La agencia clasificadora señala que las nuevas exigencias no se podrán implementar con la rapidez que se requiere para enfrentar la desaceleración económica, por lo que se elevarán las provisiones para insolvencias en los próximos dos años.
La clasificadora de riesgos Fitch Ratings advirtió ayer que los cambios a la Ley General de Bancos que planea iniciar el Gobierno este año, con una transición de seis años, podrían llegar tarde respecto de los requerimientos de recursos que tendrá la banca local para enfrentar la desaceleración económica del país.
Si bien considera que los cambios propuestos que traería la referida ley para cumplir el estándar de Basilea III serían positivos para los bancos del país, pues elevarán el nivel de capital regulatorio, dichas reglas “no podrán ser implementadas con la suficiente rapidez para ayudar al sistema bancario chileno a enfrentar la persistente desaceleración de la economía, lo que probablemente hará subir las provisiones para insolvencias durante los próximos dos años”.
Fitch recuerda que aproximadamente siete de los 10 mayores bancos del país tendrán que levantar capital fresco o bien aumentar la generación interna de capital para cumplir con los estándares. En todo caso, cree que esta industria, en general, está bien preparada para implementar los nuevos requisitos de capital y liquidez y, además, piensa que los cambios podrían reforzar la resistencia del sector.
“Sin embargo, la persistencia de dicha estabilidad dependerá del alcance final y el calendario de la reforma y de si esta incluye las lecciones aprendidas en otros países”, advirtió.
Respecto de la experiencia de los países que ya hicieron dichos cambios, la agencia recuerda que algunos de ellos han luchado para crear un mercado doméstico de capital adicional de nivel 1 (AT1), pero agrega que sus bancos de tamaño medio no han sido capaces de levantar capital AT1 en los mercados internacionales.
En esa línea, se sabe que los costos para los bancos chilenos, durante el período de transición de seis años sugerido para estas regulaciones, fluctuarían entre los US$ 2.800 millones a US$ 4.000 millones. Dicho rango, señala Fitch, no incluye el colchón de conservación para llegar del 8,0% al 10,5% de capital total regulatorio según Basilea III o la exigencia de capital para bancos de importancia sistémica domésticos (D-SIB). “Si los bancos maximizan sus instrumentos AT1, el costo estaría en la parte baja de la estimación”, estima la agencia.
Sin embargo, estos instrumentos aún no están desarrollados en el mercado de capitales doméstico y el apetito global por ellos es todavía incierto, asevera la entidad.
Según explica, el principal cambio requerido para adoptar normas de capital de Basilea III sería la creación de un nuevo requerimiento de capital Tier 1 del 6% de los activos ponderados por riesgo (APR), compuesto de un core Tier 1 mínimo (capital básico) de 4,5% más 1,5% de AT1.
Adicionalmente, señala que los instrumentos de capital de segunda categoría (Tier II) se reducirán desde el actual 3,5% de los APR al 2%, más un colchón de conservación de 2,5%. Junto con ello, la definición actual de los activos ponderados por riesgo se hará extensiva también a riesgos de mercado y operacional, mientras que las deducciones de capital incluirían las indicadas en Basilea III.
Junto con ello, dice, los requerimientos de capital para los bancos sistémicos (1% al 3,5% de capital adicional) serían revisados por el regulador (Sbif) y el Banco Central. Este último podría requerir, además, un colchón de capital anticíclico de hasta el 2,5% del total de RWA.
El grupo de trabajo independiente encargado de estudiar la reforma de la Ley General de Bancos hizo su propuesta al Ministerio de Hacienda a fines del año pasado. En ella se busca modificar la Ley de Bancos que data de 1997, cuando se introdujo Basilea I.
El grupo de trabajo –que presidió Raphael Bergoeing– hizo esencialmente tres propuestas, entre las cuales se incluyó la introducción de estándares de capital de Basilea III y el refuerzo del Pilar 2 de Basilea; el fortalecimiento de la flexibilidad en la regulación, gobierno corporativo y autonomía financiera del regulador; y la actualización de la legislación de resolución bancaria. Adicionalmente, ha planteado mejorar la regulación de conglomerados financieros y ampliar el perímetro regulatorio para incluir entidades financieras no bancarias relevantes, aunque dicha medida no sería plenamente compartida por todos los reguladores que intervienen en el debate.
Según lo planificado por la Sbif, el proyecto de reforma irá al Congreso durante la primera mitad de 2016, aunque Fitch estima que, dada la apretada agenda legislativa, existe cierta incertidumbre sobre la fecha de su envío.
