Reforma de pensiones: el último rasguño de Bachelet al modelo – en la medida de lo posible

“En la medida de lo posible”, decía el fallecido ex Presidente de Chile, Patricio Aylwin, y así lo pareció refrendar Michelle Bachelet ayer en La Moneda, anunciando el envío de tres proyectos de ley que cambiarán parcialmente la fisonomía del sistema de pensiones pero que, definitivamente, son la mayor modificación al sistema de capitalización individual o de AFP, creado por José Piñera, entonces ministro del Trabajo de la Dictadura en noviembre de 1980.

El Gobierno plantea lo que las gestoras privadas no imaginaban que ocurriría en esta administración hace un año e instala un pilar de ahorro fuera de la gestión de las AFP y propone una entidad estatal, con una Ley Orgánica Constitucional que asegure su independencia.

En seis años –poco menos de 1% anual– las empresas chilenas deberán elevar del 10% actual al 15%, en 2023, la cotización que pagan por trabajador, aunque esta vez será el Estado el que administre dicho dinero. Según explicó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, será la clase media la que financie una mejora a la propia clase media, involucrando a la gran masa de trabajadores con ingresos medios, de los cuales –según denunció AFP Habitat– serían dos millones los más afectados, es decir, los que aportarían más de lo que recibirían.

Las AFP y los empresarios criticaron duramente al Ejecutivo. Apoyan tener que aportar como empleadores ese 5%, pero piden que no sea gestionado por el Estado, sino que sigan siendo administrado por las AFP, pues además, dicen que lo harán gratis. El mensaje de Alfredo Moreno y Andrés Santa Cruz, el actual y el ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, respectivamente, no es casual. Las AFP se han comprometido a no subir sus comisiones si el 5% adicional va a sus cuentas.

La derecha política y las AFP –que reclamaron– no participaron del evento, cuestionando el genuino interés del Gobierno por lograr un acuerdo nacional, como dijo Bachelet en su primer anuncio del tema, en agosto de 2016, por cadena nacional.

Aunque hace unos días el candidato a la Presidencia de Chile Vamos, Sebastián Piñera, criticó la propuesta gubernamental, planteando que, si llega a La Moneda, su idea sería elevar el gasto fiscal en el Pilar Solidario actual. Para eso usaría ingresos provenientes de la apuesta a que con su llegada aumentaría el crecimiento, algo que es respaldado como tesis por casi todos los bancos de inversión locales e internacionales, incluyendo los que controlan los grandes grupos económicos locales.

Según confirman los parlamentarios oficialistas, desde el próximo miércoles, cuando tres comisiones –Constitución, Hacienda y Trabajo– comiencen a ver el proyecto en el Congreso, se intentará correr para aprobar el alza de la cotización en 5% y la creación del ente estatal que administra el fondo, para que sus efectos comiencen a sentirse (tanto para ahorro como pago de pensiones) en 2018, y también excluyentemente con el que crea el ente estatal, un “monopolio estatal”, como lo llamó ayer AFP Cuprum, que junto a Habitat atacaron con severidad al Gobierno.

Demasiado grande

Para los empresarios y las propias gestoras, la disputa es de fondo. Por primera vez, el Estado retoma la gestión de los ahorros previsionales en forma masiva, poniendo incertidumbre sobre cómo se invertirán esos dineros, considerando que las AFP (y las compañías de seguros de vida que invierten los ahorros de jubilados con renta vitalicia) tienen invertido el equivalente a más del 20% de las necesidades de financiamiento de las grandes empresas en Chile.

Sin embargo, como ha ocurrido en todo este Gobierno, esta reforma es resistida no solo por el empresariado sino también por el mundo social, o sindical, o en este caso de organizaciones civiles lideradas por Luis Mesina, líder del movimiento «No+AFP», que instalaron con marchas multitudinarias la crítica a las AFP luego que se conocieran los primeros escándalos de pensiones millonarias en el Estado (jubilazo de Gendarmería), con vinculaciones políticas y, recientemente, con el millonario fraude en el Ejército y Carabineros.

