Operación legado: una herencia poco deseada

Cuando se habla de herencia, a la mayoría se le viene a la cabeza la idea de recibir una buena cantidad de dinero o algún bien deseado, pero muy pocos o casi nadie piensa en recibir una deuda y, por tanto, menos hacerse cargo de ella.

Lamentablemente, las herencias no siempre son tan atractivas como en los cuentos y, si bien en la realidad uno puede incluso rechazarlas, en la política eso no sucede.

A menos de seis meses de que concluya el actual período presidencial y con un Gobierno que está muy preocupado de construir su legado, vale la pena repasar o al menos revisar por dónde transitaría este en materia económica.

Para iniciar nuestro recorrido, lo haremos en la reforma tributaria aprobada el 2014, la que tenía como objetivo financiar las promesas realizadas en gratuidad de la educación, luego se le fueron colgando nuevos deseos, los que a la luz de sus resultados son y serán imposibles de cumplir. Además de toda la complejidad que trajo el nuevo sistema tributario (el alza de los impuestos nos dejó en la parte alta de los países OCDE), la recaudación no aumentó en la magnitud proyectada y aquel prócer de la economía que lideró tal reforma en la actualidad es juzgado por sus resultados, pero bien cobijado en algún organismo internacional.

En materia de empleo la cosa no es mejor, aun cuando los datos generales no muestran nada extraño, más bien pareciera que el mercado laboral resistió muy bien este período. Sin embargo, al indagar en las cifras, nos damos cuenta de un deterioro enorme en la calidad del empleo. La disminución de los empleos asalariados da cuenta de dicho deterioro, esos son los trabajos que se requieren para sostener la economía en el largo plazo, aquellos que llevan aparejadas las cotizaciones previsionales y una serie de derechos para sus titulares. En cambio, la realidad nos muestra un incremento de los empleos por cuenta propia, por lo general de baja calidad y sin ninguna protección para el presente y menos para el futuro. Solo pensando en la discusión previsional, que también marcó prácticamente el último año de gobierno. Agreguemos un dato adicional, se realizó una reforma laboral que va en contra de la realidad mundial y rigidiza aún más un mercado laboral complejo con el solo objeto de darles más apoyo a los sindicatos.

En materia de inversión, esta ha venido disminuyendo desde el momento en que en el país se hizo patente la posibilidad de que la coalición gobernante accediera al poder, esto es, al inicio del año 2013 y desde ese momento no ha parado de caer. Es evidente que sin inversión no es posible mejorar los niveles del PIB, pero tampoco se ha realizado ningún esfuerzo para aumentar la productividad y haber aplacado en algo dicha caída. Salvo la Comisión de Productividad, a la cual poca atención se le ha puesto, no se ha visto mayor interés en este punto. De la inversión extranjera directa mejor ni hablar, ya que es solo un reflejo de la anterior, aun cuando debemos reconocer que por lo general los inversionistas foráneos tradicionalmente han sido más optimistas respecto de los procesos económicos del país, en esta ocasión se han mantenido al margen.

A nivel de hogares la situación no está mejor, todos los indicadores muestran cifras ya preocupantes de endeudamiento, lo cual es consistente con una caída en la calidad del empleo, su precarización y la cantidad de horas trabajadas. En términos concretos, los hogares en promedio están endeudados en un 68% de sus ingresos, lo cual es muy complejo de sostener frente a una eventual crisis mayor de la economía. Esta es una bomba de tiempo peligrosa.

La deuda no es un problema solo de los hogares chilenos, también es un problema para el fisco, ya que la sostenida alza en el endeudamiento lleva aparejada el pago de intereses, los cuales durante el próximo período de Gobierno representarán algo así como 12 mil millones de dólares. Solo para que tenga una magnitud, la reforma tributaria impulsada por el Gobierno contemplaba en régimen recaudar 8 mil millones de dólares, es decir, los intereses a pagar serán equivalentes a una reforma tributaria y media.

No satisfechos con lo anterior, el stock de deuda acumulada para el país se empinará a los 70 mil millones de dólares, algo inusual para la economía desde la década del noventa. El año en curso se colocaron en torno a 8 mil millones de dólares para financiar el presupuesto público, para el próximo año se proyecta una cifra que supera los 9.5 mil millones, para dejarla rondando el 30% del PIB, con lo que se estaría duplicando la deuda pública con que asumió este Gobierno, la que estaba en un 15%.

Como en economía las cosas se interrelacionan, la caída en la inversión, baja del PIB, aumento de deuda y otros factores, están impactando en la regla estructural. Esta medida autoimpuesta que permite gastar sobre la base de un potencial de crecimiento, pero que en los últimos años ha servido más bien para alejarse de la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Como muestra final de este alejamiento, el último presupuesto de este Gobierno contempla una política fiscal expansiva, lo que claramente complicará a quien deba asumir su ejecución, ya que obligará a sincerar muchos de los supuestos con los cuales fue elaborado y ajustar partidas para tratar de encauzar nuevamente la macroeconomía.

No crea, el lector, que se me olvidaba el corolario de esta historia, ya que frente a los diversos indicadores expuestos y otros tantos que miran las clasificadoras de riesgo, es que nos han bajado de categoría, lo que trae consecuencias precisamente en los costos para financiar futura deuda.

En la vida no es extraño tropezar, lo relevante es retomar el equilibrio y continuar el camino trazado. Confiamos en que las autoridades políticas que han de asumir la conducción económica así lo hagan, teniendo en miras el beneficio del país y un horizonte de largo plazo.

Después de leer esta agotadora descripción, asumo que alguno de ustedes preferiría no hacerse cargo de esta herencia, sin embargo, los países, a diferencia de las personas, no pueden tomar dicha decisión y deben asumir.

Aldo Cassinelli Capurro
Director Ejecutivo
Instituto Libertad