Opinión
Pareciera que las dificultades para emprender no son un mayor problema en Chile. Por ello, es que creemos que el foco no merece estar en bajar barreras regulatorias, sino que las medidas debieran estar orientadas a mejorar la calidad del emprendimiento, empleo de mayor estabilidad y de mejores condiciones.
El 10 de agosto el Gobierno de Chile anunció la creación de la Nueva Agenda de Impulso Productivo y la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, ambas alojadas en el Ministerio de Economía, con el objetivo de guiar, revisar y simplificar las regulaciones para dinamizar la inversión y el emprendimiento. Esta medida se enmarca en un escenario desfavorable que ha vivido la productividad en el país, con tendencia negativa durante los últimos siete años, marcada en gran medida por la caída lenta, pero sostenida, del sector minero.
Esta medida plantea impulsar la inversión y así aumentar la productividad, con el fin de mejorar el bienestar, la calidad de vida y ofrecer mejores oportunidades a las personas. En este sentido, podría ser un aporte al desarrollo sustentable del país si promueve el trabajo estable y digno. Sin embargo, surgen interrogantes asociadas a cuál es el rol que juega el emprendimiento en un aumento de la productividad, y qué calidad de empleo están creando las nuevas empresas, aspecto fundamental para mejorar el bienestar de la población.
El emprendimiento como impulsor del desarrollo ha recibido gran atención en las últimas décadas a nivel global. Se ha argumentado sobre un vínculo causal entre mayor emprendimiento y “prosperidad” económica (Acs, 2006). Este se plantea como un elemento clave para el desarrollo, ya que permite emplear a los factores productivos de modo innovador y, por ende, impulsa la productividad de los factores, genera cambios estructurales de la economía, favoreciendo así el desarrollo (Ferreira, 2017).
Por otro lado, existen visiones que cuestionan dichos efectos, argumentando que en Chile muchos emprendimientos surgen por necesidad, por falta de alternativas en el mercado laboral, por lo que en su mayoría no son innovadores, no generan un impacto significativo en el empleo y, por último, no se traducen en la generación de riqueza (Atienza et al., 2016). Así, la calidad, y no solo la cantidad, de emprendimientos juega un rol clave en el aumento de la productividad y en alcanzar el esperado crecimiento económico y bienestar de la población.
En Chile, la actividad emprendedora ha aumentado en los últimos años. Según el Global Entrepreneurship Monitor 2017, cerca del 24% de las personas entre 18 y 64 años participa en un emprendimiento en etapas iniciales, cifra significativamente superior al 12% que se registraba en 2008 (GEM, 2017). El Estado ha asumido un rol protagónico en su fomento, resolviendo problemas en la etapa de creación y crecimiento de las empresas, simplificando al marco regulatorio y reduciendo trabas para comenzar a funcionar, entre otros aspectos.
En 2011 se realizaron cambios en el sistema de registro de nuevas empresas, lo que provocó una disminución en el costo para su registro y menor cantidad de días requeridos para este trámite. En 2013 se aprueba la Ley sobre Constitución de Sociedades en un día a costo cero, buscando agilizar el proceso de inicio o término de una empresa, entre otros aspectos (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2013).
Lo anterior, se tradujo en el aumento notable de nuevas empresas a partir del año 2011 (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2013). De hecho, según el Informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), en el período 2012 – 2016, Chile destaca como el país con la mayor tasa de emprendimiento entre los países OCDE. En este escenario, resulta cuestionable que en el mensaje detrás del lanzamiento de la Agenda de Productividad recalce la idea de disminuir trabas regulatorias para emprender.
Un análisis ocupacional del emprendimiento realizado por investigadores de la Universidad Católica del Norte, plantea que los trabajadores por cuenta propia y los empleadores en Chile son en su mayoría personas con menor nivel de escolaridad y los trabajadores por cuenta propia tienen en promedio ingresos bajos. Además carecen de estabilidad, moviéndose entre el trabajo por cuenta propia y el desempleo o la inactividad. Esto se traduce en un trabajo marcado por la precariedad, la subsistencia, la informalidad y la inseguridad laboral (Atienza et al., 2016).
Debido a los antecedentes presentados, pareciera que las dificultades para emprender no son un mayor problema en Chile. Por ello es que creemos que el foco no merece estar en bajar barreras regulatorias, sino que las medidas debieran estar orientadas a mejorar la calidad del emprendimiento, empleo de mayor estabilidad y de mejores condiciones. Lograr mayor productividad de las empresas existentes para así otorgar estabilidad al sistema, con empleos más seguros y de mejor calidad, sería un aporte importante al desarrollo sustentable desde la perspectiva social y económica. En definitiva, mejorar productividad y empleo sería prioridad por sobre crear “más de lo mismo”.
Johannes Rehner, académico Instituto de Geografía UC e investigador del Centro de Desarrollo Urbanos Sustentable (CEDEUS), y Sebastián Rodríguez, Geógrafo PUC y MSc Gobernanza de Riesgos y Recursos. Asistente de investigación CEDEUS.