Por eso, mientras Bachelet reconocía en el Salón Montt Varas que “nunca se puede dejar a todos contentos”, afuera Mesina afirmaba que la Presidenta no se atrevió a tocar a las AFP y cambiar el sistema de pensiones.

Tampoco se sintieron invitados los privados. El presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, reclamaba insistentemente –y con la misma insistencia era consultado– que no los invitaron y los periodistas en La Moneda les preguntaban a los presidentes de partidos en qué quedó el llamado al acuerdo nacional de Bachelet hace un año, si no estaba la derecha y las AFP.

Nadie dio respuesta clara por la ausencia de las administradoras, aunque estaba la CPC, con el ex canciller de Sebastián Piñera como presidente, Alfredo Moreno.

Moreno, como buen invitado, cuidó sus palabras. Dedicó varios minutos a explicar lo positivo del anuncio, entre esto el aumento que en sus costos ellos harán para mejorar las pensiones, y aplaudiendo que por fin un Gobierno se meta en definiciones complejas que no se habían tomado desde 2008, justamente cuando Bachelet en su primer mandato creó el Pilar Solidario, que hoy gasta casi US$ 1.000 millones al año en beneficios a 1,2 millones de jubilados.

Pero Santa Cruz recordaba todas las críticas de las AFP: que el 5% debe ser gestionado por estas y que debe ir a las mismas cuentas actuales. Así, las AFP proponen aumentar en un tercio los activos bajo su gestión, sin cobrar nada adicional, aun cuando en el pasado han dicho que sus rentabilidades no son altas.

Más tarde, AFP Habitat –la gestora de propiedad de la Cámara Chilena de la Construcción con mayor presencia pública de todas– habló del monopolio estatal que se crea con este 5% y que “atenta contra la libertad de elección”. Cuando le preguntaron a Moreno por la ausencia de las AFP al evento, dijo que no era a él a quien debían preguntarle.

No estando los partidos de la derecha, de los candidatos a la Presidencia solo figuró la presidenta de la DC, Carolina Goic, pues el abanderado del los partidos Radical, Comunista, PPD y PS, Alejandro Guillier, no asistió. De hecho, habría diferencias entre el candidato y el Gobierno, ya que Guillier apostaría por una agenda más agresiva con las AFP. Así lo dijo en redes sociales, donde afirmó que apoyaba el anuncio de Bachelet y que en su eventual Gobierno «iremos más allá».

Tampoco estaba la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, cuya opinión se acerca al movimiento No+AFP, que apostaba por un sistema de reparto y el fin de las AFP.

En las últimas semanas se sintió la importancia del tema a legislar.

En teoría, en el régimen con el alza de 5%, por cada año el ente estatal, y no las AFP, recibiría unos US$ 3.000 millones, exactamente la mitad del flujo que seguirán ingresando los trabajadores a las administradores de fondos de pensiones, que suman otros US$ 6.000 millones. Pero esta vez serán aportados por las empresas. Y también el Estado. Pues esta reforma tendrá US$ 1.500 millones de costo fiscal, según Valdés. En parte por el mayor costo de ahorro previsional para funcionarios públicos, pero también porque el 5% adicional que irá acumulándose las empresas lo descontarán como gasto en sus impuestos.

Por eso fue agria la controversia de diez días entre AFP Habitat y el Ejecutivo por la encuesta a sus afiliados que, luego de cambios forzados por la autoridad, reveló que, de sus dos millones de afiliados, 60 mil votaron mayoritariamente para que el 5% fuera a sus cuentas en las AFP. Quienes votaron representan cerca del 3% de dichos afiliados.

Ese episodio, incluyendo una encuesta similar de AFP Cuprum, marcó la preocupación de fondo de las AFP, aunque no era el único foco.

