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Directorio de Masvida presenta renuncia, sigue el ejemplo de Claudio Santander y se desentiende de la crisis El presidente del holding anunció su salida del directorio hace algunas semanas

Directorio de Masvida presenta renuncia, sigue el ejemplo de Claudio Santander y se desentiende de la crisis

A través de un comunicado, la mesa informó que citó a una Junta Extraordinaria de Accionistas para el día lunes 27 de marzo, donde renunciará formalmente. En la carta los directores insisten en que «han desarrollado sus funciones resguardando el bien superior de las Empresas del Grupo». Afirman ser víctimas de una campaña de desprestigio «lanzada visceralmente en nuestra contra». En sus declaraciones a la Fiscalía y en una entrevista radial, Claudio Santander negó responsabilidades y apuntó a la plana ejecutiva de la isapre, la que actualmente está intervenida por el super de Salud.


La crisis de Masvida se parece cada vez más a un culebrón.

Ayer el directorio citó a una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 27 de marzo, con el fin de formalizar y oficializar su renuncia.

La reunión servirá también para elegir una nueva mesa, informó a través de una declaración pública.

El anuncio sigue el ejemplo del presidente del holding, Claudio Santander, que hace un par de semanas confirmó su renuncia y el miércoles volvió a encender el caso con afirmaciones que buscan exculparlo totalmente de la actual situación de la isapre.

“Los principales responsables de esta crisis son Claudio Santander y toda su plana ejecutiva”, dijo el martes el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic. Sin embargo, ayer Santander salió a defenderse.

“Quienes tienen responsabilidad en el tema de la isapre son: a) el directorio de la isapre Masvida, del cual, yo no pertenezco y no puedo pertenecer por ley y b) la gerencia, la cual tampoco tiene que ver con la gerencia del holding. Mi cargo es el de presidente del holding Masvida y no de la isapre”, dijo el miércoles a Radio Bío Bío.

El presidente de la isapre es Enrique Contreras, quien a su vez participa del directorio del conglomerado; mientras su gerente general es Ulises Figueroa. En Empresas Masvida el presidente es Santander, y el gerente, Erwin Sariego.

En esta línea habrían ido las declaraciones emitidas esta semana por el ejecutivo al fiscal Carlos Gajardo, quien por cinco horas lo interrogó en el marco de la investigación por la entrega y emisión de información falsa de los estados financieros de la isapre. Este proceso iría avanzando rápido y la Fiscalía ya contaría con una serie de antecedentes que podrían derivar en otros frentes para Santander.

En la declaración pública, el directorio también manifestó no tener responsabilidades. Insistió en que «han desarrollado sus funciones resguardando el bien superior de las Empresas del Grupo y que sus actos han estado enmarcados con total apego a la legalidad, respetando las bases fundacionales del proyecto: agregar valor social a través de Soluciones Integrales de Salud, ofreciendo cobertura de salud y aseguramiento con la Isapre Masvida, y construyendo una Red de Clínicas, las que se encuentran acreditadas, donde cotizantes, afiliados y usuarios reciben con altos estándares de seguridad cada uno de los productos y servicios en que nos hemos comprometido a lo largo del territorio nacional y por más de treinta años».

Afirman que todas sus decisiones “tuvieron como norte orientador resguardar la confianza de los cotizantes y sus familias, entregar los mejores servicios (…) y cautelar celosamente el interés de los médicos socios de aportar a la salud como una política de seguridad social”.

Pero reconocen que el proceso gatilló una crisis de proporciones. «Abrimos las puertas de nuestras empresas para que eventuales socios hicieran el levantamiento de información relevante y lo hicimos en la certeza que ello daba valor a la decisión de asociarse con nosotros. Ese proceso tuvo episodios ajenos a nuestra expectativa y provocó como consecuencia un deterioro patrimonial y reputacional de magnitudes. Fue así como la Superintendencia de Salud decidió designar un interventor en la isapre Masvida», explicaron.

