MERCADOS
Los trapitos al sol. Es una frase popular que describe bien lo que ha sucedido con la modificación del Decreto Supremo 244. Si bien podría tratarse solo de una norma técnica, la tensión ha escalado. Se acusa un conflicto de interés del coordinador de la mesa, Gabriel Prudencio, representante del Ministerio de Energía y que tiene vínculos familiares con una empresa que posee centrales minihidro. A la vez, las compañías del sector acusan cierta simpatía del Gobierno con algunos gremios.
Recién asumido el ministro de Energía Juan Carlos Jobet, empalmó con varias de las propuestas que su antecesora, Susana Jiménez, había dejado andando, entre ellas, la polémica modificación del Decreto Supremo 244 que norma las reglas de pago de la energía a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGDs).
Todo partió enredado. Tal como relató un reportaje de El Mostrador Mercados, el anuncio del 22 de abril llevó a un punto de tensión de las relaciones entre las empresas de este segmento y Jiménez, algo que, en todo caso, no se aplacó con el ajuste ministerial y el arribo de Jobet a la cartera.
Hasta ahora estas empresas, que invierten en pequeñas centrales –principalmente de generación solar– se han regido por un decreto que permite darles certeza del precio de venta de la energía, todo con el fin de motivar las inversiones en el incipiente sector.
Pese al sello verde que ha puesto La Moneda en su agenda gubernamental, para el Gobierno de Sebastián Piñera se ha generado una sobreinversión. Con eso sobre la mesa, el nuevo ministro aclaró –en sus primeras declaraciones a la prensa– que la modificación va y, con ello, determinó que se creara una mesa de trabajo con el fin de poner todas las posturas en discusión.
Pero lo anterior solo ha elevado la tensión, particularmente entre las compañías que operan en el sector de los PMGDs y sus competidores en energías renovables, particularmente con los empresarios que invierten en el sector de las minihidro.
“Algunos piensan que por llamarse pequeños y medianos generadores sus dueños son humildes y esforzados microempresarios, pero la verdad que hace rato entró en el radar de grandes inversionistas y avezados especuladores. De hecho, existen muchos fondos destinados, exclusivamente, a aprovechar el precio estabilizado con energías renovables variables. Es divertido ver la reacción de sus promotores cuando se les pregunta sobre la viabilidad al mediano plazo del precio estabilizado, pero es triste pensar cuántos aportantes incautos han caído”. El comentario estaba firmado, en medio del debate, por el gerente general de Llaima Energía, Ian Nelson.
[cita tipo=»destaque»]De la cita del 4 de julio, trascendió que la propuesta de Jobet considera modificar dicho mecanismo e introducir precios diferenciados según bandas horarias. Otro de los ejes que planteó el ministro fue un plazo de permanencia de 12 años, es decir, que por ese periodo se pueden acoger los actuales proyectos para continuar con el precio estabilizado, además de 18 meses, contando desde abril de 2019, para que los proyectos en actual desarrollo se puedan acoger a la regla antigua.[/cita]
La reflexión –bastante más extensa y publicada en redes sociales– no cayó nada bien entre las empresas que se verán afectadas por la modificación del decreto. Más aún cuando creen que la modificación ha sido “orejeada” por el sector al que Nelson representa: las centrales minihidro.
Ian Nelson tiene doble militancia. Es gerente de Llaima y como su vocero ha dado varias opiniones en relación con el cambio del decreto: “Cuando alguien dice que se van a parar inversiones, la pregunta que surge es: ¿son inversiones que en realidad se deberían estar haciendo? Si se hacen solo porque existe una transferencia de renta, creo que no deberían hacerse. No son sanas para el sistema”, sostuvo en una entrevista en el Diario Financiero.
Llaima está ligada a importantes capitales. Sus socios son Juan Claro, José Antonio Garcés y Gonzalo y Salvador Said, además de otros de nacionalidad canadiense.
La tensión con Nelson se debe a que representa, como su presidente, a la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales (Apemec).
Lo que más irrita a los pequeños generadores es lo que Nelson ha sostenido y que el mismo Jobet respaldó: que en realidad el 244 no es un incentivo, sino un subsidio que les asegura rentabilidad y que su propuesta para realizar el cambio tiene especial parecido con la que realizó el Gobierno.
“Nuestro interés como gremio siempre ha sido el defender en general el principio de neutralidad tecnológica en la generación eléctrica, que es lo que mandata la ley que regula el tema. Hemos participado, como cualquier otra asociación, tanto en las mesas de trabajo como en las reuniones informativas. También participaremos en la consulta pública anunciada por el ministerio para este tema, como en todos los demás cambios regulatorios. En este sentido, el nivel de participación y transparencia con que opera el Ministerio de Energía en los cambios regulatorios podría ser imitado por otras reparticiones públicas”, detallaron desde Apemec a El Mostrador Mercados y aclararon que es esta la postura de todos los actores del gremio.
El cuestionamiento de los actores de las PMGD es “por qué se buscó con tanto énfasis cambiar una regulación que el mismo Jobet ha reconocido no representa más del 1% de la generación. En un tuit del 8 de julio, la integrante del Comité Ejecutivo de las PMGD dejó en evidencia el descuerdo: ministro Jobett dice que solo es 1% de generación. Si es tan insignificante, por qué cambiar el precio estabilizado que ha alentado la inversión solar y eólica. ¿Basado en qué estudios? O se querrá transferir ingresos a otra tecnología más cara y con menos licencia social”.
