelere sustantivamente para que el déficit alcance la cifra prevista por el organismos internacional.
Suponiendo que se confirma la previsión de un déficit de 3% del PIB, la pregunta siguiente es si los gastos en que se está incurriendo o se quiere incurrir son importantes y si ese mayor déficit contribuye o no a generar, en el futuro, los recursos necesarios para pagar el endeudamiento en que se incurriría. En otras palabras, la mayor inversión y gasto público se orientarán a financiar tareas importantes para el país o no. Respecto de esta discusión el ministro no se ha pronunciado en detalle. Solo ha dicho que hay que moderar las reformas en función de las nuevas condiciones económicas.
Al respecto, cabe señalar que las reformas apuntan a resolver problemas fundamentales de la economía y del país. La reforma educacional es urgente tanto para que los estudiantes reciban una mejor formación y puedan así mejorar sus ingreso futuros, como para que el país disponga de una fuerza de trabajo, que permita dar un salto en productividad y competitividad. Es conocido que en una serie de actividades económicas los recursos humanos necesarios no existen. En el propio Estado, la Presidenta de la República ha sostenido, que no se dispone de los recursos humanos para cumplir con los compromisos (en particular en el área de la salud).
Algo similar ocurre en lo referido a lograr un salto en investigación y desarrollo tecnológico. Los niveles de inversión en este campo están lejos de los que los distintos organismos internacionales especializados consideran los niveles consistentes con nuestro grado de desarrollo y los desafíos que tenemos por delante. Lo mismo en el campo de la infraestructura. Es conocido que la detención del esfuerzo de construcción de infraestructura está empezando a crear obstáculos al crecimiento de la productividad.
En relación con la desaceleración del crecimiento, cabe preguntarse si el sector público tiene que seguir jugando un papel contracíclico (con un crecimiento del gasto y la inversión pública de entre 5% y 7% en el presupuesto del próximo año) en condiciones en que la inversión total no presenta un crecimiento y el consumo va de capa caída.
Pareciera que señales positivas serían también necesarias en este ámbito; más aún cuando se enfrenta a un empresariado desalentado y, a veces, excesivamente ideologizado. Son diversos los problemas que afectan al sector privado (débil crecimiento del consumo, encarecimiento de los bienes de capital como producto del alza del tipo de cambio, dificultades para las Pymes de acceder al crédito y tasas altas cuando se accede) y parecería, por tanto, necesario mantener el impulso fiscal, hasta que la inversión privada recupere su andar.
Lo que no se releva suficientemente, pero que sugiere lo indicado en el párrafo anterior, es que el problema económico principal de Chile es que está cayendo la capacidad productiva del país. Hasta el año pasado, el PIB potencial se estimaba entre 4,3% y 4,5%. Hoy el FMI lo estima en 3,7%. Por eso es que no es posible perder tiempo y es necesario y urgente que el Estado y el sector privado hagan todos los esfuerzos para recuperar la capacidad perdida de crecimiento. Una política de austeridad no ayuda a nada para aumentar el PIB potencial.
Si esto es así, y el ministro de Hacienda debería manifestarse explícitamente respecto de estos problemas, la pregunta siguiente es si existe el espacio fiscal y macroeconómico para que el Estado asuma estas responsabilidades. En relación con lo primero, la respuesta parece clara. El endeudamiento público neto es bajo o inexistente.
En la reunión con la Comisión Mixta del Presupuesto, hace algunas semanas, el ministro sostuvo que en términos netos el país tenía una posición deudora equivalente a 2,2 puntos del PIB. El economista Luis Eduardo Escobar, ha sostenido en cambio, que según informaciones de la propia DIPRES, el país se encuentra en una posición acredora neta de 4,4 puntos del PIB. Esperemos que esta diferencia se aclare pronto.
Lo que sí es claro, que incluso en el peor escenario, la posición fiscal del país es sólida y probablemente cause envidia internacional. Por otra parte, el costo internacional del endeudamiento esta en niveles muy bajos. La conclusión es, en consecuencia, que existe el espacio fiscal para asumir un aumento del gasto como el indicado.
¿Qué ocurre, por otra parte, con las condiciones macroeconómicas? Si bien el PIB potencial ha venido cayendo, el país viene creciendo desde el 2013 por debajo del PIB potencial. Ello se expresa, por ejemplo, en que pese a la fuerte caída del tipo de cambio, la inflación se ha mantenido en niveles moderados. En consecuencia, un crecimiento del gasto de entre 5% y 7%, para financiar con fuerza las reformas estructurales, no debería causar ningún impacto macroeconómico negativo. Por el contrario, una política de austeridad junto con retrasar las reformas y afectar las perspectivas de crecimiento en el largo plazo, puede abrir el camino a una derrota, en las próximas elecciones municipales y presidenciales.
Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21