En el documento el directorio también hace un llamado a la unidad de los médicos socios, «para que entre todos desde el lugar en que estemos contribuyamos con todas nuestras energías a seguir perseverando en la búsqueda de un socio estratégico que asegure el futuro de nuestros colaboradores, médicos accionistas, prestadores, cotizantes y de todos aquellos que han contribuido a nuestro crecimiento».

Y en referencia a la investigación del Ministerio Público, la mesa saliente señala estar lista «a seguir colaborando con la Justicia para esclarecer el amargo manto de duda que han querido instalar en nuestra gestión. Rechazamos categóricamente los infundados ataques y denuncias que se han hecho sobre la actuación del Directorio, dirigidas a causar menoscabo y presentarnos ante la opinión pública con acusaciones alejadas de la realidad, afectando nuestra reputación, prestigio profesional y dañando a nuestras familias».

Afirman ser víctimas de una campaña de desprestigio «lanzada visceralmente en nuestra contra. La trifulca ha estado precedida de denuncias sin sustento causando una crisis al interior de las empresas, ya que esta ‘disputa de poder’ se hace apelando a métodos y procedimientos lejanos al quehacer de profesionales de la salud».

Contratos en manos del Ministerio Público

Como informamos ayer, el Ministerio Público ya habría recabado información de toda índole del holding, incluyendo contratos de sus sociedades con otras firmas que han sido motivo de sospechas, particularmente Infovida y Hema SpA.

La primera de estas sociedades sería parte de la cocina de Masvida y es sindicada como la responsable de la “doble contabilidad” que habría en la isapre. Esta firma maneja toda la información contable y financiera del grupo y fue formada a principios de los 90 por el propio Santander.

Como publicamos hace algunos semanas, los propios accionistas del conglomerado ignoran la naturaleza de esta sociedad y ello explica en parte el manto de duda que cubre sus balances, entre otros varios factores, como la figura de José Muñoz, ex auditor de Ernst & Young Concepción, quien auditó a la isapre hasta principios de 2016, para asumir la gerencia de finanzas. A través de Infovida y Masvida Inversiones se creó la mencionada MV Financial, en 2008.

Muñoz reemplazó en el cargo a José Bäuerle, cuyo sobrino Marcelo Ricci Bäuerle fue jefe de fiscalización de la Superintendencia de Salud y aprobó una serie de liberaciones de garantías de la isapre.

Con Hema las sospechas apuntan a los pagos que se le habrían realizado (en torno a $2.400 millones, pactados anualmente) por servicios de intermediación de negocios. En particular, Hema negoció con Cruz Verde la provisión de medicamentos GES y un acuerdo para que los beneficiarios de la isapre usaran sus excedentes en esta farmacia.

Dicho contrato se hizo teniendo a Alessandro Pesce, socio de Victoriano Cerda –ex dueño de la isapre Óptima y quien intermedió el proceso con Nexus Partners–; Erwin Sariego, gerente general del holding; Ulises Figueroa, gerente de la isapre; y Ema Díaz, fiscal de Masvida. Este contrato fue cuestionado por Southern Cross en el due diligence que hizo para adquirir la isapre y fue un punto que se planteó ante los accionistas del grupo.

Otro potencial frente judicial radica en los gastos por asesorías del grupo. En el año tributario 2015, los gastos de administración de todo el conglomerado contabilizaron más de $60 mil millones, de los cuales $7.836 millones fueron producto de asesorías que hoy los socios cuestionan. La administración informó que dicho capital se explicaba principalmente por los gastos de costas de juicios, los cuales superaron los 8 mil casos; sin embargo, dudan que todo este monto se justifique por dicho factor, ya que en general estas costas rondan los $400 mil pesos y la suma de todas ellas no superaría los $3.500 millones.

Parte de estas asesorías explicarían los gastos rechazados por parte del SII, denunciados por el abogado Remberto Valdés, quien representa a sociedades de médicos. Según él, estos habrían significado un perjuicio económico para los socios superior a los $2.100 millones.

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