Apemec descartó que exista cualquier interés particular del gremio en que se ajuste la normativa. “Entendemos que el diagnóstico que impulsa a revisar el reglamento es que, tal como está planteado hoy, este permite la sobreinstalación de un tipo de tecnología de generación, particularmente solar fotovoltaica, en lugares que esta energía no se necesita o que puede llegar, en ciertas horas del día, incluso a valor real igual a 0, debiendo los demás generadores remunerar estas centrales a un precio muy superior al que les corresponde, originando un subsidio cruzado. La saturación que produce genera problemas al sistema completo, que luego tendrá que pagar el consumidor final. Creemos que la fórmula que propone el Gobierno corrige esta distorsión y vuelve a dar señales correctas para el crecimiento sano de los PMGD”, explicaron.
Desde el Ministerio de Energía descartaron, asimismo, que se trate de una decisión influida por algún sector. En efecto, dijeron que nace después de analizar la normativa que regula la generación de mediana y pequeña escala con energías renovables no convencionales y que hay que considerar que se trata de proyectos de inversión en torno a los US$ 10 millones. Es importante recalcar que la ERNC representan el 18% de la matriz de generación, siendo los PMGD, a su vez, el 1% de este.
«Es importante mencionar que se mantiene el precio estabilizado como concepto y se cambia la forma de calcularlo para darle más transparencia al mercado. Los cambios no ponen en riesgo la ejecución de proyectos de energías renovables no convencionales de mediana y pequeña escala. Por el contrario, buscan facilitar el desarrollo de estos a través del mejoramiento del proceso de conexión, así como, también, hacer más competitivo y eficiente este mercado», agregaron.
Sobre las tensiones entre los diversos actores, el ministerio manifestó que en todo cambio normativo «puede haber diferencias, sin embargo, estamos convencidos de que es importante que las empresas puedan adaptarse a los nuevos desafíos que las innovaciones tecnológicas ofrecen a la gente para mejorar su calidad de vida».
El pasado 4 de julio se dio inicio a la posta que Jobet definió para continuar con la modificación. Una mesa de trabajo a la que se invitó a los principales gremios de energías renovables. Ese día se llevó a cabo la reunión a la que llegaron Carlos Finat, presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), Carlos Cabrera de la Asociación Chilena de Energía Solar, Nelson como presidente de Apemec, representantes de la Asociación de Consumidores de Energías No Renovables (Acenor), GPM (Generadores Pequeños y Medianos) y de la Asociación Gremial de Generadoras.
La cita no contempló a representantes de los PMGD, porque en rigor no tienen gremio, sino solo un comité ejecutivo. Más allá de la marginación, lo que inquieta a algunos actores es la persona elegida para coordinar la mesa. Se trata del jefe de la División de Energías Renovables: Gabriel Prudencio Flaño. Los cuestionamientos no vienen de la mano de la capacidad que posea el ingeniero civil de la Universidad Católica, sino por el conflicto de interés que tiene para mediar la instancia.
La familia Flaño, por medio de inversiones en la que se agrupan a varios hermanos del fallecido empresario Álvaro Flaño, mantiene participación en la empresa Carrán Limitada, que tiene dos centrales minihidro en la cuenca del Ranco.
En efecto, el tío de Gabriel Prudencio, Álvaro Flaño García, en 2018 fue distinguido por la Apemec –la misma que preside Nelson– como “desarrollador destacado”.
Dentro de la malla societaria de Carrán Ltda. –en la base de datos de Dicom– parte de sus socios son Inversiones Isabel de Castilla Sociedad. A su vez, dentro de los partícipes de Isabel de Castilla, se cuenta a la sociedad Inversiones Flaño Hermanos Limitada. En esta última participan como socios todos los descendientes de la familia, entre ellos, María Isabel Flaño García, madre de Prudencio, quien coordina la mesa.
Desde el Ministerio de Energía afirmaron que lo anterior no constituye un conflicto de interés. «El señor Gabriel Prudencio no tiene ningún conflicto de interés y no tiene participación directa ni indirecta en la empresa Carrán Ltda.».
Respecto a si su vinculo familiar –no societario– puede influir en gestar una normativa que beneficie a las minihidro, desde Energía aseguraron que «en cualquier caso, las modificaciones en análisis en materia de precio estabilizado, no son aplicables a las minicentrales de la Empresa Carrán Ltda., ya que estas no están acogidas al mecanismo especial de estabilización de precios, sino que se encuentran sujetas al régimen general de ventas a costo marginal. Además, las dos minicentrales no cuentan con capacidad de almacenamiento, por lo que no se identifica un potencial beneficio asociado a esta modificación regulatoria».
De la cita del 4 de julio, trascendió que la propuesta de Jobet considera modificar dicho mecanismo e introducir precios diferenciados según bandas horarias. Otro de los ejes que planteó el ministro fue un plazo de permanencia de 12 años, es decir, que por ese periodo se pueden acoger los actuales proyectos para continuar con el precio estabilizado, además de 18 meses, contando desde abril 2019, para que los proyectos en actual desarrollo se puedan acoger a la regla antigua.
Los flancos por ahora siguen abiertos, con un plazo adicional de dos semanas que el Gobierno concedió (a partir del 2 de julio) para entregar nuevos informes u opiniones que permitan sopesar la modificación final del decreto.
