En julio pasado, el diputado Alberto Robles (PRSD) presentó una solicitud de investigación ante el Fiscal Nacional por ventas a la japonesa a precios irregulares. El fiscal Jaime Retamales ya partió con el caso y Julio Ponce está cada vez más encerrado.
Los flancos que tiene abiertos Julio Ponce Lerou ya no los puede contar con los dedos de sus manos.
Las multas por US$ 70 millones de la SVS por el caso Cascada, la investigación penal del mismo caso en el Ministerio Público, la pesquisa penal por ilícitos tributarios derivados de aportes a políticos presuntamente ilegales y la disputa arbitral con Corfo por la concesión de campos de litio, lideran la larga lista.
Pero otro caso ya está en carpeta y avanzando. Y, justamente, está vinculado al peliagudo enfrentamiento con el Estado de Chile, representado por la entidad que lidera su vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitrán: la entidad fiscal enfrenta un arbitraje con la compañía controlada indirectamente por Ponce, a propósito de los contratos de concesión de explotaciones de litio, los cuales –a juicio del Estado– no se han cumplido por parte de la firma privada.
Corfo no solo se niega a renovar los contratos que representan más del 60% de los activos de SQM, y por una variable clave para determinar el valor de la empresa, sino que –según fuentes conocedoras del caso han señalado a este medio– solamente se abriría a discutir una posible renegociación de las concesiones si el ex yerno de Augusto Pinochet deja la propiedad de la compañía.
Por eso, la semana pasada el anuncio de Ponce de dejar todos los directorios –por ende, presidencia– de las sociedades cascada que forman la cadena de propiedad a través de la cual controla SQM, fue visto en Corfo como una “medida cosmética” y el aludido ingeniero forestal ya habría recibido el mensaje de que el futuro de la empresa dependería de que venda sus acciones.
En medio de ese escenario, se conoció la llamativa renegociación de deudas de las cascada, sustentada por créditos de CorpBanca, banco de Álvaro Saieh –y que recientemente recibió la aprobación para fusionarse con Itaú, su futuro controlador–, de permanente y conocida exposición a los negocios de Ponce.
El negocio se conoció después que Norte Grande se disparara un 21% en Bolsa –incluyendo la suspensión de la cotización–, lo que hizo rumorear al mercado respecto de quién compró acciones y si tenía información de este nuevo financiamiento cuando adquirió los papeles.
Ahora, los incendios vuelven al Ministerio Público. El persecutor ya tiene en la mira a Ponce por los pagos sin respaldo a políticos que realizó abarcando a un amplio arco de partidos, dirigentes y candidatos, pero el caso tocó su peak de conflicto cuando se comenzaron a revelar los profundos vínculos con Giorgio Martelli, quien gestionaba cobros a SQM y, aparentemente, dichos dineros alcanzaron a la precampaña de Michelle Bachelet en 2013.
Esta vez, la justicia se enfrentará con la empresa ligada a Ponce por las presuntas irregularidades en exportaciones de litio, que habría presuntamente favorecido a terceros, entre ellos, la enigmática sociedad japonesa Kowa, que posee poco más del 2% de SQM, porcentaje que ha permitido a Ponce mantener el control de la minera no metálica, gracias a un pacto de accionistas con la nipona.
En las últimas semanas la Fiscalía Norte designó a cargo de la investigación al fiscal de Alta Complejidad, Jaime Retamal, quien deberá pesquisar una denuncia interpuesta por el diputado Alberto Robles (PRSD), el pasado 6 de julio.
La denuncia
En el documento enviado por el diputado Robles al Fiscal Nacional, le solicita que “se investigue presunto fraude al Fisco, como los demás ilícitos que resulten de la investigación en contra de quienes resulten responsables, como la persona jurídica SQM”, entre los cuales plantea posible cohecho de funcionarios públicos.
De acuerdo al relato que efectúa Robles, entre los años 2009 y 2014 SQM exportó productos no autorizados por el Estado a través de Corfo, es decir, que no están legitimados conforme al régimen legal vigente; en particular –señala–, soluciones de cloruro de litio “que no se encuentran dentro de los productos autorizados por la normativa legal, ni incluirse dentro del decreto de autorización correspondiente”.
El relato de Robles apunta a que todas las salmueras del salar de Atacama tienen contenido de litio y otros elementos de alto valor comercial, que SQM los exportó a un dólar la tonelada, valor que “es ridículo por cuanto el solo costo de gestión (transporte, extracción, derecho a puerto, etc.) superan con creces el valor consignado en los documentos de exportación”, detalla, agregando que estas acciones “lesionan gravemente el interés fiscal (y) con esto el Estado de Chile ha sido defraudado”.
