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Según el Ranking de Pagadores, el desembolso promedio para las pymes en el lapso octubre-diciembre llegó a 67 días; es decir, registró un alza de ocho días frente a los tres meses inmediatamente anteriores (59 días) y de 14 días respecto del mismo trimestre del año 2018. El impacto del estallido social es «la razón más evidente» del alto aumento, según los autores de la clasificación.
En diciembre pasado la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) realizó un sondeo entre las pequeñas y medianas empresas adheridas a la corporación, con el objetivo de conocer las principales preocupaciones de las pymes afectadas por el estallido social que vive el país desde hace más de tres meses. La mayoría respondió que la crisis no se solucionará en menos de 6 meses y un 47% de los encuestados declaró que su negocio no sobrevivirá más de un año si es que la coyuntura continúa.
Hay preocupación en el mundo de las pymes hace rato y hoy sufrieron un fuerte revés. En medio de saqueos, destrozos e intermitencia en su funcionamiento, se disparó el plazo en el que sus clientes les están pagando las facturas.
Según el último reporte del Ranking de Pagadores consignado por El Mercurio, en el cuarto trimestre del año pasado, el plazo de pago a proveedores pymes alcanzó los 67 días promedio, superando el plazo de 60 días establecido por la reciente Ley de Pago Oportuno.
El Ranking de Pagadores es elaborado de forma trimestral por la Bolsa de Productos y la Asociación de Emprendedores (Asech).
“Entendemos que, en una primera instancia, el estudio reflejó un incremento, ya que la ley permitía pagar a 60 días. Lo crítico es que hoy son miles las pymes afectadas y que no están en condiciones de ver disminuida, aún más, su caja, pues tienen sueldos que pagar y compromisos con otros proveedores», sostuvo la directora ejecutiva de la Asech, Soledad Ovando, al matutino.
Para el gerente general de la Bolsa de Productos, Christopher Bosler, el aumento está directamente relacionado con el estallido social y el desorden público. «La incertidumbre, problemas logísticos y de seguridad pública, sin duda, afectaron la liquidez de la empresas», señaló el ejecutivo, quien anticipa que en el corto plazo la ley no tendrá demasiado efecto dadas las circunstancias.
Cabe mencionar que la Ley de Pago Oportuno contempló un plazo máximo transitorio de 60 días, vigente en la actualidad. Dicho plazo se reduciría a 30 días a contar del 2021. Sin embargo, en medio del estallido, el Gobierno adelantó esta fecha, y a contar de los primeros días de abril de este año, el pago a proveedores deberá ser como máximo en 30 días.
Además, la legislación considera sanciones económicas para las empresas que superen el límite máximo que se establece por ley. En ese sentido, quien esté en incumplimiento del plazo deberá pagar una comisión fija equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado.
