Como se preveía, los depositantes de la compañía que lideran ejecutivos y directivos ligados al grupo Norte Sur tendrán que esperar largos años para ver de vuelta los casi 45 mil millones que permanecen en un corralito judicial desde agosto de 2017. La cooperativa ya logró aprobar un aumento de capital con sus socios por 18 mil millones, pero será voluntario para ellos, y en contrapartida propuso en febrero pasado que sean los acreedores los que capitalicen casi la mitad de sus deudas y que se sienten a esperar al menos tres años para comenzar a ver la amortización del resto de lo adeudado.
El 17 de enero pasado fue la penúltima sesión previa al receso de verano de la comisión investigadora del caso Financoop de la Cámara de Diputados, que por estos días prepara su informe final. Allí llegó nuevamente, y con total tranquilidad, el presidente de la cooperativa, Daniel Albarrán, para responder las pocas preguntas que a esas alturas quedaban para los integrantes de la instancia, presidida por el diputado Jaime Bellolio.
Ya se había decretado en tribunales el fin del proceso de liquidación que se inició en agosto por petición del Ministerio de Economía, cuando la entidad que entonces dirigía Luis Felipe Céspedes –quien definitivamente no asistirá a la comisión pese a haber sido citado reiteradamente– acusó formalmente al Consejo de Administración de la firma que conduce Albarrán de haber manipulado sus estados financieros, sin haber aclarado su real y deficitaria situación patrimonial.
El triunfo en enero de Albarrán y su equipo de abogados fue total. Rodrigo Zegers, profesional del estudio Rivadeneira, Colombara, Zegers, se sumó al lobby de los representantes de la empresa, entre ellos, del director Carlos Mladinic, quienes convencieron al abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Jorge Escobar, y al equipo de la Subsecretaría de Economía, Natalia Piergentilli, que no había salida al caso si no echaban abajo la acción y permitían la reorganización.
A cambio, Financoop se comprometió a reconocer la pérdida patrimonial denunciada en agosto por el Gobierno, aunque jamás ha admitido que eso sea producto de irregularidades en la cooperativa. El Ejecutivo logró así sacarse el problema de encima y dejar en manos de los socios y acreedores de la cooperativa la solución final.
Hoy la idea de la compañía apunta a que los acreedores aporten al capital de la cooperativa parte de los $ 45 mil millones que invirtieron en depósitos a plazo de la firma y que otro saldo quede congelado, cobrando intereses por al menos tres años, sin que exista una idea precisa del momento en que recuperarán por completo su inversión.
A estas alturas el Gobierno no puede intervenir. Firmado el acuerdo, los acreedores deberán decidir si capitalizan el 40% de sus depósitos y se transforman en accionistas de la cooperativa y si, además, aceptan que el otro 50% –solo un 10% de la deuda se pagaría al contado– sea reprogramado al menos en 36 meses y cuyo pago transitorio se remitirá a los intereses, pues el capital estará ligado a la capacidad de generación de utilidades de la cooperativa.
De hecho, el 40% que deberán capitalizar les podría ser pagado en algún momento, pero también dependerá de la situación financiera y patrimonial de la compañía, sin existir plazos claros de esta.
En total incertidumbre, el 5 de marzo pasado acudió uno de los ahorrantes a la comisión. A esas alturas los acreedores ya habían conocido desde fines de enero la propuesta, pero la comisión no sabía de eso, pese a estar votando su informe final. Arturo Castillo hizo un relato de su situación personal y en la instancia los parlamentarios no tenían certeza de lo que estaba proponiendo Albarrán a los acreedores.
El próximo 26 de marzo se realizará la junta de acreedores citada por el veedor, Carlos Parada, propuesto en el proceso judicial por la cooperativa. Allí se deberá llevar la última propuesta que surja de las conversaciones de acreedores y el equipo de Albarrán. A esas alturas se habrá votado en la Sala el informe de la comisión investigadora, la que nunca pudo contar con el testimonio del ex ministro Céspedes, que aún no recibe el informe de Contraloría sobre la labor fiscalizadora del equipo de Piergentilli y todavía no se adentra en lo que ocurría al interior de la cooperativa en los últimos años.
Pese a que esta semana aún la comisión investigadora no tenía claridad sobre lo que está proponiendo Financoop a los depositantes, Albarrán se los había deslizado parcialmente en enero. En esa ocasión les indicó que los acreedores tendrían que decidir si capitalizaban parte de la deuda o, en caso contrario, otro tendría que poner el dinero. La alternativa, si nada de eso funciona, es que se proceda a la liquidación planteada originalmente por el Gobierno.
El directivo no tuvo dudas en responsabilizar al Ejecutivo por la situación actual, recordando que ellos informaron a Economía en abril de lo que pasaba en la empresa y que tenían un acuerdo para hacer un proceso similar al actual. «La autoridad tenía instrumentos para resolver… nos sorprendió y todavía no entendemos –ni tengo respuesta para eso– por qué la autoridad decidió que la alternativa mejor para ahorrantes era pedir la disolución y la precautoria”, señaló Albarrán.