Robles explica el fraude al Estado que se trasluce en el caso. “Resulta de conocimiento público que SQM ha explotado por medio de evaporación de la salmuera, lo que de por sí constituye un grave daño ecológico al agotar recursos hídricos provenientes del acuífero Salar de Atacama, millones de toneladas de solución con contenido de cloruro de litio, en volúmenes que exceden lo autorizado, exportándolo en razón de un dólar la tonelada, valor que resulte risible, lo que involucra un fraude al Fisco, originando pérdidas y privándolo de un lucro legítimo”, afirma.
Además, cree que hay delito de cohecho, pues “se produce el posible fenómeno de corrupción en el sector público, ya que existen antecedentes suficientes en la prensa y otros antecedentes para investigar el soborno en orden a corromper a un funcionario público, esto es a compelerlo, en un sentido determinado favoreciendo a SQM, tanto desde el punto de vista de un cohecho propio o impropio o pasivo, cuando nada se ha hecho para evitar que la empresa en comento obtuviere ganancias ilegítimas en el transcurso de más de veinte años, vale decir, se ha faltado al deber básico inherente a la condición de todo funcionario público, cual es el relativo al fiel desempeño de la función del cargo”. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal de SQM en el evento de que existiera cohecho y otros ilícitos.
Robles agrega en la presentación que es presumible pensar que, a lo menos por omisión, hubo empleados públicos que permitieron la fraudulenta maniobra, la que podría involucrar infracción a los artículos 239 y 240 Bis del Código Penal. El parlamentario apunta a distintas reparticiones del Estado, como Corfo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el Servicio de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otras, las que “debían velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a la extracción, transporte, exportación y comercialización del litio, resultado preclaro, que no ejercieron las medidas de fiscalización a la que estaban llamadas”.
Desde SQM descartan las acusaciones. Así lo manifestaron en el caso el 6 de agosto pasado, a propósito de la disputa con Corfo. ”Las exportaciones de carbonato de litio de SQM a Japón en los últimos años se han realizado a precios promedios superiores a los precios a los cuales exportan las otras empresas productoras de carbonato de litio. De acuerdo a los registros públicos de exportaciones en el período 2007 al 2014, los precios promedio de SQM han sido un 4% superior a los precios de las otras exportaciones similares de Chile y un 27% respecto a las exportaciones de Argentina a Japón. Así, lo expresado por CORFO con respecto a las ventas realizadas en Japón se basa en información incorrecta y la insistencia por parte de CORFO en difundir información que no se apega a la realidad afecta gravemente la reputación de SQM frente a sus proveedores, clientes e inversionistas”, sostienen desde la minera no metálica.
Respecto de la acusación de exportar productos no autorizados en los contratos con Corfo, fuentes cercanas a SQM advierten que esta ha exportado solo productos explícitamente autorizados por la entidad fiscal.
La pelea con Corfo
Este medio reveló el 3 de septiembre el llamado Flanco Kowa, surgido en el arbitraje entre la entidad fiscal y SQM.
En las últimas semanas Corfo presentó documentos reservados al árbitro que lleva adelante el caso, información que probaría que la minera no metálica le vende litio a Kowa, a precios menores de los de mercado y sin informar que la empresa japonesa es relacionada.
Según un documento al que accedió El Mostrador Mercados, en 2014 SQM Salar le vendió a Kowa 6.069 toneladas de Carbonato de Litio a un precio (US$ 4.845) que fue el menor al del mercado y alrededor de 5% por debajo del promedio mundial (US$ 5.108). Comparado con las otras exportaciones de litio chileno a Japón, el precio habría sido un 10% más barato; y comparado con las exportaciones de China, el precio al que SQM le vendió a Kowa sería alrededor de 40% más barato. El perjuicio –según Corfo– alcanzaría a US$ 50 millones.
Las fuentes consultadas por este diario y que conocen del caso, indican que las conclusiones surgieron de boletas, facturas y documentos de la propia SQM Salar, los que fueron comparados con la base de datos de organismos internacionales.
Corfo sostiene que el Estado de Chile ha sido perjudicado, pues la entidad recibe menos en royalties y el SII recoge menos ingresos, esto sin considerar el posible perjuicio a los accionistas minoritarios.
La tesis de Corfo es que SQM aportó menos royalties a Corfo ocultando las ventas de litio a Kowa, lo que pudo hacer al no tratarla como empresa relacionada y, de esta forma, no se vio obligada a revelarlos. La SVS ya en 2006 había determinado que Kowa es relacionada, pero incluso hasta fines de 2012 SQM trataba a Kowa como una empresa no relacionada, desoyendo –aseguran las fuentes– lo dicho por la SVS. Acusaciones, todas ellas, que en SQM refutan.