En la medida de lo posible

El Gobierno informó ayer que, además de los dos proyectos, el que crea el 5% y el que crea el ente estatal de rango constitucional que lo gestionará, habrá un tercero y que apunta, más que a “mejorar las pensiones”, como se instaló en la agenda, también a dar “legitimidad al sistema” por su origen político.

La tercera iniciativa aborda cambios a la regulación de las AFP. Sobre este proyecto hubo dudas hasta el final y esencialmente se enfoca en los niveles de utilidades de las AFP y su poca alineación con la rentabilidad de los fondos de pensiones.

Un senador de la Nueva Mayoría dijo que el Gobierno decidió incluirlo a última hora. Hasta el lunes no había acuerdo en la coalición y La Moneda se inclinaba por dejarlo fuera del paquete legislativo.

El propio diputado PS, Osvaldo Andrade, dijo que pondrán sus esfuerzos en sacar los dos primeros proyectos en este Gobierno.

La Presidenta Bachelet dijo hace un año que había comisiones “fantasmas”, aludiendo a las de intermediación que pagan las AFP –con cargo a los ahorros de los trabajadores– a gestores de fondos de inversión que inviertan la parte de los activos que administran las administradoras en el extranjero.

Según cifras oficiales, serían unos US$ 400 millones, equivalentes a casi un 80% de las ganancias anuales de las AFP en los últimos años.

Desde las AFP rechazan fuertemente que las comisiones estén ocultas y apuntan a que están claramente explicadas tanto en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, así como en sus propios sitios web y en cartolas.

En las últimas semanas se especuló con que el Ejecutivo pensaría traspasar un 15% de dicho costo a las AFP. Ayer Bachelet no dio luces de aquello.

Tampoco de medidas para ligar las comisiones a los retornos de los fondos, haciendo a las AFP compensar a los afiliados parte de eventuales pérdidas. No puede ser que las AFP tengan utilidades si los afiliados pierden en sus ahorros, decía en ese momento la Presidenta. Aunque hace más de dos años AFP Habitat propuso hacer algo parecido, pero necesitaba el OK del regulador.

El ministro Valdés sí dio algunas luces al respecto más tarde. En T13 dijo que habría medidas en esta línea que serían de mucho interés para los gerentes de las AFP. No añadió más.

Bachelet solo cumplió con sus anuncios en esta materia, incluyendo en su proyecto la participación de la comisión de Usuarios en la elección de directores de empresas, y anunciando la participación indirecta de los afiliados en los consejos de inversión de las AFP, otro punto que enciende luces rojas en estas y las empresas.

Santa Cruz señaló que las inversiones deben manejarlas “quienes saben” y que las AFP podrían proponer una terna para directores de empresas y que los afiliados voten por cada uno.

Eso sí, el Gobierno toca algunos beneficios de las AFP. Por ejemplo, el tope imponible en Chile llega hoy a casi 2 millones de pesos mensuales. Ese grupo crecerá hasta los 3 millones de pesos, afectando a un segmento equivalente al 5% de los afiliados. El Ejecutivo anunció que ese aumento no será negocio para las AFP, pues deberán mantener el cobro en dinero que hacen actualmente, obligándolas paradójicamente a gestionar gratis ese mayor ahorro para el segmento de altos ingresos de los afiliados al sistema de capitalización individual.

Y también el Ejecutivo introducirá factores adicionales a las licitaciones de afiliados que se realizan cada dos años y que permitieron que quienes ingresaron al sistema de AFP hayan podido acceder a una comisión cercana al 0,4% de su sueldo bruto, frente al 1,3% promedio del resto. El Gobierno indicó que se incluirán en la licitación mediciones de rentabilidad y calidad de servicios para adjudicar la AFP ganadora.

Sin embargo, al menos en los anuncios, no habrá inclusión de afiliados vigentes en las licitaciones, una propuesta que generó la unanimidad de los grupos A y B de la Comisión Bravo, cuyo presidente, David Bravo, participó del evento en Palacio.