La compañía distribuidora del balón amarillo eso sí remarca que adquirió su participación en LimaGas en 2013, mientras que el posible ilícito se habría realizado entre 2006 y 2011.
La información preliminar que hacía prever un nuevo escándalo de colusión de una compañía nacional se concreta: finalmente el ilícito de manipulación de mercados salpica a Lipigas.
Ángel Mafucci, gerente general del gas amarillo reconoció a Diario Financiero que la investigación está en una etapa inicial y que la autoridad «aún no ha revelado los indicios probatorios sobre los que se sustenta el proceso».
Mafucci aclaró que se trata de una investigación de oficio –sin denuncia de por medio- que lleva adelante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (Indecopi) que y fue notificada a cinco distribuidoras de gas licuado del país vecino en julio de 2015, entre las cuales está Lipigas.
«Sería muy prematuro establecer provisiones por una investigación de oficio que se encuentra en una etapa muy preliminar y tomando en cuenta que no tenemos antecedente alguno que indique irregularidades en la compañía», declaró el ejecutivo.
Cabe destacar que la investigación abarca la manipulación de precios entre los años 2006 y 2011 entre las empresas Lima Gas SA, empresa a la que Lipigas ingresó en 2013 y que además está ligada al poderoso grupo nacional Yaconi Santa Cruz y un grupo de inversionistas locales, entre ellos Andrónico Luksic y Leonidas Vial desde mucho antes.
En el caso de Luksic, el empresario habría llegado a la firma incaica en 2012, en forma indirecta a través de LarrainVial.
Las otras firmas coludidas son Repsol Gas del Perú SA, Zeta Gas Andino SA, Llama Gas SA y Forza Gas E.I.R.L., donde destaca como el producto más afectado el balón de 10 kilos, el más consumido por la poblacion peruana. Además, habrían coordinado incrementos de precio de entre US$ 14,28 y US$ 16,69 por tonelada métrica en el caso de la venta a granel y otros envases.
El mismo gerente general reconoció que «un procedimiento de esta naturaleza toma, en promedio, un plazo de tres años para su resolución administrativa. Luego se puede desarrollar una instancia judicial que puede durar varios años».
Las multas en el mercado incaico por este delito alcanzarían el 10% de las ganancias de la compañía en dicho año.
