Fue un año de casos emblemáticos: el enfrentamiento de Codelco y Anglo American prometía ser uno de esos litigios para la historia; Enersis revivió con crudeza la discusión sobre el rol de los directores en una sociedad anónima abierta; el rechazo a la Central Castilla sentó un precedente porque nunca la Corte Suprema se había pronunciado sobre el fondo de un proyecto en materia medioambiental. También hubo millonarias compras de supermercados y bancos dentro y fuera de Chile.
Detrás de cada uno estuvieron los estudios de abogados, ya sea porque las empresas son parte de su cartera de clientes o porque los contrataron para asesorarlas en esos casos puntuales.
Claro y Cía fue el brazo armado de Anglo American, que vendió un cuarto de la ex Disputada de Las Condes a Mitsubishi después de que Codelco anunciara que ejercería su opción de compra sobre ese paquete. El contrato redactado en 1978 abría esta posibilidad cada tres años, pero, de acuerdo a la minera británica, el contrato no le prohibía vender a un tercero esas acciones antes de que la estatal hiciera pública su intención de comprar. Codelco no lo vio así y contraatacó con Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo. Los abogados José María y Cristóbal Eyzaguirre por la primera, y Pedro Pablo Gutiérrez por la segunda, se enfrascaron en demandas que amenazaban con extenderse por tres a cinco años.
En ese escenario de guerra las partes se allanaron a un acuerdo: Codelco logró hacerse de un 24,5 % a la mitad del precio que establecía la fórmula del contrato y recibió dos yacimientos de muy buena ley avaluados en US$ 400 millones. Todo esto sin desembolsar un peso, ya que Mitsui que acompañó a la chilena en la operación, financió el crédito que se pagará con los dividendos y utilidades del negocio. El estudio que negoció el arreglo comercial por Codelco fue Carey y Cía., su oficina de cabecera.
El rechazo a la construcción de Castilla marcó un precedente. Por primera vez la Corte Suprema falló sobre aspectos de fondo en temas medioambientales. Al ministro Sergio Muñoz, quien presidió la Tercera Sala, se lo sindica como el responsable por la influencia que ejerció en sus pares. El estudió y redactó el fallo que resolvió que la Central y el Puerto Castilla debieron ser evaluados en forma conjunta. Los otros ministros apoyaron su postura. Fue una derrota inesperada y que dolió a su dueño Eike Batista, el billonario brasileño; a los abogados y al empresariado. La primera de un proyecto de esa magnitud: US$ 5 mil millones.
Andrés Jana, socio del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, defendió a la Central Castilla, que ya había sido objetada por las Cortes de Apelaciones de Copiapó y Antofagasta por razones medioambientales. Pedro Pablo Gutiérrez, de Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo, al Puerto de Castilla, que venía con un dictamen favorable de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Jana también asesoró a Mitsui, el socio financista de Codelco, en la operación para adquirir la ex Disputada de Las Condes y en el posterior acuerdo comercial.
No todo fueron peleas. También hubo transacciones billonarias. Cuando Horst Paulmann despuntó con la mayor inversión de una firma chilena en el exterior —US$ 2.630 millones por Carrefour en Colombia— lo hizo de la mano de su estudio de cabecera Philippi, Irarrázaval, Pulido & Brunner y su socio Juan Francisco Gutiérrez como líder. Esta oficina representó también a BTG Pactual en la compra de Celfin; esta vez con Andrés Sanfuentes en la avanzada.
Claro y Cía. fue el brazo legal de LAN, con la que mantiene una relación histórica, en la compra de la brasileña TAM. Y José María Eyzaguirre Baeza, el rostro detrás de la operación, pasó a ser parte del directorio de la nueva Latam en septiembre.
Celfin fue asesorada por su oficina de siempre, Barros & Errázuriz, cuyo socio, José Tomás Errázuriz, es hermano de Jorge, el fundador de Celfin. Otro cliente que hizo noticia, aunque no para celebrar, fue Agrosuper —en cuyo directorio participa Fernando Barros— que no pudo contra la presión ciudadana y cerró por segunda vez su planta de cerdos en Freirina. En la pugna por la ex Disputada el estudio trabajó para Mitsubishi, la japonesa que compró el 24,5 % a Anglo American.
Otros dos grandes movimientos fueron las ventas del grupo Costanera, el mayor operador de rutas concesionadas en Chile (Costanera Norte, Vespucio Sur, Red Vial Litoral Central, Radial Nororiente y acceso al aeropuerto CAMB) al Fondo de Pensiones Canada Investment Board, y del 67 % de Indura (Hernán y Pablo Briones Goich) a la estadounidense Air Productos. Por la primera pagaron nada menos que US$ 1.125 millones y por la segunda US$ 887 millones. El común denominador legal fue Carey y Cía.
Este fue el mismo estudio que contrató Enersis para el aumento de capital más grande y polémico del último tiempo. La oficina de abogados concluyó que el directorio no debía pronunciarse sobre la operación, ya que era materia de la junta de accionistas, pero la Superintendencia de Valores dictaminó que era una transacción entre partes relacionadas y, por tanto, requería de un nuevo peritaje independiente para valorizar los activos a aportar en la transacción y de la opinión de cada director.
Cariola, Diez, Pérez Cotapos, asesor del controlador Endesa España, apoyó la misma tesis y así se la transmitió a su cliente que, en un primer momento, se mostró inflexible, pero terminó cediendo ante la presión de las AFP y el resultado de los peritajes.
En el juicio de mayor trascendencia para la soberanía chilena en el que Perú impugnó los límites marítimos, Alberto van Klaveren representó al Estado, coordinó al equipo de la defensa, abrió y cerró los alegatos concitando apoyo general por su relevante gestión. Dentro del grupo de abogados chilenos Enrique Barros, socio de Barros Letelier & González y presidente del Colegio de Abogados, fue llamado a aportar su experiencia como litigante y árbitro.
