MERCADOS
El debate en el Congreso por las subastas pesqueras
El Congreso discute si la mitad de las cuotas de pesca industrial debe asignarse por licitación. Economistas como Paul Milgrom y Andrés Gómez-Lobo respaldan este mecanismo, citando experiencias internacionales y antecedentes de corrupción y colusión en Chile.
El Congreso discute la posibilidad de que el 50% de las cuotas de pesca industrial sea asignado mediante licitaciones y el resto por criterios históricos. La discusión se da tras los cuestionamientos a la Ley de Pesca de 2012 y la reciente colusión en la compra de centolla.
El tema divide aguas. Para algunos, las licitaciones son una amenaza al empleo y al valor de las empresas incumbentes. Para otros, representan la oportunidad de terminar con décadas de privilegios y abrir un espacio real de competencia en un sector altamente concentrado.
En 2021, el Premio Nobel de Economía Paul Milgrom expuso en el Senado que un diseño adecuado de subastas permite “capturar una parte significativa del valor de los recursos públicos para los ciudadanos, promover la competencia y evitar la concentración de mercado”. Países como Nueva Zelanda y el estado de Washington en EE.UU. han aplicado este mecanismo con resultados positivos en eficiencia, transparencia y recaudación.
En Chile, quienes hoy se oponen a las licitaciones suelen invocar a Milton Friedman como emblema del libre mercado. Pero el propio Friedman advertía: “A los empresarios no les gusta la competencia; su tendencia natural es a la colusión”.
La Ley de Pesca de 2012 entregó el 85% de las cuotas a empresas incumbentes y solo un 15% a licitaciones. Posteriormente, la justicia acreditó casos de corrupción en la tramitación de dicha ley. Además, se sumó la reciente colusión en la compra de centolla a pescadores artesanales por parte de industriales.
El exministro y académico de la Universidad de Chile, Andrés Gómez-Lobo, ha señalado que “no hay ningún motivo para no licitar el 100% de las cuotas industriales”, argumentando que las rentas provienen del Estado al limitar el acceso a las pesquerías. A su juicio, licitar permitiría que las cuotas lleguen a quienes las valoran más, reducir las posibilidades de colusión, facilitar la entrada de nuevos actores y generar recursos para políticas públicas.
A nivel internacional, Noruega combina cuotas transferibles con regulaciones estrictas para equilibrar eficiencia y sustentabilidad; Omán aplica subastas digitales que incrementan la transparencia; y Nueva Zelanda consolidó un sistema de licitaciones que es considerado un modelo de referencia.
En este contexto, la Cámara de Diputados deberá resolver si mantiene el criterio histórico en parte de las cuotas o si amplía el uso de subastas en la asignación de este recurso pesquero.