Tanto convenció a los diputados que en la sesión del 17 de enero Enrique Van Rysselberghe y Carlos Abel Jarpa le pidieron su opinión sobre los cambios legales que se deben hacer para que no se repitan hechos como Financoop.
Hábil verbalmente, nunca esquivó el bulto cuando le preguntaron cuál era la responsabilidad de la compañía en esto, explicando que los créditos que ahora debían ser absorbidos con pérdidas eran créditos vigentes –al día–, según la normativa de Economía y que, si le fueron a informar al Gobierno, era porque consideraban que las provisiones constituidas no eran las suficientes, mas no ilegales.
Nunca Albarrán ha reconocido ante la comisión que un tercio de los créditos de la cooperativa ya vencidos eran puestos al día con líneas de crédito u otras fórmulas que permitían mantener artificialmente al día la cartera de colocaciones, como lo explicó el experto Sergio Álvarez en el informe que le entregaron a la administración en mayo de 2017 y que Economía hizo suyo en octubre pasado, cuando presentó formalmente la demanda de liquidación contra la empresa.
Los detalles de la propuesta que no entregó el directivo en ese momento y que fueron presentados en febrero pasado a los depositantes en un borrador al cual tuvo acceso El Mostrador Mercados, confirman lo previsto: los dueños de casi 45 mil millones en depósitos a plazo de la cooperativa, deberán esperar al menos tres años para que eventualmente se comience a pagar el 50% de la deuda y tendrán que aportar otro 40% al capital de la empresa, haciéndose socios de la misma entidad que terminó de congelar indefinidamente los pagos con la resolución judicial que en enero pasado dio inicio a la reorganización judicial.
La propuesta compromete una serie de cambios corporativos en la compañía y disponiendo como garantía la presencia permanente del veedor Parada, quien además ha sido cuestionado por los propios acreedores, en especial por los abogados Tomás Fabres y Paola Bugueño, quienes presentaron una solicitud de remoción del aludido, por distintos incumplimientos en el proceso.
El proceso de reorganización en tanto ya avanza. El 29 de enero pasado se realizó la junta de socios de Financoop, que reúne a miles de personas en el país pero que, en general, son representados en los encuentros en Santiago. Los socios acordaron aprobar un aumento de capital de 18 mil millones de pesos, aunque no están obligados a suscribir dicha operación. La apuesta de Albarrán y su gente es que sean los acreedores los que pongan el dinero para cubrir las provisiones que su administración no hizo antes.
La cifra es superior a los casi 13.500 millones de pesos que acordó con Economía y el CDE reconocer en sus balances a junio de 2017, los que fueron aprobados en la junta aludida y que revelan, además, que las pérdidas totales superan los 15 mil millones, pues incluyen los 1.500 millones perdidos en 2016.
Si los acreedores aceptan, Financoop volverá a estar en regla. Si no la aceptan, como estaría ocurriendo hasta hoy, tendrían que llegar nuevos socios.
En medio de la crisis de la cooperativa el año pasado, El Mercurio publicó un artículo donde asegura que habría dos inversionistas interesados en ingresar a Financoop. Hasta ahora no se conocen sus nombres.
Financoop solo pagaría el 10% de los depósitos adeudados a sus clientes. El 50% que capitalizarían los acreedores sería devuelto en el tiempo, sin compromiso de plazos, a través de la generación de utilidades de la compañía, todo sujeto a proyecciones que manejan al interior de la empresa, pero de las cuales solo ellos tienen certeza. Según estimaciones de la empresa, el aporte de los acreedores podría generar entre 8% y 9% de retorno anual.
El 40% que se posterga pagaría intereses periódicos y no antes de 2021 podría comenzar a pagarse la deuda misma.
Para que esto funcione, Financoop debe realizar un aumento de capital adicional –equivalente al que suscriban los acreedores– para compensar el ingreso de los depositantes devenidos en accionistas.
Evidentemente, los acreedores partieron rechazando la propuesta y de inmediato surgieron contraofertas.
Tomás Fabres, que representa a más de 200 depositantes, propuso que se pague el 20% de la deuda 60 días después de declarada la ejecución de la reorganización, incluyendo intereses convencionales y/o moratorios.
Además propone solo capitalizar el 5% de los 45 mil millones en depósitos adeudados y que el saldo lo pongan los socios actuales o eventuales nuevos, sin que se autorice a la cooperativa a dar créditos a quienes concurran a dicho aumento. En esta línea plantean que esa operación debe concretarse antes del pago del 20% de la deuda.
Solo en ese escenario validan que un 75% de la deuda quede pendiente de pago, pero que se cancele en tres cuotas en los siguientes tres años y con preponderancia para los jubilados.
Finalmente, plantean que el 75% de las utilidades que genere en el futuro la cooperativa deberá ir al pago de la deuda reorganizada.
Financoop no respondió a las consultas de este medio.
