El presidente de la Asociación Isapres se reúne hoy por primera vez con la ministra Carmen Castillo desde que ella asumió la cartera de salud, instancia en que espera que les expliquen por dónde viene la reforma. En la industria dicen que hay consenso sobre la necesidad de hacer cambios profundos, pero advierten que si estos incluyen un Fondo Mancomunado con Fonasa y eliminar la declaración de salud, la industria dejaría de ser viable.
Hoy miércoles, Rafael Caviedes, presidente de la asociación de Isapres de Chile irá hasta el Ministerio de Salud para reunirse con la ministra Carmen Castillo por primera vez desde que ella asumió el cargo en enero.
Ahí espera que finalmente le explique el proyecto de Reforma al Sistema de Isapres que el Gobierno planea ingresar al Congreso a mediados de septiembre.
El proyecto ha sido postergado cuatro veces y, a pesar de que se han filtrado versiones de los alcances y sus implicancias, Caviedes dice que nadie en la industria sabe a ciencia cierta lo que se viene.
De lo que sí está seguro el presidente del gremio es que “hay espacio para llegar a un acuerdo histórico que cambie radicalmente el modelo de salud”.
En la industria aseguran que hay consenso sobre la necesidad de hacer cambios profundos, pero se quejan de que todo lo que saben sobre la reforma que se viene ha sido a través de trascendidos y advierten que, si los cambios incluyen un Fondo Mancomunado con Fonasa, un techo sobre gasto máximo de afiliados y la eliminación de la declaración de salud –como se rumorea–, la industria dejaría de ser viable.
“No nos han dicho nada, pero si nos guiamos por los trascendidos y filtraciones, creemos que hay espacio para llegar a un acuerdo que cambie de verdad el sistema de salud para beneficio de todos”, sostiene un ejecutivo de la industria.
Críticos del sistema dicen que las isapres finalmente están flexibilizándose ante las duras críticas que les han llovido en los últimos años, la merma en sus utilidades y la amenaza de una regulación que podría terminar con el sistema de salud privado.
De acuerdo a diferentes versiones, lo que se viene en la reforma del Gobierno es un Plan Garantizado de Salud (PGS) que pondría fin a los cerca de 14 mil planes de salud diferentes que se ofrecen actualmente.
Desde la industria afirman que eso no sería un problema y explican que cambiaría en forma dramática el modelo de aseguración, “ya que pasaríamos de un modelo de riesgo individual a uno que colectiviza el riesgo”.
El diputado Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, dijo ayer en La Segunda que el proyecto definitivo de reforma a las isapres tendrá solo tres planes. Explica que la cotización de los usuarios se compartirá y redistribuirá dentro de todas las aseguradoras del mercado.
La propuesta también permitiría la movilidad de usuarios y el fin de las preexistencias y la discriminación por sexo, edad y condición de salud. Hasta aquí estaría todo bien para las isapres.
Desde la industria expresan que también les gustaría ver una nueva institucionalidad que administre y financie las licencias médicas.
Donde comienzan los problemas es respecto a si la reforma elimina la declaración de salud o “filtro” que aplican las aseguradoras para la selección de afiliados entre Fonasa y las industrias. También objetan la creación de un fondo mancomunado, entre isapres y Fonasa, donde los usuarios aporten menos del 1% de su cotización para financiar prestaciones como transplantes, rescates, urgencias o fármacos a todos .
Estas propuestas, dicen desde la industria, “reventarían el sistema”. Afirman que si 10% de los actuales afiliados a Fonasa se cambian al sistema de isapres, sin las compensaciones necesarias, el sistema explota. No tendría viabilidad económica ni logística, es como lo explican. Lo mismo pasaría con el sistema público si hay un traslado significativo de las isapres a Fonasa –algo que podría perfectamente suceder con el PGS, dicen los expertos–.
“La declaración de salud le permite a la isapre asumir riesgo, pero de personas que vienen sin una enfermedad, porque está diseñada como un seguro. Si el sistema isapre asegurara a personas enfermas tendría que ser compensado con esos subsidios estatales, considerando que el Estado subvenciona casi en un 70% los gastos de Fonasa”, así es como Caviedes lo explicó en Qué Pasa hace unas semanas.
En conversaciones con este medio, el titular del gremio explicó que en Fonasa hay al menos 4 millones de personas con enfermedades crónicas o de alto riesgo, lo que representa a un tercio del total. Y si tan solo el 10% de ellos se cambia a isapres, “las liquidan”.
Hay expertos que argumentan que sacarles el 1% de su cotización para el Fondo Mancomunado sería una forma de expropiación y traería problemas constitucionales. Abogados consultados descartan ese argumento y agregan que no creen que el debate llegue a ese extremo.
Un experto en salud que hasta hace poco trabajaba para una de las isapres, estima que las críticas a las propuestas que se han filtrado son débiles y que la industria las puede asumir y «las debe asumir». Estima que el problema que se genere por la migración desde Fonsasa se puede abordar negociando con el Gobierno mecanismos de financiación.
A esos “problemas” se sumaría el que salió a la luz pública esta semana y que dice que el Gobierno pretende poner un límite de 30% de su renta imponible al gasto en salud que tienen los afiliados a isapres anualmente. La diferencia la pondrían las prestadoras.
Las isapres ya se están resguardando para lo peor y uno de los caminos que están tomando –o ya tomaron– es convertirse en compañías de seguros.
Gonzalo de la Carrera, presidente de Colmena, dijo la semana pasada a revista Qué Pasa que “lo que van a hacer las isapres es crear una compañía de seguros que comercialice seguros suplementarios”.
La propuesta del Gobierno también apuntaría a regular la integración vertical, ya que la normativa actual señala que las isapres deben tener giro único, pero en la realidad varias de ellas son parte de un holding que incluye clínicas.
Expertos afirman que la integración vertical es la única forma de contener costos, algo con lo que las isapres concuerdan. Pero desde el Gobierno apuntan a que los ejemplos internacionales no son necesariamente válidos, ya que en su mayoría esos holdings médicos son sin fines de lucro.
Utilidades bajo presión
La reforma del Gobierno se presenta en momentos en que las utilidades de la industria están bajo presión. Este año las utilidades han caído 40%, en gran parte por los costos asociados a la judicialización de los casos de alzas de los planes.
De acuerdo a Caviedes, el costo de los procesos ha sido de $22.000 millones. Esa cifra debería bajar luego que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago redujera de $130.000 a $50.000 las costas a las que podrán acceder los abogados por recursos de protección por incremento en los valores.
